- Durante el sexenio de Calderón se renunció a la prevención y a la capacitación de policías, al dejar en manos de los cuerpos castrenses la persecución de los delitos contra la salud
- El ejército quiere cubrirse la espalda con una Ley echa a modo; pide Alejandro Madrazo que se deje de simular sobre la misma
Con la Ley de Seguridad Interior se pretende legitimizar la participación del ejército en el tema de seguridad pública; en el debate actual en la Cámara de Diputados sólo se ha dulcificado la intención de militarizar al país que se ha discutido desde hace una década, recalcó el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Alejandro Madrazo Lajous.
“Lo más importantes es dejar a un lado la simulación y hablar realmente de lo que se está discutiendo, que es la militarización del país, que no es una novedad; esto comenzó a raíz de la decisión intempestiva y mal fundamentada, innecesaria e improvisada, y sobre todo perjudicial de Felipe Calderón, en militarizar la aplicación de la Ley en la prohibición penal de los delitos contra la salud”.
Indicó que desde el sexenio de Felipe Calderón se renunció a la prevención y a la capacitación de policías, al dejar en manos de los cuerpos castrenses la persecución de los delitos contra la salud, considerando la poca investigación y procuración de justicia al respecto.
“Durante diez años hemos vivido una creciente militarización de la seguridad pública en la que las distintas fuerzas armadas federales, ya sea Marina, Ejército, o Policía Federal, llegan a sustituir a los cuerpos que constitucionalmente tienen la obligación y la responsabilidad de proveer seguridad pública, que son las Policías municipales y estatales”.
El miembro del Sistema Nacional de Investigadores señaló que esto ha derivado en que dentro de los presupuestos de egresos se destinen fondos a las fuerzas armadas, etiquetados explícitamente a rubros como funciones de seguridad pública, cuando su operación se fundamentó en una tesis de 1996 que dice que no hay una prohibición constitucional para que las fuerzas armadas participen en funciones de seguridad pública, sin embargo esto es sólo para operaciones administrativas.
“Es muy claro que el caso no versa sobre funciones de seguridad pública realizadas por el ejército, sino sobre la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública que incluía en el Consejo Nacional de Seguridad Pública a los secretarios de la Marina y de la Defensa; un grupo de diputados impugnaron como inconstitucional la participación de cuerpos castrenses en un cuerpo colegiado sobre seguridad pública”.
Detalló que al respecto la Corte resolvió basado en los argumentos en contra y a favor de esta inclusión, es decir sólo en el Consejo de Seguridad Pública; sin embargo la defensa de esa Ley insiste en que la participación del secretario de la Marina y de su homólogo en la Secretaría de la Defensa Nacional, es exclusivamente para funciones administrativas, no operativas, por lo que en ningún caso se le delega al Ejército el siquiera formular los planes de acción en materia de seguridad pública nacional.
Madrazo Lajous insistió en que se está queriendo revivir una Ley que ya está muerta; en 2006 con ese endeble fundamento Felipe Calderón quiso militarizar al país, sin embargo en 2008 se llevó a cabo una reforma constitucional al Artículo 21 que menciona que “la seguridad pública debe estar a cargo de cuerpos civiles, se excluye a los cuerpos castrenses de realizar funciones de seguridad pública”.
El académico recalcó que con ello se eliminó cualquier posibilidad de hacer valer la tesis en la que querían basar la militarización, por lo que en 2009 se buscó, basado en un artículo de la constitución que permite al presidente de la República hacer uso del ejército para funciones de Seguridad Interior, retomar la intención de legalizar el uso de las fuerzas castrenses en acciones de seguridad pública: “Son las mismas funciones, los mismos presupuestos, las mismas actividades; nos dan gato por liebre, al cambiarle la etiqueta de Seguridad Pública por la etiqueta de Seguridad Interior, y vendernos la idea de que con ello no están violando la Constitución, es de alguna forma hacerle un fraude a la Constitución”.
El doctor en Derecho explicó que la intención de crear un capítulo de Seguridad Interior no prosperó ante la oposición de grupos académicos, de organizaciones de víctimas, de derechos humanos y en 2011 se postulan abiertamente en contra un importante número de senadores; sin embargo en el actual sexenio presidencial continuó la militarización, con la sustitución de cuerpos policiacos: “El Mando Único es parte de la misma concentración de la seguridad pública; son dos procesos paralelos que se refuerzan en la lógica del PRI para centralizar las decisiones de seguridad pública; los municipios ya no van a tener mando propio y después a través de seguridad interior la Federación puede meterse en lo que quiera”.
Enfatizó que en el caso de Mando Único, mantienen dentro de los márgenes de la Constitución al ser cuerpos civiles los que siguen ocupándose de la seguridad, por lo cual no viola el artículo 21 constitucional como lo hace la Ley de Seguridad Interior tal y como está propuesta.
