- Aguascalientes está cursando un proceso de agudización de conductas delictivas
- Encontrar un mecanismo para contrarrestar la representación social que atribuye a los organismos de Derechos Humanos connivencia con los delincuentes, asignatura pendiente
Por Jesús Eduardo Martín Jáuregui
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 2014-2018
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, por conducto de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos:
Dice un proverbio zen: “terminado el trabajo retírate en silencio”. Me gustaría hacerlo así pero hay dos razones poderosas por las que no se puede aplicar, una de carácter formal ya que se está obligado a rendir un informe anual ante el honorable Congreso del Estado, la otra de carácter emotivo, por la necesidad vital de agradecer.
Al concluir un ciclo de trabajo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos es necesario realizar un balance final de actividad, es fácil dar cuenta de que los propósitos siempre superaron a las realizaciones, de que muchos proyectos quedaron truncos y de que el día a día, ocupó los tiempos atendiéndose lo cotidiano y lo urgente, que quizá desplazó otras realizaciones importantes. Los números son claros y no dejan lugar a duda, se hizo más con menos. Con un 20% menos de personal se atendieron más casos, se emprendieron más acciones, se dictaron más recomendaciones, incluso de carácter general, se tuvo una mayor presencia y penetración y, sin embargo, en resumidas cuentas el balance no es satisfactorio. No lo es, ni podría serlo, mientras siga presente en la vida social un amplio abanico de violaciones de derechos humanos, muchas de las cuales no se perciben como tales.
Medir los impactos en los medios de comunicación nos da un indicador de la actividad de la Comisión, pero no nos refleja si realmente la sociedad los registra adecuadamente y reacciona positivamente. En la actualidad la gente está sobre expuesta a un bombardeo de información, la mayor parte de ella indiscriminada y acrítica, a una velocidad tal que una persona media no logra ni siquiera atender y reaccionar a lo que recibe en su teléfono inteligente, los impactos se pierden en un mar de mensajes emitidos y recibidos con la misma fuerza, aun cuando intrínsecamente algunos tengan más importancia e interés que otros. En la granizada cuesta trabajo separar la paja del trigo, por una parte, y por otra los prejuicios, paradigmas, creencias y representaciones sociales operan, de suerte que mucha de la información es desechada sin analizar. No pocas veces el operador de derechos humanos se enfrentará con la incomprensión y el desinterés más allá de la tozudez, negligencia y falta de cooperación de las autoridades presuntas responsables.
Sin embargo, no todo ha sido arar en el mar. Hay un perceptible cambio en el tratamiento que se da a la Comisión, no sólo por parte de los medios de comunicación que han sido aliados permanentes de su tarea, sino por supuesto por la mayor parte de las autoridades, incluso las de carácter federal, que no obstante no ser de nuestra competencia, nos han brindado información oportuna y han aceptado la mediación particularmente en asuntos que involucran la atención médica a derechohabientes. Las autoridades responsables han sido receptivas a las recomendaciones que se han emitido, admitiéndose prácticamente la totalidad y las que no se han aceptado han sido, a manera de ver de esta Comisión, más por desconocimiento que por el ánimo de ser reacio al cumplimiento de los derechos humanos. Un caso particular de un elemento de un cuerpo policíaco lo ejemplifica claramente: la recomendación le amonesta y le exhorta a que apegue su comportamiento a lo previsto por la Constitución, respondiendo que no acepta la recomendación, ergo no cumplirá con la Constitución, lo que es inadmisible para cualquier servidor público.
En su informe correspondiente al año pasado el licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició con una frase lapidaria: “2016 no ha sido un buen año para los derechos humanos…” Seguramente 2017 ha sido peor en todos sentidos que 2016. Los datos indican que ha sido el año más violento de la historia reciente del país, que en buena parte ha sido resultado de políticas públicas en materia de seguridad, que lejos de haber disminuido los incidentes delictivos y violatorios de derechos humanos, los han multiplicado. A 11 años de la declaración de guerra del presidente Calderón contra la delincuencia organizada, un rápido recuento arroja que ha crecido con mucho el número de adictos, que la edad de iniciación en las adicciones ha disminuido, la detención o desaparición de algunas cabezas de la delincuencia organizada, han provocado, como una moderna Hidra de Lerna, que las cabezas se multiplican, sigan operando, y se vuelvan más complicadas de atacar, el número de muertos y de desaparecidos, una gran cantidad de ellos víctimas de desaparición forzada, resulta complejo de conocer y aún de calcular, porque muchos de esos hechos son clandestinos.
