- Cada institución tiene una encomienda constitucional y distintas atribuciones
- Representantes de 28 países y 16 organismos de los cinco continentes, acordaron constituir formalmente la Red Mundial de justicia Electoral
El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, aseveró que no existe desencuentro entre este órgano jurisdiccional y el Instituto Nacional Electoral (INE) ya que cada institución tiene una encomienda y tienen distintos roles constitucionales y distintas atribuciones: “Efectivamente, somos instituciones cuyas funciones en común son velar por la legalidad, por la transparencia y por la certeza del proceso electoral mexicano y así está construida la arquitectura electoral mexicana, de tal forma que unos ejecuten y otros revisemos lo ejecutado”, señaló al clausurar los trabajos de la Primera Sesión Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral.
El consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello manifestó, a nombre del INE, una enérgica condena a las amenazas que en redes sociales se han vertido en días recientes en contra de la magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, las cuales calificó como actuaciones absolutamente inaceptables en un contexto democrático: “Desde este espacio, si se me permite, plantear a nombre propio y del Instituto Nacional Electoral, una condena a todo acto de intimidación y de violencia contra cualquier instancia electoral. Son actos inaceptables en una democracia y, sobre todo, son actos de intimidación que no pueden no tener un pronunciamiento colectivo en contra”.
Ante este pronunciamiento, el magistrado Vargas Valdez manifestó que esa preocupación también está en el ámbito personal de la magistrada Soto Fregoso como mujer, como madre de familia, como profesionista, pero, sobre todo, recalcó que “esa tiene que ser la visión con la cual se tienen que atender todos aquellos actos de presión o de otra índole, que tengan como intención afectar la independencia de los jueces en esta materia”.
Córdova Vianello señaló que en materia de justicia electoral, la multiplicidad de enfoques “nos recuerda una y otra vez que es indispensable que todo sistema democrático cuente con la presencia de órganos imparciales en donde se resuelvan las controversias que inevitablemente surgen en las contiendas políticas”.
Para impartir justicia, dijo, se requiere que las autoridades electorales tomen distancia y se coloquen literalmente frente a los actores de las contiendas: “La fuerza de un sistema electoral no radica en la ausencia de conflictos, controversias o incluso la presencia de eventuales irregularidades, sino que disponga de mecanismos para resolverlos, mecanismos conocidos, ciertos, pactados, reconocidos y establecidos en la Constitución y en las leyes, para que todos los conflictos electorales encuentren cauces de solución institucional y legal”, apuntó Córdova Vianello.
Se constituye formalmente la Red Mundial de justicia Electoral
Al clausurar los trabajos de la Primera Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral, el magistrado Vargas Valdez recalcó que la responsabilidad de quienes imparten la justicia electoral, es enorme ya que son la última instancia de defensa de la democracia y son la balanza que resuelve el desacuerdo y la exclusión: “En un mundo tecnológico y globalizado, sólo la coordinación, la colaboración y el intercambio internacional de experiencias y buenas prácticas, nos permitirá atender esa alta responsabilidad con la velocidad que requieren los retos que estamos enfrentando. Lo que decidimos el día de hoy, sienta las bases sólidas de colaboración internacional para compartir experiencias comunes y buenas prácticas que, sin duda, serán de gran utilidad para atender los retos de las democracias contemporáneas”, subrayó.
El magistrado de la Sala Superior destacó que, en un mundo globalizado por la tecnología, la interdependencia política y económica, los problemas de unos son problemas de todos y que la desafección democrática y los desafíos que plantean las nuevas tecnologías y el cambio social, ya no son un problema exclusivo de un estado en particular: “Estos cambios han puesto cada vez más presión sobre nuestras democracias e instituciones, presión por incluir y dar lugar a minorías y grupos desaventajados, presión por ejercer un control más estricto del dinero, la política y las elecciones, presión por adaptar nuestras leyes y criterios a las nuevas circunstancias tecnológicas, políticas y sociales”.
Luego de las sesiones de trabajo de la Primera Asamblea Plenaria, el director General de Relaciones con Organismos Electorales, Alberto Guevara Castro, informó que los delegados acordaron constituir formalmente la Red Mundial de Justicia Electoral, mediante la adopción del acta constitutiva de la Red Mundial de Justicia Electoral denominada Acuerdos de San Miguel.
Además, de constituir la Secretaría Técnica bajo la responsabilidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México e iniciar la operación de la Plataforma Global Interactiva sobre Justicia Electoral y nombrar un enlace para el intercambio de información por cada uno de los miembros
Se acordó la celebración de una próxima reunión de la Red Mundial de Justicia Electoral durante noviembre de 2018 en México, con el objeto de revisar los avances y decidir la agenda de trabajo de la siguiente reunión Plenaria tomando en consideración las prioridades temáticas acordadas en esta Primera Asamblea Plenaria.
Guevara Castro indicó que los delegados de la Primera Asamblea Plenaria concluyeron que es necesaria la creación de la Red Mundial de Justicia Electoral, ya que se enfrenta un contexto global de desafección democrática y evolución tecnológica que exige acción inmediata de la sociedad civil y las instituciones, así como acciones para defender la democracia y hacerla cada vez más confiable e incluyente.
Añadió que también coincidieron en señalar que una justicia electoral accesible y eficaz es condición necesaria para garantizar la legitimidad democrática, la estabilidad política y el desarrollo humano, por lo que rescatar la democracia desde la justicia electoral es un enorme desafío, pero es posible con la colaboración y la voluntad de instituciones y organizaciones académicas y de la sociedad civil comprometidas con el fortalecimiento del Estado constitucional y democrático de derecho.
Se señaló que la justicia electoral es importante para hacer frente a la desafección democrática, la cual se expresa en el creciente abstencionismo, la disminución de la militancia partidista, la proliferación de candidaturas independientes y partidos antisistema, los bajos niveles de confianza en la democracia y sus instituciones, y la volatilidad y radicalización del discurso político.
Sobre financiamiento político se evidenció que no existe un acuerdo contundente sobre cuál es el modelo ideal de financiamiento político, pero mostró un claro consenso respecto a que el financiamiento político “no controlado, no revelado, ilegal y opaco” es una de las principales amenazas para las democracias contemporáneas y que la finalidad de cualquier modelo de financiamiento político, ya sea público, privado o mixto, debería ser garantizar la equidad en la contienda electoral, la independencia de la política frente a otros poderes fácticos y, en general, el cumplimiento de los objetivos últimos de la democracia.
En materia de participación política igualitaria concluyeron que los límites a los derechos humanos deben ser racionales y proporcionales a la finalidad que persiguen y en este sentido, la inclusión democrática de minorías y grupos discriminados como mujeres, jóvenes, indígenas y personas en situación de discapacidad, debe importar un equilibrio entre democracia representativa y democracia participativa.
Respecto a la revolución digital en la vida política, se señaló que las redes sociales y las nuevas tecnologías de la información ya modificaron irreversiblemente todos los aspectos del juego democrático, por lo que es apremiante adaptarse a este cambio, ya que, tratándose de la relación entre democracia y nuevas tecnologías, es necesario atender diversas cuestiones, entre ellas el conflicto entre libertad de expresión, por una parte, y equidad en la contienda y protección de datos personales por otra, cuando se trata de regular y juzgar conductas y expresiones en el espacio virtual.
Con información del TEPJF
