Actualmente, el 54% de la población mundial vive en ciudades; y se prevé que para el año 2050 la población urbana aumente a 66% (ONU-Habitat 2016). En México, al día de hoy aproximadamente 8 de cada 10 mexicanos vivimos en zonas o localidades urbanas. Esta tendencia no es casualidad: la urbanización produce economías de aglomeración que hacen de las ciudades motores del crecimiento económico. Por eso, en la actualidad 80 por ciento del PIB global se genera en las ciudades (Banco Mundial 2017).
La urbanización también puede generar costos como mayores tiempos de traslado, mayores niveles de contaminación y criminalidad, y precios de la vivienda más elevados. Por lo tanto, el bienestar de la población urbana depende de aprovechar los beneficios económicos de la urbanización al mismo tiempo que se reducen sus costos sociales. En este sentido, la accesibilidad urbana, es decir, la capacidad de las personas de alcanzar oportunidades que ofrece la ciudad como más y mejores empleos, viviendas dignas, servicios de calidad y oportunidades de recreación, es quizá el principal elemento para promover mayor bienestar.
En un estudio reciente titulado Crecimiento urbano y acceso a oportunidades: un desafío para América Latina, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) analiza tres determinantes para la accesibilidad urbana: la regulación del uso del suelo (qué se construye y dónde); la oferta e infraestructura de transporte (cómo se mueven las personas y las mercancías al interior de una ciudad); y el mercado habitacional (disponibilidad, calidad y precio de las viviendas). El estudio plantea tres principales desafíos para América Latina. Veamos.
Primero, ya sea por falta de infraestructura o por la existencia de regulaciones restrictivas de uso del suelo, las ciudades latinoamericanas han sido incapaces de absorber el crecimiento poblacional de forma planificada. Por el contrario, se han expandido de manera descontrolada; en México, mientras la población urbana se duplicó en los últimos 30 años, la superficie urbanizada se multiplicó por 6. Este modelo urbano ha profundizado la desigualdad social; incrementado la presencia de asentamientos irregulares sin acceso a empleos y servicios de calidad; generado altos niveles de contaminación; e incentivado el desarrollo urbano en áreas vulnerables a fenómenos naturales. Primer desafío: desacelerar la expansión urbana insostenible o transformar los procesos de expansión en mayor accesibilidad para la población.
Segundo, el acceso a oportunidades de empleo, servicios y amenidades depende, en parte, de la movilidad urbana, pues la manera en que nos desplazamos determina costos sociales como el tráfico, la contaminación y los accidentes viales; el uso excesivo del automóvil tiende a incrementar estos costos. La situación es preocupante: mientras que desde finales de la década pasada la población urbana en América Latina ha aumentado aproximadamente 10 por ciento, en el mismo periodo la flota de automóviles ha crecido más de 40 por ciento y la de motocicletas casi se triplicó. Al mismo tiempo, la infraestructura para el transporte público y no motorizado es insuficiente, inadecuada e inequitativa pues se suele asignar poco espacio a aceras, ciclovías o carriles exclusivos para autobuses a pesar de que la gran mayoría de la población todavía utiliza estos medios de transporte -el 39 por ciento de los latinoamericanos se desplaza desde su casa a su trabajo en transporte público, 22 por ciento en automóvil privado y 26 por ciento a pie.
Además, los tiempos de traslado son excesivamente altos; en promedio una persona en América Latina tarda 40 minutos en llegar desde su casa a su trabajo sin contar el tiempo de regreso; en Ciudad de México, más de una cuarta parte de la población tarda por lo menos una hora al día sólo de ida. Igualmente, la cobertura de transporte público es deficiente: 1 de cada 5 latinoamericanos no puede acceder a ningún medio de transporte público formal a menos de 10 minutos de su vivienda. ¿Y qué decir del gasto en transporte? En México, el gasto diario en transporte puede ascender a 40 por ciento del salario mínimo, muy por encima del 6 por ciento recomendado por diversas instituciones. Segundo desafío: mitigar los costos sociales del uso del automóvil; proveer mayor infraestructura para medios alternativos de transporte y establecer y mantener tarifas bajas de transporte público sin atentar contra su calidad.
Tercero, el mercado inmobiliario y la calidad de la vivienda, no sólo en términos arquitectónicos sino urbanos, son fundamentales para mejorar la accesibilidad. Sin embargo, en América Latina entre 20 y 30 por ciento de la población vive en asentamientos informales sin servicios básicos ni títulos de propiedad. Más aún, los elevados precios de la vivienda impiden a la población de menores ingresos acceder a viviendas de mayor calidad. Los latinoamericanos necesitamos mínimo 2 salarios promedio mensuales para adquirir un metro cuadrado de vivienda; la Ciudad de México es la ciudad menos asequible pues se necesitan 5 meses de salario promedio para pagar el valor de un metro de cuadrado de una vivienda media. Esto incentiva a los desarrolladores inmobiliarios a construir viviendas para las cuales existe demanda, con lo cual se reduce la oferta de vivienda para la población de escasos ingresos. Tercer desafío: producir vivienda asequible en mejores entornos urbanos con mayor acceso a empleos, servicios y amenidades.
Por último, el estudio acertadamente sugiere que las respuestas a estos desafíos dependen en gran medida de la gobernanza metropolitana, es decir, de arreglos institucionales que promuevan la coordinación entre distintos niveles de gobiernos y entre los gobiernos municipales de una zona metropolitana para la formulación e implementación de políticas más eficientes y eficaces. Evidentemente, en América Latina, México y Aguascalientes necesitamos políticas públicas más sólidas, innovadoras y ambiciosas en materia de ciudad para realmente atender los desafíos de la urbanización.
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