- 23.2 por ciento de las víctimas de trata de personas, en 2014, fueron niñas, mientras que en 2015 hubo un incremento de 42.3 por ciento.
- Ley reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en los términos del artículo 1 de la Constitución
En la conmemoración por el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (Inehrm) organizó el Foro Constitución y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
En el evento, realizado en las instalaciones del Inehrm, participaron Daniel Márquez Gómez, doctor, investigador y defensor adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM; Lourdes Zariñán Martínez, coordinadora del programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Mario Ernesto Pfeiffer Islas, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo.
Daniel Márquez Gómez conversó sobre la evolución y consolidación de los derechos de niñas, niños y adolescentes, iniciando su recorrido en el siglo XIX cuando “oficialmente” la única ley que protegía al niño en el hogar fue el de las reformas a la Ley de los Pobres, promulgada en 1868, que castigaba al padre si se demostraba que la salud del niño había sido seriamente afectada.
A esta siguió la ley de 1889: Carta de los Niños que se ocupó de los males que se habían hecho a los niños y no de sus derechos, pero que fue importante porque abrió una pequeña brecha y fue el primer chispazo de la idea de que los niños tenían derechos.
Esta ley contra la crueldad fue la precursora de las leyes sobre niños que se aprobaron en el siglo XX, como la de 1908 que sigue siendo el patrón básico de toda la legislación subsiguiente.
En 1919, detalló el especialista, surgió la organización Save the Children Fund que el 23 de febrero de 1923 adoptó en su cuarto congreso general la primera Declaración de los Derechos del Niño conocida como Declaración de Ginebra, respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1924, mientras que el 20 de noviembre de 1959 se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño que plasma 10 derechos básicos para los infantes.
Mientras que el marco legal en México data de 1929 con el programa La Gota de Leche, luego en 1961 con el surgimiento del Instituto Nacional de Protección a la Infancia, en 1968 con la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez y en 1977 con el Instituto Nacional de Protección a la Infancia y el Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez que se fusionaron en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
“Sin embargo, los niños surgen como sujetos de derechos en 1980, el 18 de abril, cuando se plasma en la constitución mexicana, en el artículo 4, el deber de los padres de satisfacer las necesidades del menor, mientras que el 7 de abril de 2000 hay una reforma en materia de derechos de niños y niñas, y es hasta 2011 cuando el 12 de octubre se incorpora a la constitución la idea de interés superior del menor”, detalló.
Después de este recorrido siguió la intervención de Lourdes Zariñán Martínez quien inició su charla destacando que en la última encuesta de Unicef y el Instituto Nacional de Salud Pública (de 2015) se evidencia que el 63 por ciento de quienes tenían de 1 a 14 años fueron sometidos a alguna forma de maltrato físico y psicológico por parte de algún integrante adulto de su familia.
La especialista agregó que 23.2 por ciento de las víctimas de trata de personas, en 2014, fueron niñas, mientras que en 2015 hubo un incremento de 42.3 por ciento. En este contexto, la coordinadora del programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia enfatizó la necesidad de difundir y promover en México la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada el 6 de noviembre de 2014.
Esta ley es el proceso legislativo más significativo en materia de derechos de la niñez y adolescencia porque reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en los términos que establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Se trata de una ley -detalló Zariñán- que no sólo hace reconocimiento a esos derechos, sino que genera la obligatoriedad y particularidad de las autoridades para cumplir con actividades concretas. A dos años cuatro meses de su expedición debo compartirles que todas las entidades federativas han logrado expedirla de forma local”.
La especialista añadió que su adecuada implementación tendrá un efecto positivo en la vida de más de 40 millones de niñas, niños y adolescentes ya que les da derecho a la vida, a la supervivencia y desarrollo, derecho de prioridad, a la identidad, a vivir en familia, a la igualdad sustantiva, a no ser discriminados.
También a vivir en condiciones de bienestar, a una vida libre de violencia, a la salud y seguridad social, a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a la educación, al descanso y esparcimiento y a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura.
Mario Ernesto Pfeiffer habló sobre cómo la sociedad ha visto a las niñas, niños y adolescentes en México, destacando el aspecto de cómo han sido vistos desde la justicia penal.
“Socialmente le exigimos mucho a los niños y jóvenes, en ocasiones los comparamos con los adultos y empiezan a existir cuestionamientos e incluso hasta un linchamiento social, ya que dicen que deberían de cumplir de condena hasta cuarenta años. Nada más que hay una pequeña situación: somos diferentes y si partimos de esa premisa, la justicia para ese sector tiene que ser distinta”.
El magistrado añadió que en México hubo una primera etapa en la que los niños y jóvenes que delinquen habían sido juzgados como adultos, en tribunales, procedimientos y reclusión de adultos, lo que representa un enorme problema porque no se tomaban en cuenta su edad ni derechos.
Después de esta etapa, dijo, vino el sistema tutelar, que era una forma de juzgar pero siendo los menores objetos especiales, no sujetos de derechos “esto fue un avance pero el problema de los tutelaristas es que no solamente ingresaban las personas que habían delinquido, sino también aquellos niños o jóvenes que estaban en situación de calle, que no tenían familia o estaban en pobreza”.
Posteriormente contó que surgió el sistema garantista que ve a los niños y principalmente a los adolescentes como sujetos de derechos “y hoy tenemos esta ley nacional que nos permite tener un piso mínimo con derechos y principios que se deben aplicar en justicia para adolescentes”.
Con información de la Secretaría de Cultura
