Algunas veces tengo la sensación que hablar de política cultural, o de la gestión cultural quisiera volverse una moda. Se habla de política cultural sin dimensionar los aspectos que ésta implica; desde la historia, las instituciones, las políticas públicas, o el desarrollo social. Con todo ello es urgente hablar de políticas culturales, pero sobre todo rediseñarlas e implementarlas.
Al igual que en el tema de las políticas culturales, también se habla de la gestión cultural y se buscan ensalzar personajes que, sin demeritar logros que personalmente reconozco, se les atribuyen facultades magnánimas sin dimensionar que, además de tener la visión también era la pericia dentro de un sistema político dominado por un partido político por más de 70 años. Grandes promotores culturales, sí, fruto de contextos políticos y sociales en los que se forjaron las burguesías culturales de hoy, y que cimentaron las bases sobre las cuales se institucionalizaron las artes y la cultura en el estado. Y es que más que personas con los atributos de hace más de 50 años, necesitamos sociedades y gobiernos comprometidos por intereses comunes, y no por poder personal, de élite o de grupo.
Sin embargo, no podremos negar que la institucionalización de las artes y las políticas culturales también perpetuaron de estos personajes sus gustos, sus estilos, y lo que ellos consideraban era lo que debía de ser. Volver a esas formas en los estilos de administrar la cultura y las artes sin duda se corre el riesgo de perpetuar estilos de gubernamentales cuyas carencias resarcimos al día de hoy. Y es que, hoy en día más que estilos individuales se requieren de políticas culturales que se fundamenten en marcos normativos que doten de estructura para el buen desarrollo de los creadores, productores, gestores y receptores, todos los agentes que intervienen en el proceso.
En ese sentido, las políticas culturales deben estar fundamentadas en leyes que contribuyan de manera clara, pertinente y efectiva a la mejora del sector cultural, y en donde la ley se explicite en políticas que den rumbo a un eficiente ejercicio de la gestión, y que promueva condiciones de equidad para todos y no de unos cuantos elegidos. En ese sentido las leyes permiten medir “El grado de compromiso y acción de las autoridades públicas en la formulación e implementación de marcos normativos, políticos e institucionales y la puesta a disposición de infraestructuras y mecanismos institucionales que favorezcan un desarrollo cultural participativo e inclusivo, implementen los derechos culturales, promuevan la diversidad y fomenten el potencial de la cultura en términos de desarrollo”. Ámbitos que aún falta por diseñar, desarrollar e implementar en el estado.
Dichos marcos sin duda favorecen, entre otros aspectos, la distribución equitativa de las disciplinas artísticas, además de los espacios y enfoques desde las cuales se desarrollan. Para muchos es innegable que las artes escénicas en Aguascalientes, en particular el teatro sufrió grandes pérdidas en los apoyos desde las dos administraciones gubernamentales que se precedieron. Las políticas de recaudación del Gobierno del Estado establecieron cuotas para la renta de los espacios que se volvieron incosteables, de forma tal que algunas compañías abrieron espacios independientes carentes de infraestructura y servicios adecuados pero que al menos dieron cabida al trabajo (profesional o no) que estas compañías venían realizando. Espacios que además, a pesar de ser identificados como espacios artísticos, no contaban ni cuentan con una figura como tal dentro de las administraciones de servicios municipales, lo que hace evidente la falta de armonización y apoyo de los distintos niveles de gobierno.
El teatro, -a diferencia de la música que está cobijada bajo mecanismos industriales de reproducción, o cuya cantidad de audiencia puede ser masiva-, requiere de espacios y de infraestructura con ciertas condiciones que favorezcan su buen desarrollo. Desde luego cada una de las disciplinas artísticas lo requiere, pero en las artes escénicas las particularidades son propias de sus procesos. Un teatro mal iluminado, con mala acústica o butacas incómodas con seguridad tendrán un impacto directo en la percepción del público que asiste.
En ese sentido en Colombia, con la intención de “impulsar, estimular y fomentar los procesos, proyectos y actividades culturales… así como fomentar la creación, ampliación y adecuación de la infraestructura artística y cultural y garantizar el acceso de todos los colombianos a la misma”, decretó en 2011 la Ley 1493 de 2011 conocida como Ley del Espectáculo Público.
El objetivo de esta ley es “reconocer, formalizar, fomentar y regular la industria del espectáculo público de las artes escénicas; así como democratizar la producción e innovación local, diversificar la oferta de bienes y servicios, ampliar su acceso a una mayor población, aumentar la competitividad y la generación de flujos económicos, la creación de estímulos tributarios y formas alternativas de financiación; así como garantizar las diversas manifestaciones de las artes escénicas que por sí mismas no son sostenibles pero que son fundamentales para la construcción de la base social y los procesos de identidad cultural del país”.
La Ley del Espectáculo Público atiende el sector de las artes escénicas incluyendo a los productores, los artistas y desde luego la infraestructura. Se dirige a los sectores más desprotegidos financieramente pues recauda recursos de espectáculos que en su mayoría son musicales pero que favorece también a otras disciplinas artísticas. Es importante porque no sólo busca habilitar los espacios o escenarios donde se llevan a cabo las actividades escénicas, sino genera también apoyos para grupos independientes cuya oferta artística no es económicamente tan rentable y carecen de un espacio digno y habilitado para el buen desempeño de su quehacer artístico. La Ley del Espectáculo promueve y apoya la consolidación de organizaciones dedicadas a este sector cultural cuyas manifestaciones artísticas favorecen la diversidad y la inclusión artística y social. La Ley del Espectáculo Público apoya a personas, las comunidades en las instituciones y tiene la intención de generar un equilibrio al facilitar los procesos de aquellas manifestaciones artísticas que hagan también contrapeso a la industria del entretenimiento.
