En días pasados, en una colonia al oriente de la ciudad de Aguascalientes fue privado de la vida Hugo X alias El Huevo. Los hechos sucedieron dentro de una balconería ubicada en la colonia Ex Ejido las Cumbres, lugar en el que tres sujetos encontraron a El Huevo tratando de sustraer bienes y herramienta de dicho lugar, por lo que al encontrar al ladrón en flagrancia decidieron atacarlo a golpes de herramientas, las cuales le provocaron la muerte. Los dueños de la balconería fueron detenidos.
El caso es especialmente controversial puesto que nos referimos a un sujeto que cuenta con un expediente de 195 ingresos a los separos por delitos relacionados con el robo. El hecho anterior despertó en diversas voces de la vida pública un debate con bastantes puntos de vista que parecen ambos tienen puntos válidos que defender.
Por un lado, se encuentran quienes consideran el suceso un crimen. Los más garantistas sostienen que los particulares no pueden hacer justicia por su propia mano puesto que, tal y como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el Estado como ente abstracto quien detenta la atribución de la administración de Justicia a través de las Procuradurías, Fiscalías y Poderes Judiciales en los distintos ámbitos de gobierno. Sostienen que este acto no es más que una canallada indigna de seres humanos puesto que parece ser que entramos a una era donde vale más lo material que la vida de una persona.
Por el otro lado se encuentra la sociedad que resiente cada vez más el problema de la inseguridad en el país. Quienes se encuentran hartos de ser una y otra vez víctimas de los delincuentes frente a un estado incompetente y omiso para garantizar su seguridad. La clase trabajadora que se siente impotente y desprotegida en su patrimonio que les ha costado años de esfuerzo construir. Sostienen sobre todo que el nuevo sistema de justicia penal protege a los delincuentes en lugar a los ciudadanos honestos. Argumentan que resulta inverosímil (y es que sí lo resulta) que un delincuente consuetudinario tenga 195 ingresos por robo y vuelva una y otra vez a las calles.
Sin embargo y en el ánimo de buscar nuestras coincidencias en lugar de nuestras diferencias, en algo concuerdan ambas posturas: el estado está fallando en cumplir con la garantía de seguridad pública que se encuentra obligado a otorgar.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal, tan solo en Aguascalientes en el año 2016 se cometieron 22,035 delitos en general, de los cuales prácticamente el cincuenta por ciento, esto es, 11,173 de ellos fueron algún tipo de robo.
Los hechos antisociales, como el robo, reciben el apellido de antisociales precisamente porque se alejan de todo lo que la sociedad en su mayoría considera incorrecto o dañino. El antisocial debe ser, según algunas teorías, aislado; según otras, reformado y reinsertado.
¿Era El Huevo un sujeto que cometía hechos antisociales? En definitiva. ¿Merecía la cárcel? Sin duda. ¿Era proporcional asesinarlo por ser sorprendido en flagrancia de robo a negocio? No, definitivamente no. Pero la sociedad, los académicos y las autoridades deberían analizar a profundidad lo sucedido con El Huevo, no como un hecho aislado, sino como un síntoma.
El hartazgo social frente a la inseguridad ha existido siempre y no es cuestión de partidos ni de administraciones en el poder. Ambos de los partidos que han detentado la titularidad de los ejecutivos federales y locales han rendido malas cuentas al respecto. La fórmula pues, debe replantearse.
Como muchas otras ocasiones, el problema no es el sistema de justicia penal o el de procuración de justicia, sino quienes lo operan. El problema es que no existe una política pública integral de combate a la inseguridad fundada en los pilares de la prevención y de la contención, sino orientado exclusivamente a la burocratización y a la corrupción.
El problema es que las mujeres y hombres de la clase trabajadora de este país se sienten vulnerables ante la delincuencia en cada colonia, en cada casa, en cada negocio. El problema es que el Estado no ha priorizado presupuestalmente la administración de justicia, puesto que las Fiscalías y los Poderes Judiciales y las Policías no cuentan con los medios necesarios para contener y salvaguardar la seguridad jurídica del país.
Si la clase política no decide inyectar presupuesto y voluntad a la solución de los problemas de seguridad pública, este tipo de sucesos se convertirán en nuestro día a día afectando a lo único que todos debemos salvaguardar como mexicanos: el Estado Constitucional de Derecho.
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