Más allá de la actividad del crimen organizado y de las insuficientes o inadecuadas políticas de su combate, dos hechos caracterizarán negativamente en cuanto derechos humanos a 2017. El asesinato proditorio del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho marca un lamentable hito negativo atribuible a nuestro país. Es el primer defensor público de Derechos Humanos de que se tenga noticia, en haber fallecido por un atentado criminal imputable a su función de defensoría. El crimen por sí mismo no sólo es reprobable sino que marca el grado de descomposición y corrupción a que han llegado la delincuencia organizada y las entidades encargadas de su combate, y ha puesto de relevancia la tibia respuesta por parte de la autoridad y la poca resonancia en la ciudadanía de un evento que prende luces de alerta máxima para los defensores de Derechos Humanos.
El otro hecho lamentabilísimo es la aprobación por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la Ley de Seguridad Interior, contra las opiniones expresadas de los organismos nacionales de Derechos Humanos, de los internacionales a los que se encuentra afiliado nuestro país, las organizaciones de la sociedad civil defensores de derechos fundamentales y otros muchos organismos que consideran un retroceso la aprobación de una ley que legitime la permanencia del ejército en las calles realizando funciones policíacas. El ejército había venido insistiendo en la necesidad de contar con un marco normativo para sus tareas en auxilio de los cuerpos policíacos, esta circunstancia que por su naturaleza debiera ser de temporalidad breve y sólo en tanto que las policías capacitaran personal y se pertrecharan para combatir las nuevas amenazas que implican la delincuencia organizada. Dar un marco de legitimidad a un órgano cuya función específica es la seguridad nacional mas no la interna, habida cuenta de que tiene su propio marco normativo y su propio sistema de justicia interno, es dotarlo de capacidades de acción que no están sujetas a las limitaciones que en defensa de los Derechos Humanos se han establecido tanto en la constitución como en leyes secundarias. Al tiempo de escribir estas líneas aún no ha pasado al Senado para su discusión la Ley de Seguridad Interior, se tiene la esperanza de que las voces disidentes pero sobre todo el peso moral de ellas, haga reflexionar a la Cámara revisora para que no avale este mecanismo de violación de derechos fundamentales, en un país en el que lo que menos necesita es expedir patentes de corso contra los ciudadanos, así se trate de delincuentes.
Aguascalientes está cursando un proceso de agudización de conductas delictivas, la mayoría de ellas de poca monta, robos, hurtos, asaltos, etcétera, perpetrados la más de las veces por adictos que tienen necesidad de conseguir el dinero para satisfacer su vicio. Necesidad real que de no ser cubierta provoca el síndrome de abstinencia. La respuesta violenta de la policía, documentada por esta Comisión fue la de realizar conductas de “castigo ejemplar”, “disuasivo” y “trascendental”, provocando lesiones que dejan secuelas permanentes en personas con antecedentes penales de robo y adicciones, que previamente habían sido detenidas en las instalaciones del C4. Esta conducta salvaje, que configura por supuesto “tortura” y que por lo mismo la carga de la prueba correspondía a la autoridad, aunada a la represión ejercida sin mediar provocación en contra de normalistas de la normal rural Justo Sierra de Tiripetío Michoacán, requirieron la acción enérgica de esta Comisión, que se apoyó en la unidad de documentación de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la finalidad, primero, de que no se siguieran dando esos hechos, segundo de evitar su repetición y tercero de obtener el castigo de los responsables. Por lo que toca a los dos primeros la respuesta del ayuntamiento de Aguascalientes cesando a los jefes de la corporación de policía, nos permite considerar que se ha cumplido, en cuanto al tercero por tratarse de delitos graves la Fiscalía General del Estado habrá de determinar la consignación en su caso.
