La eventual cancelación del Tratado de Libre Comercio no está tan alejada como muchos piensan y México, aunque se dice preparado para mantener a flote la economía nacional, una de las alternativas que tiene nuestro país ante un escenario de esa naturaleza, es, sin duda, el fortalecimiento del mercado interno, pero sin demagogias.
Esta entrega no hablará propiamente de qué tan cerca estamos de la cancelación del TLCAN, sino de la necesidad real que hay de aumentar el ingreso de la clase trabajadora y fortalecer el poder de compra del mermado salario en México.
La semana pasada, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó una propuesta para fijar una tasa 0 del Impuesto sobre la Renta (ISR) y eliminar la cuota fija a los salarios mensuales menores a 10 mil 298.35 pesos. La medida beneficiaría a 15.5 millones de trabajadores asalariados que cotizan ante el Issste y el IMSS quienes, según cálculos del IMCO, aportan 11.5 por ciento de la recaudación total del ISR de asalariados, con lo que el fisco dejaría de ingresar a las arcas nacionales 73 mil 900 millones de pesos al año.
La propuesta en sí es audaz y lo mejor de todo es que, en el Congreso de la Unión, no fue desechada sino que ahora mismo es analizada con detenimiento, porque sus efectos inmediatos, será la de fortalecer el poder de compra de este segmento de trabajadores, con los beneficios que ello implica en términos de fortalecimiento del mercado interno nacional.
Para el IMCO según su propia propuesta sustentada en diversos ejercicios de análisis, la disminución del ingreso al gasto público puede suplirse con los ingresos excedentes que ha reportado el SAT los últimos dos años.
Esta propuesta hecha por el instituto sería un aumento salarial efectivo para los trabajadores de menores ingresos en el país, no significaría un desembolso extra para los patrones, ni implicaría modificaciones al esquema de subsidios al empleo, es simplemente aligerar un poco la pesada carga fiscal que hay en el actual esquema salarial.
El IMCO proyecta que de ser acogida la propuesta por el gobierno, el consumo aumentaría, y también incrementaría la recaudación por los impuestos indirectos tales como el IVA. Otro efecto benéfico sería el aumento de las cifras del empleo formal en los niveles salariales más bajos, pues el ISR en promedio afecta en 9 por ciento los ingresos de este sector.
El ISR es un impuesto directo que grava prácticamente todo ingreso adquirido, la tasa del gravamen va de 1.92 a 35 por ciento del límite inferior de los rangos de ingresos mensuales considerados en el tabulador de la autoridad fiscal, al que se suma una tasa fija señalada para cada uno de estos rangos.
Es claro que la situación económica del país pende de un hilo sobre todo porque existen sobradas especulaciones y poca certidumbre sobre las condiciones que prevalecerán si México da por terminado el TLCAN o sus socios deciden deshacer el acuerdo. De hecho, de acuerdo con cifras de la organización México ¿Cómo vamos?, la inflación en el país en septiembre de este año alcanzó 6.35%, cuando en diciembre del 2016 se situaba en 3.36 por ciento.
El sector obrero en el país, sobre todo, el movimiento del nuevo sindicalismo que ha venido impulsado entre otras organizaciones, la propia CROM, ha insistido en la necesidad de ir fortaleciendo el poder de compra de los trabajadores. El sector empresarial ya está plenamente consciente de ello y ahora falta que, el Gobierno de la República termine de una buena vez y por todas de poner de pretexto que, un aumento al salario detonaría la inflación.
Por el contrario, fortalecer el poder de compra de los trabajadores genera, entre otras cosas, elevar la calidad de vida de los trabajadores, una mayor capacidad para fortalecer nuestro mercado, la generación de más empleos, el pago de más impuestos, entre otros beneficios que son tangibles y que redundaría en un impacto positivo en términos de justicia social en nuestro país.
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