- Este instrumento contribuirá a la mejor tutela de los derechos político-electorales de las mujeres y de la ciudadanía en el proceso electoral
- La violencia política frena el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y limita la capacidad de elección de la ciudadanía
La magistrada presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, señaló que se requiere impulsar tres acciones que permitan dotar de contenido los principios de centralidad de las víctimas y debida diligencia, así como construir desde el ámbito electoral el concepto de víctima que proyecte su autonomía y empoderamiento.
Al participar en la presentación de la edición 2017 del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, la magistrada Otálora Malassis mencionó que dichas acciones son, en primer lugar, detectar los casos de violencia política, a fin de distinguir cuándo se trata de un asunto de violencia basado en género y cuándo no, partiendo del hecho de que lo fundamental es no dejar ningún caso en la impunidad. “Debemos ser responsables y no caer en dinámicas que banalicen el contenido y la gravedad de la violencia política por razones de género”.
En segundo lugar, continuó la magistrada presidente del TEPJF, cuando se detecte la existencia de violencia política por razones de género, se debe estudiar la pertinencia de solicitar órdenes de protección, aún y cuando la víctima no las haya requerido inicialmente, esto a fin de materializar los principios de debida diligencia y centralidad de las víctimas.
En tercer lugar, añadió, se debe calibrar el poder transformador de las sentencias, esto es que los juzgadores se hagan cargo de que, en cierta medida, sus sentencias no sólo resuelven el caso concreto, sino que generan precedentes que tengan el poder de transformar las condiciones que generan la violencia.
“Desde mi perspectiva, estas tres acciones dotan de contenido los principios de centralidad de las víctimas y debida diligencia. Además, permiten que, desde el ámbito electoral construyamos un concepto de víctima que proyecte su autonomía y empoderamiento, desde una perspectiva respetuosa de su dignidad y libre de estereotipos de cómo deben ser tratadas y cómo deben comportarse las personas que ven violentados sus derechos político-electorales”, sostuvo.
Otálora Malassis señaló que no se debe olvidar que la experiencia de las víctimas de violencia política de género va más allá de lo que puede plasmar el lenguaje jurídico, “sin embargo, nuestras sentencias pueden empoderarlas y repararles el daño, estableciendo, además, garantías de no repetición para futuros casos”.
Destacó que el próximo proceso electoral pondrá a prueba la eficacia de la infraestructura electoral y de todas las instituciones que deben garantizar la integridad de los comicios, y uno de los principales temas para evaluar tal eficacia e integridad, será el de la violencia política por razones de género: “Además, en este proceso habremos de definir cuestiones que aún siguen pendientes sobre el tema, habremos de dar respuestas que urgen a quienes enfrentan violencia en razón de género. Las autoridades jurisdiccionales nos abocaremos a nuestra labor, abiertas a la revisión y crítica de quienes acudan a nosotras, de la academia y de la sociedad en general”, subrayó la magistrada Otálora Malassis.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Luna Ramos, reconoció el trabajo de las instituciones que colaboraron en la actualización del Protocolo, ya que este instrumento contribuirá a la atención de los casos que lleguen a presentarse con miras al inicio próximo de las campañas y de las precampañas y, por supuesto, a la mejor tutela de los derechos político-electorales de las mujeres y de la ciudadanía a lo largo de todo el proceso electoral.
Manifestó que todas las autoridades están a la altura de los retos que traen consigo los comicios de 2018, ya que “contamos con instituciones electorales administrativas y jurisdiccionales de vanguardia que han abrevado de la experiencia de quienes han contribuido a lo largo de tres décadas a la sola construcción de nuestro sistema electoral, un INE serio, preparado y debidamente organizado; y un TEPJF sólido, firme, confiable. Ambas instituciones con la vista puesta en el 2018”.
Luna Ramos comentó que la tarea es ardua, los desafíos son muchos, pero los mexicanos pueden estar seguros que la salvaguarda de “nuestra democracia está en buenas manos y que la transición de los poderes en todos los niveles con la participación cívica y responsable de todos los actores políticos habrá de darse en condiciones de paz, legalidad y certeza, y dando un paso más hacia la consolidación de un México plural igualitario, un México de oportunidades”.