No escapa a la consideración de este organismo, que las adicciones son causa y ocasión para la delincuencia, ya sea que lo hagan de motu proprio o bien al servicio de grupos de delincuencia organizada, pero también es un hecho incontrovertible, que carecemos en el país de políticas públicas efectivas para atender el grave problema de las adicciones. La opción gubernativa ha sido considerarlo como un problema de seguridad nacional, cuando en su origen es un problema de salud pública. Combatir las capas protectoras sin llegar al núcleo de la cuestión, será perpetuarlo. Su combate militar en 10 años ni lo ha disminuido, ni lo ha debilitado, ni muestra signos de que pueda llevar a cabo un combate eficiente hasta su exterminio. Es necesario cambiar el paradigma y atender las causas de este tipo de delincuencia que se originan en su adicción a sustancias.
Alguna vez ya escribí que la gratitud es la memoria del corazón, de manera que quiero dejar constancia que el trabajo que se llevó a cabo en los últimos cuatro años, fue darle continuidad a un esfuerzo que surgió en 1988 con la Procuraduría de Defensa de los Derechos del Ciudadano, que, quién más, quién menos, sus presidentes mantuvieron vivo un mandato de servicio a partir del respeto a los derechos fundamentales. Entendido que las instituciones permanecen y que el culto a la personalidad no es compatible con el servicio público determiné descolgar los retratos de los antecesores, sustituyéndolos por las banderas de la república, de la Federación Mexicana de Organismos Protectores de Derechos Humanos y la propia de nuestra Comisión.
El equipo de trabajo que finalmente quedó constituido dio repetidas muestras de solidaridad y cohesión, compartiendo los propósitos, habida cuenta de que el estilo personal de quien está al frente imprime un sello al trabajo, que puede no ser compartido en la forma, pero que en el fondo y en el fin último de promover y proteger los Derechos Humanos, fue asumido sin cortapisas, con valentía y decisión, por quienes se encuentran en la primera fila, que son a fin de cuentas los que atienden a los solicitantes, quejosos o no, de un servicio y quienes también dan la cara frente a las autoridades presuntamente responsables, que no siempre ven de buen grado la intervención de una instancia que les recuerda que su comportamiento debe apegarse a los DH y los constriñe a hacerlo.
El reforzamiento de las áreas de trabajo social y de psicología, permitieron tener personal preparado para una primera atención a los quejosos y brindarles no solamente cuidado profesionalizado, sino orientación, asesoría, contención y acompañamiento cuando así lo requiriesen. El dotar de áreas que permitiesen la atención discreta y la erección de una sala para procedimientos orales que pudiese utilizarse para conciliación dejando testimonio cuando así lo aceptasen, ha permitido brindar una atención más personalizada y amable. Los resultados favorables constan en la encuesta de satisfacción que se levanta por cada persona atendida que es favorable en más de un 95 %.
Ahora la Comisión cuenta con un salón de usos múltiples el “Suum cuique” (a cada quien lo suyo), equipado con equipo multimedia y aire acondicionado para poco más de cincuenta personas, un salón de procedimientos orales “Hablando se entiende…” con equipo multimedia y cómputo, una sala de juntas también perfectamente equipada, equipo de cómputo renovado y tres nuevos vehículos que permiten dar mayor diligencia y seguridad a las actuaciones de su personal. Se adecuó también un área propia para biblioteca con libreros de madera que garantizan por algunos años espacio para mantener ordenado y accesible el acervo bibliográfico que se tiene y el que habrá de adquirirse.
Se ha continuado con el programa de capacitación para la superación de nuestra gente, con una oferta variada de temas que inciden todos en el crecimiento personal, habida cuenta de las reuniones de mejoramiento en que nuestros servidores públicos intervienen de manera rotatoria, de suerte que todos tienen que participar porque todos tienen mucho que aportar. Además, se ha instaurado un recreo a media jornada para estiramientos, meditación y ejercicios, dirigidos por el área de psicología.
