El jueves 6 de julio fue un día atípico en el Congreso del Estado, lleno de actividad, de visitantes y de discusiones acaloradas. Para quienes defendemos a ultranza los derechos humanos, la justicia y la progresividad sin miramientos culturales, dejó un sabor agridulce. Por un lado, el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Iván Sánchez Nájera presentó una iniciativa que fue aprobada y que representa una oportunidad para que se reglamenten castigos para el acoso callejero. No es un tema menor. Hace un año el movimiento #MiPrimerAcoso desnudó para muchos mexicanos la terrible realidad en la que habitamos: hemos vuelto cotidianidad y norma que las mujeres se sientan intimidadas y agredidas en la vía pública desde temprana edad y en muchos casos incluso por familiares. Somos un país acosador, pederasta y hasta incestuoso. Nada más esta semana circularon en redes sociales dos vídeos donde se muestra a hombres que, en el transporte público, mostraban o frotaban sus genitales a las usuarias. Si usted no está sensibilizado con el tema, pregunte a sus familiares, compañeras de trabajo, amigas, pareja, qué tan cómodo es su tránsito en los espacios públicos. Que las mujeres deban cuestionarse si pueden llevar o no tal vestimenta en función de los lugares que cruzarán es una forma de control y violencia machistas que no estamos atendiendo eficazmente. Asociaciones civiles, líderes de movimientos feministas y ciudadanas interesadas en el tema, corrigieron y aportaron a la agenda que derivó ya en mandato legislativo. Será ahora el turno de los diferentes municipios reglamentar adecuadamente para representar eficientemente el desaliento para esta obscena práctica. Bien por este primer paso.
Por otro lado, otra iniciativa propuesta por el mismo diputado es la que consistía en congelar el aumento porcentual de la colegiatura de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, fue desechada. Los argumentos dados a favor de ésta consistían en lo imperativo de caminar hacia la progresividad de la educación universal y gratuita, y la complicada realidad para estudiar en una institución que tiene como colegiatura casi la mitad del salario mínimo y una quinta parte del ingreso promedio de las familias en Aguascalientes. Se arguyó que congelar el aumento derivaría en un “boquete” presupuestal que tendría consecuencias negativas para la universidad a largo plazo. Llama sin duda la atención que este problema se discuta en estos términos, ya que, visto así, lo único que se hace es permitir que sean las familias de Aguascalientes, castigadas mayoritariamente en el sentido económico por las difíciles condiciones laborales imperantes, las que se encarguen de mantener cerrado ese temible hueco. Aquella máxima de que las pérdidas se socializan y las ganancias se privatizan parece encarnarse en toda su dimensión en este tema. Parece sensato en algún sentido que la UAA busque cómo mantener sus ingresos, pero también una oportunidad para discutir a profundidad varios temas en esta sesión invocados: uno de ellos, los salarios de los altos mandos, salarios que rebasan los la presidencia municipal o la gubernatura en un instituto que tiene una población menor a veinte mil estudiantes. Por otro, el análisis concienzudo sobre el sistema de créditos y becas. Lo que no podemos permitirnos, independientemente del procedimiento que se elija, es que alguien abandone sus estudios por razones económicas. La ilustración y la ascensión social que posibilitan los estudios son vitales para el desarrollo de nuestro país.
Finalmente se dio la discusión sobre una iniciativa que urgía a legislar sobre diferentes temas de diversidad sexual, uno de ellos, el que más acaparó la atención, el llamado matrimonio igualitario. La historia acabó sin sorpresas: la bancada mayoritaria votó en contra. Una buena noticia es que esto no significa un carpetazo al tema ni que, de voz de algunos de los propios representantes de la bancada mayoritaria, pertenecientes al Partido Acción Nacional, haya una cerrazón para legislar a favor de los derechos de todas y todos. Esperemos que se acate lo que ha señalado nuestra Suprema Corte de Justicia y que pronto legislen en la armonización de la ley con la jurisprudencia que esta corte ha otorgado. Llama la atención que se use eventualmente el argumento de que se debe proteger la voluntad de quienes votaron por tal o cual partido y manifestar voto en relación de ello. Difiero de esa lógica. Proceder así sería aspirar a la democracia más austera y da como resultado que cualquier acción legislativa es justificable desde el clamor de las mayorías. El trabajo legislativo, pienso yo, tiene como finalidad máxima la búsqueda de progresividad y justicia en el mayor grado posible, desvelar el espíritu de las leyes en su sentido más prístino y no ser solamente un ejercicio de conteo de voluntades individuales. Si se redujera a esto, podríamos tener mecanismos más directos, como una votación virtual o en urnas, por ejemplo. Quien llega a una diputación es aquel que las mayorías han elegido para hacer lo que la ley exige se haga, no para hacer lo que ellos mismos desean, y menos a contentillo.
Como sea, fue una jornada maratónica y que además tuvo interés público. La sala se pobló de ciudadanas y ciudadanos, eso sí, con un tufo de partido de futbol en donde se sentía la tensión de los que estaban “a favor” y los que estaban “en contra”. Pero debemos aspirar a que esa atención y esa exigencia permanezcan en el resto de la legislatura y en las que están por venir. La vigilancia y el involucramiento ciudadanos son sumamente deseables para el ejercicio de una verdadera vida democrática.
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