- En materia electoral no hace falta un tipo penal para juzgar delitos con perspectiva de género
- Prevalece la inequidad, incluso en la designación de recursos públicos, mujeres perciben menos, al igual que los candidatos independientes
Es fundamental que en la erradicación de la violencia contra las mujeres, se trabaje desde todos los frentes; cada quien desde su trinchera pueda abonar a que se frene el acoso, la agresión y la desigualdad de que son víctimas; en materia electoral son muchos los casos que en este sentido se suscitan, sin embargo, en su mayoría no son denunciados por temor a represalias o porque son amedrentadas para que retiren los cargos.
Daniela Arellano Perdomo, integrante de la dirección general jurídica de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, destacó que es hasta últimas fechas, que en el combate a esta problemática, se establecieron enlaces para trabajar de la mano con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con el Instituto Nacional Electoral.
Sin embargo, es la Fepade la que se encarga de construir las rutas críticas y las vías para abordar la violencia política; coadyuva con las instituciones electorales para proteger a las mujeres de este tipo de prácticas, a fin de que se erradiquen como una forma que cada día se ve más común y normal. Por violencia política de género se han presentado ante esta instancia 92 casos en 2015, 60 en 2016 y 28 casos en lo que va de 2017.
La funcionaria federal lamentó la falta de una legislación federal aplicable en materia de delitos electorales y un tipo penal al respecto, reconocido por la Ley General; explicó que la mayoría de los asuntos atendidos en la fiscalía por violencia política de género han sido abordados por diferentes vías, en el entendido de que se refiere a cualquier tipo de actos, omisiones y la tolerancia que se tienen en acciones que menoscaben, anulen o vulneren los derechos político electorales de las mujeres, ya sean inherentes a un cargo público, o que se tengan expectativa de detener un derecho político electoral.
La subdirectora de la dependencia precisó que los casos de violencia política se han abordado en dos vertientes, cuando los hechos se dirigen a las mujeres simplemente por su género, o porque tienen un impacto desproporcionado o diferenciado ante éstas; explicó que en la Fiscalía se han tratado de contextualizar las acciones de violencia política, pero hay dos conductas que sobresalen, que es la obstaculización de las funciones electorales e intimidación; en éstas, los agentes del Ministerio Público han encuadrado las acciones de violencia, por casos como el que se impide el desempeño de una mujer en un cargo o función electoral, así como cuando son agredidas o coaccionadas por partidos políticos o cualquier sujeto.
Enfatizó que en el protocolo para atender la violencia política se establece que se debe basar en elementos de género, ya sea en estereotipos y por el simple hecho de ser mujeres; “tienen que ser hechos que sí resalten que se está perjudicando a una mujer”.
Además de que se vulnera la esfera política de la víctima, podría tener implicaciones del tipo sicológico, físico, patrimonial, económico, entre otras que las leyes permiten proteger y que las instituciones han podido defender con una legislación expresa.
Cualquier persona puede ser responsable de estas acciones, sin embargo, quienes principalmente la ejercen son partidos políticos, candidatos, precandidatos, incluso autoridades, servidores públicos, observadores electorales, periodistas, ministros de culto y quien trate de atentar contra los derechos políticos de la mujer.
Arellano Perdomo recalcó que ha prevalecido la inequidad en la distribución de los recursos para campañas, ya sea para candidatas o candidatos independientes, lo mismo que para las mujeres que se postulan por cualquier vía. Sufren de ataques, acoso, violencia física, sexual, asesinatos, como el caso de la exalcaldesa de Temixco, Morelos, la perredista Gisela Mota Ocampo quien fue ultimada al primer día de tomar el cargo, entre otros casos lamentables suscitados en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, donde las mujeres son agredidas y amenazadas.
Subrayó que es preocupante que este tipo de hechos no se denuncien, ya que al no tener la calidad de víctimas, las mujeres no pueden acceder a ningún tipo de protección de las instituciones, ayuda u orientación en sus derechos político-electorales; no lo hacen por muchos contextos que han sufrido, en la mayoría de los casos no saben que lo que están pasando es violencia política de género, “la violencia está generalizada, es normalizada y aceptada por muchas de las mujeres; en el caso de las indígenas es su tradición y no distinguen si es violencia o si son los requisitos para asumir el cargo”.
La experta en materia enfatizó que las mujeres tienen miedo a las amenazas, represalias y acoso; en varios casos se ha detectado que al momento de denunciar, no hay mejoría en esta situación o alguna consecuencia favorable, por el contrario, es peor para la víctima. “Siguen sufriendo más acoso, más amenazas para que quiten la denuncia y no quede ningún indicio de que estuvieron violentadas”, detalló la representante nacional de la Fepade.