La magistrada de la Sala Superior del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso, al participar en el lanzamiento oficial del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género hizo un llamado a las mujeres precandidatas, candidatas y ya electas, o que están por integrar cargos en los partidos políticos, a apropiarse de este Protocolo, a denunciar situaciones de violencia política en razón de género, a poner a trabajar a las instituciones competentes para atenderla.
Luego de que la magistrada presidente, Otálora Malassis, reconociera y agradeciera su compromiso en todo el tema de la igualdad de género y por la coordinación para llevar a cabo la actualización del Protocolo, la magistrada Soto Fregoso advirtió que, “a más poder y más espacio ganado por las mujeres habrá más resistencia al cambio. Hoy ya se percibe un ambiente, un lenguaje y un uso de las redes sociales que difunden mensajes de misoginia, convocatorias abiertas a la exclusión femenina, linchamientos mediáticas y campañas de odio”.
Soto Fregoso señaló que, “no habrá presiones, amenazas, insultos, calumnias, o maniobras que detengan a las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales, en la aplicación de los mandatos paritarios y en la resolución jurisdiccional de los litigios”.
Para finalizar, Soto Fregoso, exhortó a “articular acciones, difundir, impulsar y a apropiarse de este Protocolo, para que cada vez sea más sencillo prevenir, identificar, investigar, atender y sancionar los casos de violencia política contra las mujeres en razón en género y con ello, garantizar una reparación integral a las víctimas y alcanzar su erradicación”.
A la presentación del Protocolo asistieron los magistrados de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña y José Luis Vargas Valdez, así como senadoras y diputadas federales; magistradas y magistrados electorales de las Salas Regionales del TEPJF, y tribunales electorales locales, entre otras y otros representantes de instituciones del Poder Ejecutivo y Judicial.
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, indicó que hace una década la paridad de género en las candidaturas era todavía un anhelo, un punto de llegada para la lucha de diversas organizaciones de la sociedad civil y de algunas instituciones y hoy la paridad en las candidaturas es un mandato constitucional que las autoridades electorales están obligadas y comprometidas a garantizar: “La paridad en las candidaturas ha sido, sin lugar a dudas, una herramienta no sólo para incorporar a más mujeres en cargos de representación, sino que ha servido para visibilizar su interés y talento para desarrollarse en la esfera pública”.
El consejero presidente sostuvo que, en concreto, la violencia política contra las mujeres en razón de género, impacta en el ejercicio de los derechos político-electorales al menos en cuatro formas: en primer lugar, impide a las mujeres ejercer libremente el voto; en segundo lugar, limita su vida política como simpatizantes o militantes de los partidos políticos; en tercer lugar, restringe su actuar como dirigentes de los partidos políticos, como funcionarias electorales, precandidatas o candidatas a cargo de elección popular y, finalmente, limita la autoridad de las mujeres en el desempeño del cargo público.
La presidente del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, señaló que la violencia política frena el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y limita la capacidad de elección de la ciudadanía y se constituye como un grave obstáculo discriminatorio y excluyente donde los prejuicios y estereotipos de género que se manifiestan, desafortunadamente persisten en el espacio público: “Ninguna persona debe violentar nuestros derechos, ni la participación política ni a la igualdad, ni al trabajo, la educación o la salud. Es momento de poner un alto a esta problemática y sumar esfuerzos para que, herramientas como el Protocolo que hoy se presenta, impulsen la urgente necesidad de unión estratégica entre instituciones para enfrentar la violencia política”.
Cruz Sánchez reiteró que urge el compromiso de todas las partes para poder avanzar en este gran pendiente y así poder garantizar el ejercicio de todos nuestros derechos, poniéndole un alto a cualquier acción que trate de menoscabarlos. El Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género se puede consultar y descargar en el portal institucional del TEPJF, en la liga: https://goo.gl/nUEtmP
Con información del TEPJF
