Deseo hacer eco de la excelente recensión realizada por el equipo editorial de este diario, acerca de los resultados de evaluación de Transparencia aplicados al Congreso del Estado de Aguascalientes que aparece publicada en La Jornada Aguascalientes, este jueves 9 de noviembre, y realizada por iniciativa del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) con la colaboración de Coparmex Aguascalientes, la CROM, la Barra de Abogados del estado de Aguascalientes y Podemos Cambiar Aguascalientes A.C. Quienes aplican como instrumento de medición su herramienta Cimtra Legislativo, la cual mide la transparencia que por mandato de ley y aquella que de manera proactiva los Congresos locales ofrecen a la ciudadanía, es decir, mide la información pública que de manera electrónica está presente en el portal de la legislatura y actualizada al menos al trimestre inmediato anterior de vigencia del momento en que se aplique la evaluación. Aplicación que ocurrió el 20 de octubre pasado. (Cfr.: Política. Opaco, el Congreso de Aguascalientes. By Staff | 09/11/2017).
El mérito de esta iniciativa ciudadana, portado por las organizaciones de la sociedad civil en cita, reside en su firme convicción de que el postulado de transparencia gubernamental, de gobernanza como prefieren algunos o de stewardship/conducción eficiente, productiva y responsable de la administración pública, sólo es posible de lograr mediante una medición de resultados, que sea metódica, sistemática, objetiva, imparcial y desde luego con aptitud científica profesional para que sea creíble y verosímil. Creo haber escuchado un criterio de los encuestadores que dice lo que no se mide, no cuenta.
Si usted desea ahondar un poco en este concepto, cito: “Valorar los resultados de una acción de comunicación es una medida esencial. Es la única forma de saber si vamos o no por el camino adecuado. Solo midiendo nuestro trabajo tendríamos un criterio claro con respecto a lo que realmente es eficaz. Podríamos confirmar si la estrategia elegida es o no la acertada. Hasta aquí todo parece muy razonable y simple. Los baches comienzan a notarse en cuanto nos planteamos ¿y cómo lo hacemos? Especialmente cuando tratamos de medir elementos intangibles como la reputación, la notoriedad, la confianza, la credibilidad o la propia marca. Hecho que se nos cruza casi todos los días ya que las campañas de comunicación están unidas a estos parámetros” (Ver:https://goo.gl/WrRqDK /).
O también, “¿De dónde surge esta afirmación “lo que no se puede medir, no se puede gestionar”? Su origen, hasta donde he podido rastrear, está en una cita de William Pepperell Montague, filósofo estadounidense (1873-1953) de la escuela “nueva realista”: “De acuerdo con la nueva física, lo que no se puede medir no existe físicamente”. (…) La imposibilidad de gestionar lo que no tiene medida parte de un razonamiento básico: Si queremos controlar algo, tenemos que medirlo. No hay otra opción. Para qué medir tenga sentido, debe hacerse con un propósito concreto. Por lo general, mejorar nuestros resultados. Para que la medición cumpla con su propósito, debe haber una comparación. Con una meta o marca objetivo, con un momento (cuándo ha de lograrse una mejora), o con otro (referente, modelo o testigo). No basta con registrar el logro o no de la meta; interesa el alcance de la mejora y el análisis de las desviaciones” (Ver: https://goo.gl/BTLgpZ ).
Refrendo, pues, el mérito de este ejercicio de transparencia, porque a los ciudadanos entendidos como un grupo total de interés, nos afecta o nos beneficia el nivel de desempeño de los poderes políticos o de Estado bajo los cuales estamos sujetos administrativamente; y sobre los cuales debiéramos ejercer nuestra hegemonía ciudadana, nuestro derecho de audiencia y nuestro derecho irrenunciable a la rendición de cuentas. Desentendernos de estos derechos, deberes y obligaciones constitucionales significa arrinconarnos pasivamente y sentarnos en el suelo, como lo evoca la imagen impotente aquella del “quinto acurrucado”, el pueblo sumiso aquel colonizado, de peón acasillado y prerrevolucionario. Contra tal icono destaca un colectivo como éste y como Nosotrxs.
