No soy un partidario de que pongan
la fusca por la cien y me pregunten
si estoy yo con melón o con sandía.
No tengo historia, no tengo sombra…
No más héroes por favor – Jaime López y José Manuel Aguilera
El lunes 15 de mayo, en rueda de prensa convocada por el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA), se dio a conocer a los medios de comunicación una denuncia que se hiciera -primero- ante las autoridades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y -después- ante la Fiscalía del Estado, en la Unidad de Justicia Familiar y Violencia de Género, del Centro de Justicia para Mujeres. Esta denuncia fue motivada por una situación que algunas alumnas argumentaron haber padecido a causa de acciones ocurridas en la clase de un profesor suyo dentro de la carrera de Artes Escénicas de la misma universidad.
De acuerdo al OVSGA, la denuncia fue porque, de acuerdo a la nota de este mismo diario, el profesor generó “Un contexto para que las estudiantes fueran violentadas en su libertad sexual, seguridad sexual, normal desarrollo físico y sicosexual, así como en su libre desarrollo de la personalidad, incitando a la violencia y a la discriminación de un grupo, afectando la dignidad de las mismas”. Luego de que las denuncias (ante la UAA y la Fiscalía, respectivamente) se hicieran públicas, cundió una suerte de respuesta colectiva que traspasó el cómodo ámbito de las redes sociales y que nos deja varias lecciones que trascienden lo privado para aprender y mejorar nuestros procesos de convivencia pública, privada, pero -sobre todo- institucional. Enlisto algunas viñetas, a su consideración:
*El acoso, la agresión, la violencia son inadmisibles en cualquier contexto o circunstancia, más aún cuando tienen un cariz de vulneración sexual, peor aún si se da en un entorno que debiera -por su naturaleza- ser espacio seguro, como lo es una universidad.
*Nadie, sino sólo la autoridad competente (que para eso vivimos en un sistema republicano), puede pronunciarse sobre la acreditación de una querella o la validez de una defensa. Nadie, salvo quien jurídicamente está magistrado para ello, puede emitir un juicio sobre el peso de una denuncia y el peso de una sentencia.
*Las autoridades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes tienen sobre sí una grave responsabilidad que -ante los ojos públicos- deberán llevar avante, por el bien de la propia institución, de sus universitarios (alumnos, maestros, administrativos; ellas y ellos), y por el bien del referente social que la Universidad simboliza. Institucionalmente, la UAA ha fallado en la implementación de protocolos necesarios para la atención de casos de acoso o agresión sexual. En la omisión de protocolos claros y específicos, la UAA ha propiciado que una situación así haya llegado hasta donde se encuentra ahora, y hasta donde lleguen las consecuencias de este conflicto. Por otro lado, convendría investigar más -y hacer caso de las investigaciones que ya existen- sobre el acoso en los entornos universitarios, que datos y casos -lastimosamente- los hay por montones, y no sólo en la UAA.
*En la historia reciente de Aguascalientes, el trabajo del OVSGA ha sido indispensable para visibilizar problemáticas que consuetudinariamente han sido relegadas por las distintas autoridades. En muchas ocasiones, el OVSGA ha promovido no sólo la visibilización, sino incluso la resolución de casos que, sin su intervención, hubiesen quedado en la opacidad o en el limbo legal. Por ello, también la responsabilidad y la expectativa social que se deposita en el buen actuar del OVSGA es amplia.
*En consonancia con el punto anterior, es menester incentivar las denuncias por acoso o agresión de carácter sexual, con la seguridad de que quienes sean víctimas siempre sean tratadas como tales, y que -al mismo tiempo- la presunción de inocencia se mantenga hasta que una autoridad dicte sentencia resolutiva. Así también, es prioritario aumentar la exigencia a las autoridades para que cumplan su función social de la manera en la que la ley lo demanda.
*Para lo anterior, también es necesario exigir que la autoridad tenga avances decisivos en el tratamiento de los delitos que implican inequidad de género, abuso a menores, o tópicos sexuales, mediante la correcta tipificación de los delitos y la implementación de protocolos de actuación, tema en el que -tanto desde la legislatura como desde la procuración de justicia- ha habido costosas omisiones.
*Sobre el papel de los medios de comunicación en este caso, queda el aprendizaje de la correcta divulgación de datos sobre una investigación jurídica que apenas inicia. Haber difundido el nombre del profesor acusado promovió una suerte de repudio social contra un indiciado cuando a éste aún no se le abría ni siquiera una carpeta de investigación, y ya no digamos que -por consecuencia- ninguna autoridad jurisdiccional le había vinculado a proceso, ni juez alguno había dictaminado aún sentencia en ningún sentido. Sin embargo, en la comunidad, el indiciado tuvo trato de culpable, por la sentencia mediática.
*En el mismo sentido, la Fuenteovejuna de las redes sociales apremió a la elección de bandos, a la emisión de juicios, a la toma de posturas en caliente, con cierta confusión entre el condenar al acoso y el condenar a un indiciado; sin abundar en el morbo implícito hacia detalles que sólo competen a los involucrados y la autoridad, ni en el hecho de que en el marasmo de los medios y las redes se propagó la sugerencia de que el indiciado era -de facto- un agresor sexual, cuando la denuncia es por promover “Un contexto para que las estudiantes fueran violentadas”. Son matices que seguro habrá quien mire sin importancia, pero que en un proceso legal pueden hacer diferencias sustanciales. En el apuro de redes y medios hubo -incluso- quienes apremiaron la falsa dicotomía de “o condenas al indiciado o defiendes el acoso”. Hay ahí también un necesario aprendizaje.
*Sobre el motivo particular de la denuncia, también hay varios puntos para la reflexión. En mi experiencia como alumno, ejecutante, y profesor en artes escénicas, he podido ver que algunas veces los ejercicios teatrales mal llevados (por quien los imparte o por quien los recibe) han derivado en conflictos innecesarios. No digo que este sea el caso, no me consta nada de lo ahí sucedido; pero sí nos debe implicar un ejercicio de reflexión en torno a la academia del arte escénico, de los perfiles de ingreso del alumnado, de la selección de docentes, de la implementación de metodologías, de la pertinencia de instrumentos didácticos, de la libertad de cátedra, y de las formas de resolución de conflictos inherentes a cualquier academia.
En general, el caso -y su tratamiento- aún sin haber concluido todavía, nos ofrece varias aristas de las cuales podemos aprender para mejorar nuestra convivencia. Una vez dada la resolución del juzgado, habrá otras cosas sobre las cuales reflexionar. Sin embargo, no hay que perder de vista lo verdaderamente importante: hay personas afectadas, que ameritan justicia. Por lo pronto, si el tema es de su interés, le invito a que lea (si no lo ha hecho ya) el texto que publicó el pasado martes la jefa de Redacción de este diario, Tania Magallanes, titulado Viles chismes, en su necesaria columna Por mis ovarios, bohemias, disponible en el enlace http://www.lja.mx/2017/05/viles-chismes-mis-ovarios-bohemias/ o en la hemeroteca de La Jornada Aguascalientes. Como sea, es necesario que aprendamos.
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