Sin el concurso del personal de esta Comisión no hubiera sido posible nada de lo consignado en este recuento. La Secretaría General atemperó y moduló los exabruptos de la presidencia y coordinó los esfuerzos de las diferentes áreas con corrección y atingencia. Administración y Contraloría se esforzaron para tener un ejercicio sano del presupuesto, logrando ahorros en áreas no prioritarias tales como gastos de representación o de publicidad, lo que ha permitido que con lo ahorrado se hayan hecho adecuaciones a las instalaciones, mejoras al equipamiento, adquisición de vehículos y reposición de equipo de cómputo, que, dadas las políticas de austeridad del gasto público, de otro modo no hubiese sido posible lograr.
Reconocimiento especial merecen los organismos de la sociedad civil sin cuya cooperación, pero fundamentalmente sin cuya confianza, no hubiera sido posible expandir la tarea de la defensa de los derechos fundamentales. Ellos que trabajan entusiasta y desinteresadamente han sido pilares fundamentales en la lucha por los DH. El apoyo institucional a sus tareas pasó por un filtro que nos permitiese dar seguimiento y comprobación a los fondos que provienen del erario público, por lo que ameritan la más escrupulosa asignación y el más conspicuo seguimiento.
La Comisión ha instituido en los años recientes cuatro programas que por su naturaleza permiten reconocer, apoyar, promover y difundir el trabajo en Derechos Humanos en diversas áreas y tener un panorama internacional de la percepción de un área específica, confiamos en que las autoridades siguientes habrán de continuar el esfuerzo por institucionalizar estos instrumentos y encuentren nuevas formas de promoción y difusión. Los programas que se han impulsado son:
1) El reconocimiento “Galardón Pro Homine” que se otorga una vez al año a la persona física o virtual que se haya distinguido por su trabajo en DH que haya incidido en el estado.
2) El programa “Dolores Jiménez y Muro” que honrando a la revolucionaria aguascalentense, consiste en apoyar a programas de DH de organizaciones o individuos, que sean mensurables y verificables, y que puedan realizarse en un año de ejercicio. Esto constriñe a la Comisión y a los apoyados a dar transparencia a los recursos que provienen del erario.
3) El certamen internacional de caricatura “Antonio Arias Bernal, El Brigadier” que se ha consolidado con la participación de caricaturistas del mundo entero, que enriquecen la visión de los DH y dotan, con una aportación mínima, de un acervo amplio e importante, de obra gráfica alusiva a nuestra tarea.
4) La revista monográfica La voz que clama con ediciones coleccionables dedicadas a un tema en particular, dando una visión actual y general del tópico.
La tarea dista mucho de estar completa ni siquiera suficientemente encauzada. Es necesario trabajar arduamente en una relación respetuosa con las autoridades, particularmente con las policíacas que ven en los organismos defensores de derechos humanos, ya sea de la sociedad civil u oficiales, obstáculos para cumplir sus tareas de combatir las faltas o los delitos, sin parar mientes en que lejos de antagonistas, somos coadyuvantes para lograr un combate efectivo a las conductas sociales que, indispensablemente, tiene que transcurrir por los cauces constitucionales y convencionales, so pena de incurrir en autoritarismo, violencia, despotismo y prepotencia, que, más tarde o más temprano, será sancionado por la autoridad jurisdiccional.
Una asignatura pendiente es la de encontrar un mecanismo para contrarrestar la representación social que atribuye a los organismos de DH, connivencia con los delincuentes y conductas que les defienden e impiden su sanción. Esas representaciones son constructos que se arraigan en una comunidad. En palabras de su consolidador, Moscovici: “…las representaciones sociales no son sólo productos mentales sino que son construcciones simbólicas que se crean y recrean en el curso de las interacciones sociales; no tienen un carácter estático ni determinan inexorablemente las representaciones individuales. Son definidas como maneras específicas de entender y comunicar la realidad e influyen a la vez que son determinadas por las personas a través de sus interacciones. Equivalen, en sociedad, a los mitos y sistemas de creencias de las sociedades tradicionales…”.
Queda mucho por hacer, pero poco tiempo para esta administración. Apenas el necesario para ratificar el compromiso de todo su personal con una tarea gratificante, aunque no siempre bien comprendida, que en sí misma lleva su recompensa, y el suficiente para decir ¡Gracias!
