- Los subsidios a los sistemas de agua potable deben reducirse para incentivar la eficiencia.
- La estabilidad financiera de los organismos operadores es vital para preservar la calidad del servicio
Al inaugurar el XIX Encuentro de las Áreas Comerciales de los Organismos Operadores de Agua de México, realizado la semana pasada en la Ciudad de Monterrey, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón sostuvo que en Monterrey decidieron no politizar nada de los servicios que otorga el gobierno. “Agua y drenaje de Monterrey no recibe ningún subsidio del gobierno… la eficiencia en Monterrey no se debe a que seamos grandiosos, se debe a que nos hemos cambiado el chip del asistencialismo a la eficiencia”.
Por esta razón, sostuvo el gobernador, es que Agua y Drenaje de Monterrey es un ejemplo nacional de calidad de servicio y planificación a largo plazo en México. Rodríguez Calderón encabezó un encuentro en el que diversos especialistas en las áreas comerciales de los servicios de agua en México coincidieron en que la política que aplica el gobierno federal con los municipios del país en la distribución de recursos públicos para agua potable es inequitativa, pues no incentiva a que los organismos operadores sean más eficientes.
Alessandro Reginato, gerente general de Caasa, participó en este evento nacional en el que se explicó que existen municipios que no se han preocupado por aplicar una tarifa al servicio de distribución de agua potable por razones políticas y porque regularmente son subsidiados por otras instancias gubernamentales, lo que propicia la ineficiencia y la poca estabilidad de sus esquemas de operación.
En cambio, se dijo, está demostrado que los municipios en los que se aplica un régimen tarifario justo, se logra estabilidad financiera y operativa que al final de cuentas se traduce en la eficiencia del servicio y en la reducción de riesgos sanitarios en la prestación del servicio.
Los representantes de organismos operadores de todo el país que se dieron cita en la ciudad regiomontana, consideraron que el destino de los impuestos en materia de agua potable, es finalmente inequitativo, pues proporcionalmente se le da menos a aquellas ciudades en las que sus habitantes pagan una tarifa real del servicio contra las que están acostumbradas a operar en mayor parte con los recursos que otorga la Federación.
