A medida en que las ciudades de México crecen de forma acelerada, desordenada y poco planificada, sus problemas se vuelven más complejos al involucrar cada vez más actores, en especial en relación a la movilidad y el desarrollo urbano. El tráfico vehicular, la ausencia de un transporte público eficiente, la mala calidad de los espacios públicos o los desarrollos de vivienda cada vez más alejados de las ciudades, son sólo algunos de los problemas que involucran a un gran número de actores, tanto de los sectores público y privado, como de la ciudadanía en general. A su vez, como sugiere ITDP (2014), muchas de las soluciones son igual de complejas, pues requieren atender los intereses de los distintos actores y considerar diversas implicaciones. Es por ello que la implementación unilateral de políticas públicas, programas y proyectos para solucionar grandes problemas suelen generar conflictos, pues la población difícilmente se siente representada por dichas decisiones. Por el contrario, se genera un sentimiento de disociación entre población y gobierno (ibid). Así pues, la implementación de soluciones concretas y eficaces, requieren políticas continuas, pues sus mejores resultados sólo se alcanzan en el mediano y largo plazo. Por ello se requiere que la ciudadanía sea parte de la solución, aunque no basta que lo haga de manera pasiva para legitimar decisiones que otros toman. Si la población participa activamente, se apropiará de la construcción de las soluciones y facilitará su implementación, garantizando su éxito de largo plazo (ibid).
En este sentido, vale la pena reflexionar acerca del estado actual de la participación ciudadana en las decisiones de gobierno en Aguascalientes. ¿Cuál es el grado de influencia que tiene la población en las decisiones y programas del gobierno estatal y los gobiernos municipales? ¿Existen los canales adecuados para fortalecer la comunicación entre la ciudadanía y el gobierno? ¿Qué capacidad tienen los ciudadanos, independientemente de su nivel socioeconómico, para determinar cómo se establecen los objetivos y las políticas de gobierno, cómo se asignan los recursos provenientes de los impuestos o cómo se diseñan y operan los programas? Basta con el simple hecho de tener que adivinar qué se construye en algún lugar de la ciudad, una vez que vemos calles cerradas y maquinaria de construcción, para darnos cuenta que en Aguascalientes el nivel de participación ciudadana en las decisiones públicas es deficiente e insuficiente. Por ejemplo: ¿alguna vez se debatió la necesidad de construir un paso a desnivel en la avenida López Mateos? O por lo menos ¿se exploraron y discutieron distintos diseños o alternativas? ¿Cómo y cuándo se hizo pública la intención de construir un nuevo paso a desnivel en Segundo Anillo y la salida a Calvillo? ¿En qué momento se informó acerca de los beneficios que supuestamente generará?
Sherry Arnstein (1968), en uno de los textos más relevantes de urbanismo y participación ciudadana, La Escalera de la Participación Ciudadana, describe los distintos niveles de participación de la ciudadanía en las decisiones públicas. En Aguascalientes, parece que nos encontramos en lo que Arnstein denomina el tokenismo –la práctica de hacer un esfuerzo simbólico por incluir a miembros minoritarios o subrepresentados, con la intención de aparentar que se está promoviendo la participación ciudadana y así legitimar las decisiones de gobierno.
El tokenismo se pone en práctica a través de dos mecanismos: informar y consultar. Informar a los ciudadanos de sus derechos, responsabilidades y opciones puede ser uno de los pasos más importantes hacia una participación ciudadana legítima. Sin embargo, frecuentemente se enfatiza el flujo de información en una sola dirección -de los funcionarios públicos a los ciudadanos-, sin un canal adecuado para recibir retroalimentación, y mucho menos, sin espacio para poder negociar. Por lo tanto, y sobre todo cuando la información se provee de manera tardía, los ciudadanos tienen muy pocas oportunidades de influenciar una política, un programa o un proyecto que supuestamente fue diseñado para su beneficio. Así, las herramientas más usadas para informar a la ciudadanía de las decisiones de gobierno son los medios de comunicación, los pósters o espectaculares y las redes sociales.
Consultar a la ciudadanía, al igual que informarlos, también puede ser un paso legítimo hacia una participación de mayor calidad. Sin embargo, si la consulta no se asocia con otros mecanismos de participación, este paso continúa siendo deficiente e insuficiente, pues no ofrece ninguna seguridad de que las ideas y preocupaciones de la ciudadanía sean tomadas en cuenta. Invitar a los ciudadanos a enviar comentarios a través de una página de Internet para supuestamente informar el diseño de un plan de desarrollo estatal o municipal -como se hace en Aguascalientes-, es un claro ejemplo de este tipo de “participación”. Asimismo, este mecanismo se pone en práctica cuando se llevan a cabo reuniones para supuestamente abrir una decisión a la participación pública, pero se provee información superficial, se desalientan las preguntas o se dan respuestas irrelevantes por parte de los funcionarios públicos. Cuando los tomadores de decisión restringen las opiniones e ideas de la ciudadanía a este nivel, por lo general la participación se mide por cuántas personas enviaron una respuesta vía Internet, contestaron alguna encuesta o asistieron a una reunión. En este sentido, los ciudadanos pueden sentir que participaron -sin necesariamente influir en una decisión de gobierno-, mientras las autoridades obtienen evidencia de que cumplieron y fomentaron la participación ciudadana.
Para asegurar el éxito y la continuidad de políticas públicas, programas y proyectos que permitan avanzar hacia una ciudad más equitativa y con mejor calidad de vida, nuestros gobiernos deberían fomentar una participación ciudadana de mayor calidad e intensidad, pues como bien dijo la activista y urbanista Jane Jacobs, “las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para todos, sólo porque -y sólo cuando- son creadas por todos.”
[email protected] | @fgranadosfranco
Referencias:
Arnstein, S. (1968). The ladder of citizen participation.
ITDP (2014). Manual de participación en políticas públicas de movilidad y desarrollo urbano.