La corrupción en México ha sido un problema que tiene tal arraigo cultural que su erradicación se hace casi imposible. En nuestra historia moderna encontramos presidentes de la república que han sido señalados no sólo como facilitadores de las prácticas corruptas de la administración pública, sino, particularmente, como presidentes corruptos; entre los más destacados están los presidentes Miguel Alemán, José López Portillo y, ahora, Enrique Peña.
También encontramos presidentes que se han distinguido, si no por haber combatido frontalmente a los funcionarios corruptos, sí por no haber dado muestras de aprovechar el cargo para hacer riqueza familiar. Entre estos presidentes se encuentran Lázaro Cárdenas, Adolfo Ruíz Cortines, y Miguel de la Madrid, los dos últimos como sucesores de presidentes señalados abiertamente como corruptos.
En el caso del presidente De la Madrid, el combate a la corrupción, a pesar de su corto alcance, se convirtió en política pública al crear la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en diciembre de 1982, hoy Secretaría de la Función Pública. Es importante señalar que el reconocimiento del nuevo presidente de la República, Miguel de la Madrid, de la existencia de la corrupción en el gobierno, fue una necesaria respuesta electoral a la denuncia de la sociedad mexicana y a su fuerte exigencia de dar una respuesta.
El contexto mostrado en el país era contradictorio: por un lado, la constatación de los efectos nocivos que tiene la voracidad gubernamental que, con cinismo, abusaba del uso del dinero público, y solapaba a quienes caían en la corrupción; y, por el otro, la dificultad cultural de la sociedad mexicana para superar el uso de la corrupción en la vida cotidiana.
Del año de 1982 a la fecha, si bien la alternancia política fue un importante motivo para la disminución de la práctica de la corrupción, ahora, con el regreso del PRI a la Presidencia de la República en el año 2012, ha retomado nuevamente el carácter del cinismo autoritario de finales de los años setenta.
¿Por qué hablar de cinismo? La Real Academia Española expone como primera explicación que cinismo es “Desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables”. ¿Se confirman los elementos de la definición? Observamos, entonces, que en el Sistema de Gobierno PRI -seguido también por algunos gobiernos de otros partidos, señalados por la sociedad-, sí se conjugan la práctica de acciones corruptas, la mentira y la defensa, al negar los hechos de corrupción imputados, bajo el supuesto de que todavía no se han comprobado judicialmente (éste es otro elemento clave de este sistema de gobierno, que se traduce en la casi imposibilidad de verificación junto con la existencia de funcionarios de justicia también coludidos).
Sobran los ejemplos de los casos sucedidos -no de hace 20 años o más, sino actuales-. Por mencionar algunos, están los gobernadores Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, Roberto Sandoval con el fiscal general Edgar Veytia, Rodrigo Medina, Carlos Lozano (“¡Quién dijo que iba a presentar la declaración 3de3!”), Tomás Yarrington, Fidel Herrera, los contratos y sobornos OHL y Odebrecht, o la obstrucción para impedir un verdadero combate a la corrupción, o el nombramiento de la nueva vicepresidente del Inegi, que no cumple con los requisitos del cargo (sólo porque el presidente Peña la quiere en ese puesto), etcétera.
¿Por qué señalar cinismo en la corrupción gubernamental? Porque las respuestas que están dando los políticos aludidos, se ubican, precisamente, en el espacio del cinismo. Algunos ejemplos son los siguientes: César Camacho dice que es “‘Leyenda urbana’, corrupción de Deschamps, Duarte y Moreira” (Proceso, 4 marzo 2016); “México no quiere más políticos corruptos, afirma Ochoa Reza en Michoacán (La Razón, 28 de octubre de 2016); “Corrupción de Javier Duarte nunca manchará al PRI”: Ochoa Reza (Proceso, 21 febrero 2017); “El PRI se deslindó ayer de funcionarios acusados de cometer delitos graves… pidió a la comisión nacional de justicia partidaria (…) proceda en función de lo que establecen nuestros estatutos, con estricto apego a derecho y con plena autonomía institucional” (LJ, 2 abril 2017); “El ex dirigente nacional del tricolor (César Camacho) pidió a los electores que los casos de los ex gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo no influyan en su voto” (SDPnoticias, 3 abril 2017).
Aunque el PRI no sea el único partido que tiene y ha tenido gobiernos corruptos, la cantidad de casos que hoy le están señalando está mostrando un efecto consecuente, que es el pronunciamiento de la sociedad mexicana, demandando a la clase política un inmediato y efectivo combate a la corrupción.
Otro efecto importante que se está presentando es la circunstancia de la urgencia electoral de los partidos de oposición al PRI, para distinguirse de ese partido y posicionarse en contra de la corrupción y a favor de su combate. El punto fuerte es que los candidatos y sus partidos -a pesar del arraigo de la corrupción y de sus “sombras”-, están teniendo la necesidad de tomar distancia de la historia del PRI, y mostrarse acordes al sentir de la sociedad y su demanda. Cierto que sólo puede ser mera apariencia electoral, pero la gravedad del problema de la corrupción y sus nefastos efectos en la sociedad, más la cada vez mayor demanda de que la vida pública sea verdaderamente pública y transparente, llevará a que los próximos gobernantes tanto en este año de 2017 como en el 2018, si no es por personal convicción para combatir el mal, sí sea porque la sociedad tiene ya mayor capacidad de vigilancia sobre el uso de los recursos públicos, logrando así disminuir los casos de corrupción.
Finalmente, el escenario electoral actual está ubicado en dos posiciones: quienes en el discurso se pronuncian contra la corrupción, pero en los hechos se muestran utilitaria y comprometidamente como sus defensores, y, los que por conveniencia tienen que oponerse con contundencia a ella. Observemos resultados.