Esta Ley interviene a través de la Recaudación de un impuesto equivalente al 10% del valor de la boletería o derecho de asistencia, cuyo costo individual sea igual o superior a 3 UVTS (Unidad de Valor Tributario) –cerca de 90 mil pesos colombianos (alrededor de 30 dólares americanos). Además dicha contribución fiscal se destina directamente al sector cultural en artes escénicas del correspondiente municipio en el cual se realice el hecho generador. Desde la Ley ha quedado sentado que el Ministerio de Cultura recauda y a su vez gira el recurso a la Secretaría de Hacienda Municipal en una cuenta especial y destinada al sector de las artes escénicas. La Ley también establece que los recursos están destinados a inversión en construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de infraestructura de los escenarios para los espectáculos públicos de las artes escénicas. Además que los recursos no se juntarán con otros recursos y no que sustituyen los recursos de los municipios a los espectáculos de las artes escénicas. No se destinan para nómina ni gastos administrativos. Para los efectos de la Ley se establece el registro de productores de espectáculos públicos de las artes escénicas por parte del Ministerio de Cultura y los espacios deben ser además reconocidos por la autoridad municipal.
Dos aspectos deben resaltarse respecto a la importancia de recuperar e implementar una ley como la del Espectáculo Público en México. Para ello debemos tener en cuenta los siguientes aspectos: que la industria del entretenimiento en México generó, según PwC 22.8 mil millones de dólares en el 2016, de los cuales “los ingresos totales de la música en vivo fueron de 225 mdd en 2016 y se pronostica que aumentarán hasta 276 mdd en 2020”. Aunado a ello OCESA es el tercer promotor más importante del mundo al vender 3 millones 679,916 boletos para sus espectáculos y en donde cuenta con una cartelera de conciertos masivos con artistas nacionales e internacionales y puestas en escena como musicales, primordialmente, cuyos altos precios en boletería han sido ampliamente criticados. Ya en 2012 la revista Proceso publicaba que “no hay bolsillo que soporte la oferta musical de Ocesa. Cada mes hay decenas de conciertos para cada género…”, además que los boletos “para escuchar a Paul McCartney al frente y presenciar la prueba de sonido llegaron a los 29 mil pesos”. Si bien los espectáculos de Ocesa están restringidos a las grandes ciudades del país, es fácil reconocer que la industria del entretenimiento también en Aguascalientes genera sus dividendos.
En contraste en el teatro, en el ámbito también de las artes escénicas, pero sin los recursos de la música, éste sigue estando desprotegido. Son pocas las compañías de teatro que cuentan con un espacio propio para la programación constante y regular de una cartelera que favorezca la oferta y la demanda del teatro en el país, en donde con base en la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Cultural el 67 por ciento de los encuestados nunca habían ido a ver una obra de teatro; porcentaje que, podemos advertir, poco o nada ha cambiado.
Si además a ello agregamos que para el 2016, según el presupuesto de egresos 2017 se contemplaba que el presupuesto de la Secretaría de Cultura se reduciría en un 17 por ciento respecto al año anterior, y que dentro de ello se contemplaba que “el programa de Apoyos a la Cultura, que reúne cinco subsidios entre los que figuran el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) y de Ciudades Patrimonio Mundial, que dispuso en 2016 de mil 978.1 millones de pesos, aparece en el documento con 150 millones de pesos…”. El recurso para la infraestructura cultural era mínimo, lo cual imposibilitaría el cuidado de espacios como teatros y salas de concierto que requieren mejoras en el país.
En México una Ley del Espectáculo Público favorece el apoyo a las manifestaciones culturales más desprotegidas al fortalecer rutas de acceso a las diferentes disciplinas y a la diversidad artística y cultural en condiciones dignas. Al mismo tiempo que contribuye a la inversión de la infraestructura desde el sector privado que en su mayoría organiza espectáculos de entretenimiento bajo un esquema de absoluto enriquecimiento sin ningún compromiso real a las artes del país.
Por otro lado, una Ley de Espectáculo Público generaría una revitalización del sector de las artes escénicas no sólo en el apoyo sino en un conocimiento más amplio y quizá más preciso de los creadores, los productores, los gestores y los públicos que atienden este sector.
Si “se trata así de evaluar los compromisos, esfuerzos y resultados en materia de gobernanza e institucionalidad cultural y de abordar los procesos mediante los cuales se formulan e implementan las políticas culturales y se reconocen y aplican los derechos culturales”, baste decir que el Estado, desde el Poder Ejecutivo pero sobre todo desde el Legislativo aún ha dejado por hacer. A un año de trabajo del actual Congreso del Estado ni su presidente el Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Jesús Morquecho, y ni ninguno de sus integrantes han presentado alguna iniciativa que fomente la creación, la producción, la promoción y el acceso a los bienes culturales desde una iniciativa legislativa que se traduzca en políticas a favor del sector cultural, ya no sólo en las artes escénicas sino en cualquier otra disciplina artística. Es evidente que nuevamente el Congreso ignora su alcance, y pasará nuevamente sin mostrar en mínimo interés por las artes y la cultura en el estado. Y que la gestión cultural seguirá limitada de políticas incluyentes y participativas que favorezcan a todos.
