Games people play, you take it or you leave it,
things that they say, Honor Brite,
If I promise you the Moon and the stars, would you believe it?
Games people play in the middle of the night…
Games People Play – Alan Parsons Project
La ley es la razón desprovista de pasión, según sentencia Aristóteles. En las repúblicas, el arreglo legal es soberano, y se privilegia el actuar institucional sobre las subjetividades e intencionalidades de las minorías ante las mayorías, e incluso a la inversa: para evitar la tiranía de las mayorías sobre las minorías, de acuerdo también al filósofo de Estagira. En cualquier caso, el diseño institucional republicano está planteado para que se ejerza el imperio de la ley. Nuestro país no siempre suele ceñirse al canon aristotélico.
En la división clásica del poder tripartita del Estado, al que se someten la mayoría de las repúblicas, el Poder Ejecutivo tiene una grave responsabilidad: hacer que la ley se cumpla. En ese sentido es que se arregla la burocracia central para destinar parte de ese poder a la procuración de la justicia: el entramado administrativo y policial que hace investigación para determinar si hay presunción del delito; que hace la búsqueda y contención de los presuntos delincuentes para su caución; prepara expedientes y los presenta ante el Poder Judicial a efecto de que sea éste quien determine la existencia y, en su caso, la gravedad de una falta; para luego hacer el deslinde responsabilidades y estime penitencias.
Para la consecución de los fines anteriores, de parte del Poder Ejecutivo, es que existe la figura de la Fiscalía. Esta rama de la burocracia central es la encargada de la procuración de justicia de manera operativa, y es quien representa al Estado (a la sociedad) cuando se dirime un conflicto legal motivado por la comisión de delitos. Para su organización y funcionamiento, las fiscalías se organizan en torno a los distintos temas de atención judicial, que van desde la violencia de género, delincuencia organizada, hasta la legalidad electoral, etcétera. Todas éstas trabajan en torno a una Fiscalía General que regularmente responde al titular del Ejecutivo. Sin embargo, para dar certeza y legitimidad al actuar de las fiscalías, la elección de sus titulares no depende sólo del Ejecutivo, sino que se deposita también en el Poder Legislativo, a fin de que -desde su selección y designación- se presuponga cierta independencia en el caso en el que la comisión de los delitos implique acciones del propio gobierno y que la Fiscalía no esté en una situación supeditada al poder de la administración central, para poder investigar, contener, y presentar a juicio en entera libertad.
Suena bien ¿no? En la práctica mexicana no. Raúl Cervantes fue un fiscal general de la nación ligado al titular del Ejecutivo, y aunque su trabajo pudo haber estado en los márgenes de lo deseable, los partidos políticos dieron al traste con la continuidad de su carrera en la procuración de justicia: en una pirueta legislativa, se conformó una propuesta jurídica para que este fiscal continuara en el cargo una vez puestas en marcha las reformas a la ley en la materia. La oposición primero no dijo nada, luego se quejó de la posibilidad de que hubiese un “pase automático” en el cargo para Cervantes, y se le criticó por considerársele como leal a Peña Nieto. Hubo un impasse legislativo, el ejecutivo echó para atrás la propuesta y se bajó el pase automático del #FiscalCarnal. Al poco tiempo, Cervantes Renunció a la PGR. Los motivos: el jaloneo por la sucesión, pero -sobre todo- la próxima resolución del caso Odebrecht (que comentamos aquí en la pasada emisión de estas Memorias de espejos rotos), en el que hay presunción para involucrar los sobornos de una empresa transnacional en la campaña del actual presidente EPN. Al ser este un tema electoral, puesto que involucra el financiamiento a campañas, cae en la competencia de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Fepade.
La Fepade es relativamente nueva; nació y se desarrolló casi a la par de nuestra novel democracia contemporánea, hace no más de tres décadas. Luego de sexenios en un régimen de partido hegemónico, que se mantuvo en el poder por décadas mediante vías lícitas e ilícitas, la existencia de una fiscalía que investigara, contuviera, y presentara a juicio (en representación de la sociedad) a autores y actos de delito en materia electoral (es decir, contra la democracia de esa sociedad), se antojaba fantástico. Su actuar histórico no ha gozado de completa credibilidad, aún así -al menos en esta actual administración federal- el trabajo que había realizado puso en jaque a un sub secretario de gobernación, a la legitimidad de varios procesos electorales, y a no pocos actores políticos.
Como fuese, a Santiago Nieto Castillo, el extitular de la Fepade, se le destituyó más o menos como sigue: Renuncia Raúl Cervantes a la PGR y en su lugar queda (por tercera vez como encargado de despacho) Alberto Elías Beltrán (quien además fungiera como enlace de Asuntos Internacionales de la PGR, en la que estuvo hasta el fondo en la indagatoria de corrupción internacional de Odebrecht), quien apenas entró en funciones, destituyó a Nieto Castillo ¿El motivo declarado? Que el entonces Fepade comunicó a la prensa que Emilio Lozoya Austin lo presionaba para que fuese exonerado del caso Odebrecht y esto violaba el debido proceso y la presunción de inocencia. Pero ¿el motivo no declarado? Recordemos, Lozoya Austin fue operador de la campaña de Peña Nieto, luego nombrado director de Pemex, y luego destituido para ser sujeto a investigación por el caso Odebrecht, que involucra sobornos y financiamiento ilícito de la campaña electoral del actual presidente, en una carpeta de investigación que está próxima a ser revelada públicamente.
Ahora los partidos políticos en el legislativo (recordemos, las fiscalías también responden a este poder) están en batalla para dirimir si aceptan o no la destitución de Nieto Castillo. En el PRI, la instrucción es que no se restituya al fiscal en el cargo; mientras que en gran parte de la oposición se pelea porque el funcionario sea restituido o que, al menos, haya comparecencias exhaustivas para aclarar públicamente la destitución y las implicaciones de ésta, y que las votaciones para que esto se dirima sean expuestas públicamente también. Es previsible que las fuerzas políticas de oposición tengan conocimiento de la consecución de sucesos que Nieto Castillo hubiese promovido (en su papel de fiscal electoral) una vez que se presentara completo el expediente de Odebrecht, y que por eso estén en el respaldo al funcionario, afilando las hachas para cuando la justicia llame a los integrantes de la campaña de Peña Nieto, con resultados demoledores, pero de pronóstico reservado. Como fuese, tienen hasta el 3 de noviembre para resolver este nuevo impasse legislativo que ahora amenaza con amagar también las discusiones para los presupuestos de egreso e ingreso 2018, en un año electoral en el que la administración central hará lo posible (e intentará lo imposible) para rescatar al partido que los llevó al poder de la catástrofe intestina y el descrédito público que tienen años padeciendo.
Como sea, México no podrá funcionar sobre sí mismo en tanto la ley y las personas encargadas de ejecutarla sigan en el manoseo pasional de los apetitos políticos, y continúen en el desprecio al trabajo que implica proyectarnos al futuro.
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