Los resultados del estudio que comentamos están a disposición en la cita antedicha, de que comparte igual mérito el artículo acompañante, bajo firma de Adriana García Campos. (Política. Congreso reprueba en transparencia | 09/11/2017. Misma edición). De los que sólo me permito reproducir la tabla general: Calificación final 26.3%. Integración y estructura, 52.4%; desempeño legislativo, 39.7%; documentación legislativa 57.1%; Gastos, 16.7%; administración, 8.7%; control interno 0.0%; vinculación ciudadana, 17.4%; acceso a información pública, 18.8%. El criterio de evaluación consiste en medir: si los miembros del Congreso local cumplieran completamente con la ley, como sujetos obligados, deberían cumplir por lo menos con el 50 por ciento de aciertos en la evaluación realizada, sin embargo apenas y alcanzaron un 26.3 por ciento. “Esto sería para estar al 100 con lo que dice la Ley de Transparencia del Estado o la Ley General en materia; en este caso no ha sido de esa manera”. Y para darnos una idea de lo que ocurre en otros congresos del país, por contraste tenemos: CIMTRA Jalisco evaluó por segunda vez con nueva herramienta, al Congreso de Jalisco y obtuvo una calificación aprobatoria de 78.7. Los mejores bloques fueron documentación legislativa y control interno. El peor bloque fue vinculación ciudadana. A saber: Integración y estructura, 66.7%; Desempeño Legislativo, 94.9%; Documentación legislativa, 87.8%; Gastos, 75.0%; Administración, 78.3%; Control interno, 93.8%; Vinculación ciudadana, 45.5%; Acceso a información pública, 87.5%. (Fuente: Cimtra. Comunicado 11 de septiembre. http://www.cimtra.org.mx/portal/). Destaca el 0.0% de control interno de Aguascalientes, contra el 93.4 de Jalisco. He aquí la maravilla de la comparabilidad de los resultados, en una materia o asignatura dada.
La otra línea de referencia, para comprender mejor el funcionamiento de cualquier otro órgano, dependencia o sector obligado, reside en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, que debe estar en concordancia con la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promulgada el día 04 de mayo de 2015, como parte de la reforma constitucional aprobada en 2014. Que a la letra dice en su Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información. Y queda a cargo de: Título Primero. Capítulo 1. Objeto de la ley. Artículo 3. Fracc. XIII. Instituto: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Es aquí, en la referencia histórica tanto de la creación y funcionamiento del órgano regulador de la transparencia a nivel local como nacional, que podemos evaluar su respectivo desempeño. Para el caso nuestro, ya hube de reseñar en anteriores entregas, este necesario antecedente. Sea. El pasado mes de septiembre de 2011, en que nuestro estado renovó el Consejo del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, ITEA. Para entonces teníamos ya instalada la renovación flamante de los dos órdenes locales de gobierno, bajo el lema: “Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y Centenario de la Revolución Mexicana”, cabe cuyo Congreso del Estado, la LX Legislatura convocó solemnemente a: conformar la propuesta de ciudadanos a ser electos como Comisionados Propietarios y Suplentes de la Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia.
Para concluir los trámites exigidos se citó a los cerca de 53 interesados -yo estuve entre ellos-, a un examen formal de conocimientos, principalmente de la Ley de Transparencia del estado, en aulas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, bajo estricta comisión dictaminadora designada de importantes legisperitos acreditados en la misma y a presentarse en una entrevista congresional ante la comisión legislativa nombrada exprofeso. En el primero, califiqué de manera aprobatoria y creo que dentro de los puntajes avanzados; en la segunda, mi razonamiento pasó por la propuesta del urgente fortalecimiento estructural y funcional del instituto aludido, haciendo hincapié en la observación de que el consejo y equipo institucional local total cabían varias veces en la sola oficina-staff de la entonces comisionada presidenta del IFAI, a nivel nacional, Jacqueline Peschard Mariscal. Mención que me mereció una comedida y giocondina sonrisa del cuerpo legislativo dictaminador y punto final.
Tal junta de gobierno quedó conformada por una dama distinguida de la sociedad, ocupada en obras de beneficencia, una joven abogada cuyas principales prendas fueron las de haber colaborado en un prestigioso buffete de abogados y un experimentado archivonomista. No sé qué pasó, pero a partir de ese año, los seis sucesivos, Aguascalientes cayó al fondo de la tabla de Transparencia a nivel nacional, ocupando los dos peores lugares. Tanto que hasta el Congreso, a la hora del Presupuesto, les exigió resultados. Eso va por el Ejecutivo. Ahora, por el Legislativo, no vamos mejor.
Concluimos, por tanto, que tenemos dos asignaturas pendientes por cumplir y habrá que sudar mucho la camiseta para lograr puntajes más elevados y rankings más dignos en el concierto nacional. Mientras tanto, celebro que haya organizaciones que se ocupen en medir los avances y resultados, pues de otra materia ni existimos ni somos alguien en materia de Transparencia.
