- Aguascalientes, lugar 16 en consolidación del Sistema de Justicia Acusatorio
- Reprobados, todos los estados del país en la puesta en marcha de la reforma constitucional de 2008
En Aguascalientes -como en todo el país- hay insuficientes asesores jurídicos para garantizar a las víctimas del delito su derecho a la debida representación en los procesos penales, advierte un estudio elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC).
En el ámbito nacional hay sólo 699 asesores jurídicos y Aguascalientes es el tercer estado con el menor número, sólo después de Hidalgo y Oaxaca que no tienen ninguno; por el contrario, las entidades con más asesores son Ciudad de México, con 126; Estado de México, 103 y Campeche, 66, según el documento “Hallazgos 2016: Evaluación de la operación del sistema de justicia penal acusatorio en México”.
La brecha entre el número de asesores jurídicos y el de víctimas en cada estado del país, se traduce en una baja capacidad para garantizar su derecho a la representación jurídica; tomando en cuenta que la proyección de asesores necesarios a nivel nacional es de 4006, significa que hay un déficit del 83 por ciento.
Y en muchos casos, los asesores carecen de las capacidades necesarias para llevar a cabo su labor de manera adecuada, poniendo en riesgo el derecho de las víctimas a contar con una representación adecuada en el transcurso de los procesos.
Aguascalientes forma parte de los trece estados sin la figura de Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) y en su lugar cuenta con una unidad de asesoría jurídica y representación legal a víctimas, adscrita a la Fiscalías Generales. El estudio considera que es necesaria su independencia.
“De la información disponible se desprende la necesidad y urgencia de fortalecer la figura del asesor de víctimas; para ello, es necesario dotarlos tanto de capacidades, como de lineamientos y modelos de trabajo eficientes que garanticen una defensa técnica de las
víctimas. Asimismo, es necesario dotar a los asesores de víctimas de independencia respecto a las demás partes en el proceso, particularmente respecto del Ministerio
Público a quien no deben estar subordinados, pues solo de esa manera se puede garantizar una verdadera representación de las víctimas” se lee en el análisis basado en cifras de la CEAV.
La Constitución y la Ley General de Víctimas (LGV) establecen entre los derechos de las personas a ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso penal por un asesor jurídico; tanto en el ámbito federal como en el local, en cada unidad investigadora del Ministerio Público, tribunal, juzgado penal y en la Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos debe designarse cuando menos un asesor jurídico de víctimas y al personal de auxilio necesario.
Aguascalientes ocupa el lugar 16 en el ranking de consolidación del nuevo sistema de justicia penal a un año de su plena entrada en vigor realizado por el Cidac y publicado por La Jornada Aguascalientes el 16 de junio. A pesar de que México ha gastado 14 mil 758.9 millones de pesos en la implementación de la justicia acusatoria, todas las entidades están muy por debajo de la expectativa de avances.
Entre 2010 y 2016, el estado ejerció 211 millones 130 mil 869.65 pesos en la implementación del nuevo modelo judicial procedentes del Subsidio de la Setec y del Fideicomiso de los cinco mil millones de pesos.
Pues ese no es problema de la victima. Así que Aguascalientes se integra al CEAV, Fiscalia General designa asesores juridicos a las victimas o a PAGAR INDEMNIZACIONES a las victimas pues no es responsabilidad de la victima.