- El objetivo del Observatorio es coordinar acciones que promuevan la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones en el país
- Reticencias estructurales han provocado una complejización de las manifestaciones de la violencia política con elementos de género
La magistrada presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, inauguró la Primera Reunión Anual 2017 del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, en la que participaron la magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, el presidente y la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello y Adriana Favela Herrera; la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez; la titular de ONU Mujeres en México, Ana Güezmes; el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Alexandra Haas Paciuc, así como instituciones políticas, organizaciones de la sociedad civil, académicas y especialistas integrantes del Observatorio.
“El quehacer jurisdiccional cristaliza y da vida a los derechos reconocidos en los ordenamientos jurídicos. Nuestras sentencias tienen el poder de intervenir el proyecto de vida de las personas. En efecto, quienes impartimos justicia electoral, con base en el Derecho y sus principios, determinamos si la paridad fue o no respetada y, por tanto, si una mujer tiene el derecho a ocupar determinado lugar. Establecemos si existió violencia política y, por tanto, las consecuencias jurídicas de las acciones emprendidas en contra de una candidata o funcionaria. Nuestras resoluciones tienen el efecto de empoderar a las mujeres y colocarlas en un lugar de mayor seguridad para el ejercicio de sus derechos políticos”, destacó Otálora Malassis.
Señaló que de cara a los procesos electorales del 2017 y 2018, se perfilan al menos cinco temas que en la competencia de cada institución deben de ser atendidos. Mencionó la conceptualización judicial de la violencia política de género, que debe de ser explorada más allá de la que se ejerce basada en el sexo y género de las personas, y abarcar aquella derivada de los impactos diferenciados, desproporcionados o interseccionados. “Por ejemplo, el ser candidata independiente y ser mujer, puede implicar desequilibrios de poder que tienen que tomarse en cuenta al momento de impartir justicia”, agregó.
La magistrada Otálora Malassis abordó los casos de mediación en temas de género; el derecho al olvido de víctimas de violencia política o de actores acusados de violencia política, que soliciten sea borrada la información en internet; y las consecuencias jurídicas de la violencia electoral, cuando debe anularse una elección o cancelar la participación de un candidato.
El presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, señaló que a poco más de dos años de su creación, el Observatorio se va fortaleciendo como un espacio de deliberación donde se comparten y se analizan los problemas estructurales que afectan a la construcción de una sociedad igualitaria, paritaria 50/50 y por el otro como una vitrina pública para mostrar y difundir los avances que vamos logrando para cerrar las brechas de género.
“Reconozco que el trabajo coordinado que hemos realizado primero bajo la presidencia del Inmujeres, después bajo la presidencia del Tribunal Electoral, ha contribuido a visibilizar más, mucho más la problemática que enfrentan las mujeres en la vida pública y las medidas institucionales y de política pública que estamos impulsando para enfrentarla”, precisó Córdova Vianello. En el caso del INE, mencionó que la institución impulsa la participación de su Servicio Profesional Electoral para lograr en el mediano plazo una estructura paritaria entre hombres y mujeres.
El consejero presidente del INE refirió la necesidad de debatir sobre el tema de la violencia política de género, a fin de lograr la mejor definición y conceptualización institucional posible, pensando siempre en el resguardo de los derechos de las mujeres y también en avanzar en la construcción de una política pública de cultura cívica en donde la agenda de género tiene un rol fundamental.
“Las reticencias estructurales a una mayor participación de la mujer en la vida pública han provocado una complejización de las manifestaciones de la violencia política con elementos de género. Estas sofisticaciones y mutaciones del fenómeno han repercutido en los intentos de clasificar el problema e incluirlo incluso en una reforma a las leyes, de ahí la importancia de la dimensión conceptual que tenemos que afinar precisamente para no errar el tiro hacia el futuro”, expresó.
La magistrada del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso, puntualizó que para avanzar en la concreción de los objetivos del Observatorio, es necesario el empoderamiento de la sociedad civil, a través del intercambio de experiencias exitosas y estudios para que la ciudadanía conozca y articule estrategias en el marco de sus agendas; la construcción de redes sociales, como instrumentos de coordinación y cooperación entre autoridades e instituciones; el fortalecimiento de la obtención y sistematización de información nacional y para las entidades; y la toma de decisiones para el diseño e implementación de políticas públicas.
“La presente magistratura reconoce como un reto institucional el ejercicio de una paridad de género sin violencia. México vivirá especialmente este año y el siguiente, un número sin precedente de elecciones tanto en el nivel federal como en las locales”, dijo la magistrada Soto Fregoso.
Llamó a organizaciones, instituciones y autoridades a consolidar un “Observatorio que ofrezca estrategias, materiales, actividades, programas y prácticas exitosas, y que a su vez permitan desarrollar competencias, construir redes ciudadanas, fortalecer estrategias de prevención, a través de la vinculación y difusión de acciones exitosas en pro de la defensa y fortalecimiento de los derechos político electorales de las mujeres mexicanas y el ejercicio de la paridad sin violencia contra las mujeres”.
La titular de Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, dijo que “la plena y efectiva participación de todas las instituciones integrantes de este mecanismo fortalece la democracia en México. El trabajo del Observatorio es permanente y su finalidad desde su creación ha sido ordenar, visibilizar y sistematizar los constantes esfuerzos institucionales de los tres Poderes de la Unión, de la Administración Pública Federal, de los organismos autónomos, los partidos políticos, de las sociedad civil y la academia con el objetivo de impulsar y fortalecer la presencia permanente y liderazgo de las mujeres en el acceso a cargo de elección popular”.
Cruz Sánchez destacó que en dos años y medio el Observatorio ha logrado ser un referente en materia de transparencia, rendición de cuentas y sobre todo como un espacio de información sustantiva y acciones efectivas para garantizar la paridad. “Por ello hoy estamos aquí nuevamente para dar continuidad al trabajo interinstitucional para refrendar nuestro compromiso al cien por ciento con las mujeres en México y coadyuvar en el ejercicio de nuestros derechos político-electorales”.
La consejera electoral del INE, Adriana Favela Herrera, manifestó que con el principio de paridad entre los géneros en el registro de las candidaturas, ahora hay un número mayor de mujeres en cargos de elección popular, sin embargo, se ha incrementado la violencia política contra ellas y se les ha obligado a separarse de sus cargos de elección popular o se les impide ejercerlos con normalidad: “Por ello, las autoridades del Estado mexicano debemos actuar en forma oportuna para erradicar este fenómeno. Me parece que una medida en este sentido es que las autoridades fomentemos una relación cercana y fluida con las mujeres que fueron electas para verificar que continúen desempeñando sus cargos, esta verificación que debemos realizar las autoridades puede servir de prevención de esta deplorable práctica porque se podrían detectar casos oportunamente antes de que se concreten y de que las mujeres sean separadas de sus cargos y se vuelva un problema de índole social, como ocurrió en Chenalhó y en Oxchuc, Chiapas.
“Si las autoridades no actuamos oportunamente es probable que las mujeres se nieguen a participar en próximas elecciones al no contar con circunstancias que garanticen su seguridad.”
Con información del TEPJF
