- La Suprema Corte de Justicia de la Nación será la responsable para tomar una resolución definitiva sobre la Ley, señaló el presidente
- El colectivo Seguridad Sin Guerra calificó la decisión como “una simulación más en este penoso proceso”
Al anunciar la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, Enrique Peña Nieto indicó que será responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el análisis y resolución definitiva sobre esta ley.
El presidente indicó que durante la discusión y aprobación de esta Ley en el Congreso de la Unión, organizaciones de la sociedad civil, colectivos de derechos humanos y académicos expresaron que el contenido de la Ley es inconstitucional, sin embargo, “corresponde únicamente a nuestro máximo Tribunal decidir cuándo una norma se apega a la Constitución y a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos. De acuerdo con nuestro marco jurídico, la Suprema Corte sólo puede pronunciarse sobre una Ley una vez que ésta ha sido promulgada”.
La Ley de Seguridad Interior fue publicada la tarde de ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF): https://goo.gl/dQ8U1t
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El colectivo Seguridad Sin Guerra calificó la decisión de Peña Nieto como “una simulación más en este penoso proceso”, a través de un comunicado, el colectivo que agrupa más de 250 organizaciones de la sociedad civil, indicó que el presidente ha cerrado “un lamentable ciclo de imposición, opacidad, simulación y alejamiento con la sociedad civil, desdeñando el diálogo que él mismo solicitó” y agregó que es un día muy triste para la Nación por el desprecio que el gobierno muestra hacia la Constitución.
Además de las advertencias sobre elementos de opacidad que en la Ley de Seguridad Interior permiten el uso discrecional y permanente de las fuerzas armadas para realizar acciones que pueden lesionar derechos humanos sin necesidad de declaratoria alguna, Seguridad Sin Guerra reiteró que buscará “apoyar e impulsar todas las acciones legales encaminadas a revertir este golpe de un Gobierno, su partido y sus aliados que cada día se alejan más de la construcción de un modelo de seguridad ciudadana, que resuelva los problemas de fondo y detenga el horror de 11 años de guerra”.
Peña Nieto destacó que la Ley deja claro “que en ningún momento se exime a las autoridades locales del cumplimiento de sus responsabilidades. Además, las obliga a llevar a cabo un programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales, que permita finalizar con el apoyo subsidiario de las autoridades Federales”, en la 43 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, evento realizado en el salón Tesorería del Palacio Nacional.
El presidente señaló también que esta Ley “permite tomar consciencia sobre la urgencia de que las autoridades estatales y municipales fortalezcan sus capacidades institucionales para proteger a la población ante la amenaza de la criminalidad”, y recordó la falta de definición de las autoridades sobre “si debemos seguir con más de mil 800 policías municipales o construir, como propuse al Congreso de la Unión hace más de tres años, 32 policías estatales profesionales, confiables y eficaces”.
Además, hizo un llamado “a la gobernadora, gobernadores y al jefe de Gobierno de la Ciudad de México para seguir fortaleciendo las capacidades institucionales en el combate a la delincuencia” para que se logren “policías locales bien capacitadas y equipadas, sólidas y eficaces, que garanticen la seguridad de la población”, ya que a pesar de los esfuerzos realizados, la ausencia de corporaciones sólidas, confiables y eficaces, que alrededor de 600 municipios no cuenten con una fuerza policial propia, es una debilidad institucional que “ha sido aprovechada por organizaciones criminales para incrementar su actividad delictiva en algunas zonas, y en ocasiones para intentar tomar el control de esos territorios”; con esa amenaza, Peña Nieto justificó que desde hace más de una década el Estado ha empleado a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública: “El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México han acudido en apoyo de las entidades federativas por necesidad, han salido a las calles porque las fuerzas policiales locales habían sido rebasadas por el fenómeno delictivo. Su despliegue en distintas entidades no pretende suplir, sino complementar las capacidades de los cuerpos de seguridad civiles locales”.
El presidente subrayó que “en todos los casos, su actuación se deriva de la solicitud de los gobiernos estatales. Hubiera sido irresponsable dejar a su suerte a la población civil ante el embate de la criminalidad. Los soldados, pilotos, marinos y policías federales que han acudido en apoyo de las entidades que así lo han requerido, se han ganado merecidamente el reconocimiento, el respeto y el agradecimiento de la población que han auxiliado”.
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Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, informó que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, sumará a la Política Nacional de Seguridad un conjunto de propuestas, entre ellas la adopción de un conjunto de medidas para prevenir y atender la violencia generada por el uso de armas de fuego, en coordinación con las autoridades locales y sociedad civil; “un paquete de medidas para la prevención y combate a la violencia de género. Un acuerdo para que se investiguen los homicidios dolosos de mujeres bajo protocolos de feminicidios, lo que contribuirá a garantizar una justicia más eficaz en este tipo de delitos, y un acuerdo para que los 38 Centros de Justicia para las Mujeres que operan actualmente en 26 entidades, certifiquen la calidad de sus servicios y protocolos de atención a la mujer que ha sido maltratada o violentada”; y la creación de un programa para la consolidación del Servicio Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 911.
