- En diez años, 300 mujeres han muerto de forma violenta en el estado, pero sólo se ha dictado una sentencia por feminicidio
- Piden padres de mujeres asesinadas a diputados locales tipificar el feminicidio como delito autónomo
- Los asesinatos no se investigan con perspectiva de género, denuncia Ovsga
Hoy hace cinco años Andrea Nohemí Chávez Galván no volvió de la preparatoria. En esta misma fecha, tres años atrás, Cristal Acevedo Gómez desapareció a la salida de su trabajo. Hace un año, Aurora Salas Mora fue vista por última vez cuando dejó su casa para contestar una llamada telefónica. Las tres fueron encontradas sin vida meses después, en sitios despoblados y con signos de haber padecido muertes crueles y violentas.
Durante la mañana de hoy jueves, la LXIII Legislatura del Congreso del Estado discutirá la tipificación del asesinato de mujeres como delito autónomo, que conlleva aumentar las causales a las previstas en la legislación federal; actualmente el artículo 113 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes considera al feminicidio como una agravante del homicidio doloso.
En conferencia de prensa con familiares de las víctimas, la abogada del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (Ovsga), Paulina Díaz Guzmán, explicó que el actual marco legal corre el riesgo de que en el proceso penal no se considere si se infringen lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones o se cometen actos de necrofilia después del asesinato; si hay antecedentes de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar previo a la privación de la vida; si existe o ha existido algún tipo de relación sentimental afectiva o de confianza entre el agresor y la víctima; o bien, si el cuerpo de la víctima es expuesto, exhibido o dejado en algún lugar público.
En los casos de Andrea Nohemí, Cristal y Aurora, como en otros tantos, hubiera sido crucial que los hechos fueran investigados con perspectiva de género, lo que no ha ocurrido hasta el momento debido a la negativa por parte de los diputados de las últimos tres trienios a tipificar el feminicidio como delito autónomo, con el argumento el pretexto de que eliminar la calificativa puede reducir la punibilidad
“Sin embargo, en caso de que no se cumplieran los supuestos se aplican las reglas del homicidio doloso (…). Con la reforma de 2008 señala que todo proceso se sigue forzosamente por los hechos delictuosos que vengan en el auto de vinculación a proceso, si no se acreditan esas razones de género, el hecho sigue siendo el mismo: hay una persona que fue privada de la vida y se podrá entonces hacer una reclasificación, incluso el Código Nacional de Procedimientos Penales señala que el ministerio público podrá hacer una reclasificación tanto en su alegato de apertura como en el de clausura en audiencia de juicio aunque sea distinto al de la acusación. Tampoco se deja en indefensión al victimario porque se da oportunidad a que presente pruebas”, explicó la legista.
En Aguascalientes, para que la muerte de una mujer se considere feminicidio debe reunir cualquiera de los siguientes supuestos: 1) Que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 2) le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas a la privación de la vida; y 3) que haya sido incomunicada previo a su fallecimiento; en cambio, el Código Penal Federal enlista siete supuestos.
En los últimos diez años, 300 mujeres han fallecido de manera violenta en el estado, pero sólo se ha dictado una sentencia por feminicidio. Esto sin considerar a las que se encuentran actualmente desaparecidas o bien, sus muertes han pasado por suicidios.
“El feminicidio como tipo penal autónomo obliga a las autoridades a hacer la investigación con perspectiva de género desde el inicio. No se trata solamente visibilizarlo, sino de que haya cifras certeras de cuántas mujeres han sido asesinadas de formas violentas, cuantos asuntos son accidentes o suicidios.”
Los activistas y familiares de las víctimas hicieron un llamado a los legisladores a armonizar las leyes locales a la sentencia de Campo Algodonero -expedida en 2009- que obliga a todos los estados del país a emplear protocolos para la investigación de homicidios mujeres por razones de género.