Orlando Camacho Nacenta, invitado permanente de la sociedad civil al Consejo Nacional de Seguridad Pública, exhortó a continuar “fortaleciendo y dignificando a nuestras Fuerzas Armadas, dotándolas de instrumentos jurídicos, como lo ha hecho la Ley de Seguridad Interior, y demos puntual seguimiento, asegurando que se cumplan las condiciones para que las fuerzas civiles tomen el control de la seguridad en las entidades federativas”, y agregó que una de las tareas pendientes de los gobernadores es promover, sin dilación alguna, las acciones necesarias para proveer a sus estados de cuerpos policiales eficaces y eficientes que ofrezcan seguridad, tranquilidad y paz a sus gobernados”.
Mario Arroyo Juárez, invitado permanente de la sociedad civil al Consejo, indicó que era fundamental “apoyar la Ley de Seguridad Interior, con contrapesos, con regulación democrática. Será cada uno de los actores responsables de su promulgación, elevar una controversia constitucional, o una definición judicial, que cada quien asuma su responsabilidad, lo que no podemos regatear, es que son mecanismos que nos hemos dado mediante un sistema democrático que debemos fortalecer y defender”.
En la 43 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la cual fue moderada por Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, participaron también el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa; los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, y de Puebla, José Antonio Gali Fayad.
Además, durante la 43 Sesión, el Consejo Nacional de Seguridad Pública se aprobaron los siguientes acuerdos:
Implementar acciones para prevenir y atender la violencia generada por el uso de armas, en coordinación con las autoridades competentes de los tres órdenes de Gobierno y la sociedad civil, conforme a las siguientes líneas de acción:
- Fortalecer las medidas de seguridad y resguardo de armas de fuego, en depósitos de armas a cargo de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y los municipios, establecidas en las licencias oficiales colectivas y la normatividad aplicable.
- Fortalecer la campaña de canje de armas de fuego, en coordinación con las autoridades competentes y mediante la asignación de recursos propios de las entidades federativas y municipios, de recursos federales y de los recursos que se asignen a instituciones de la sociedad civil.
- Impulsar, en coordinación con las instancias competentes, los acuerdos, los compromisos y los instrumentos internacionales en materia de prevención de tráfico de armas de fuego.
- Difundir, verificar y realizar operativos para supervisar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, que regula las armas, réplica y los juguetes bélicos.
- Realizar campañas educativas que induzcan a reducir la posesión, portación y el uso de armas de fuego de cualquier tipo.
- Establecer lineamientos para un mejor análisis y explotación de la información criminalística de las bases de datos que permiten registrar proyectiles, casquillos y armas de fuego.
- Exhortar respetuosamente a la Cámara de Diputados para que analice y resuelva la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos relacionada con el endurecimiento de las penas, que ya fue aprobada por el Senado de la República.
Se acordó que la Procuraduría General de la República y las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia de las 32 entidades federativas inicien la investigación de toda muerte violenta de mujeres de carácter doloso bajo protocolos de feminicidio.
Se acordó que los Centros de Justicia para las Mujeres de las entidades federativas deberán certificarse o recertificarse cada dos años. Esto, con base en los 48 indicadores del Sistema de Integridad institucional y de acuerdo a la convocatoria que anualmente emita la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar las Violencia contra las Mujeres, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo.
Se aprobó el Programa para la Consolidación del Servicio Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 911, que deberán cumplir las autoridades responsables del servicio en las entidades federativas y los municipios bajo las siguientes líneas de acción.
Se acordó que las instancias competentes de los tres órdenes de Gobierno establezcan los mecanismos de coordinación necesarios para implementar las acciones que establece la ley en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Se instruyó a la Secretaría de Gobernación para que, por conducto de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las autoridades competentes, elabore el Modelo Nacional de Justicia Terapéutica para su implementación en las etapas de procedimiento y ejecución penal, tanto en la Federación, como en las entidades federativas, por conducto de sus procuradurías o fiscalías, con el propósito de prevenir el consumo de sustancias sicoactivas como un factor que incrementa la probabilidad de que las personas desarrollen conductas violentas o delictivas.
Con motivo de la autonomía adquirida por las fiscalías generales de justicia de diversas entidades federativas, el Consejo Nacional de Seguridad Pública exhortó a éstas a establecer convenios o acuerdos de coordinación en el marco de sus consejos estatales u homólogos, para definir metas conforme a los ejes estratégicos y programas con prioridad nacional, aprobados por este Consejo Nacional de Seguridad Pública con el propósito de concertar de común acuerdo los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y la Ciudad de México.
Se aprobó el establecimiento de la norma técnica de los Centros de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, y se instruyó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a elaborar lineamientos para su implementación, a realizar las gestiones necesarias para que se convierta en una norma oficial mexicana y a diseñar el modelo y marco institucional para que los centros lleven a cabo la certificación de su cumplimiento con base en los criterios y plazos que para tal efecto establezca el Secretariado Ejecutivo.
Se aprobó que la Procuraduría General de la República, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, elabore un proyecto nacional de investigación en el Sistema de Justicia Penal, que incluya las fases de investigación inicial y complementaria, contenido de la carpeta de investigación y registro de la misma, para efectos de la medición de la incidencia delictiva.
Se aprobó el Modelo Nacional de Evaluación de Control de Confianza presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y se le instruyó para implementarlo en 2018.
Se aprobó la conformación de cinco Consejos Académicos Regionales, conforme a los lineamientos que para tal efecto emita el Secretariado Ejecutivo.
Se instruyó, finalmente, a la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad para que, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo, la Procuraduría General de la República y las autoridades competentes de las entidades federativas y municipios, elaboren Protocolo Nacional de Uso Legítimo de la Fuerza.
