El voto de los ciudadanos en México, a pesar de los muchos defectos que todavía tiene la democracia, ha pasado de ser un mero trámite de la época hegemónica del PRI, a ser un momento decisivo para la conservación o pérdida del poder de un partido político en la institución social llamada Gobierno. Por encima del principal factor de perversión de una elección, como es la compra de votos, hemos observado en elecciones recientes, no obstante los resultados generados a favor de uno o de otro partido, la libertad que ejercen los electores al momento de decidir a qué candidatos y partidos darán sus votos, siendo notable la pérdida de gubernaturas del PRI.
En las elecciones del año 2016, el dirigente nacional del PRI, Manlio Beltrones, aseguró tajantemente que su partido ganaría 9 de las 11 gubernaturas en juego; el resultado electoral no validó sus afirmaciones -ganaron 2-. Fue ya una ocasión en que el PRI palpó el tamaño del reto que enfrentaba para la conservación y reproducción del Sistema de Gobierno creado por ellos, siendo la corrupción una de las características más reclamadas por la sociedad.
La pobre respuesta que han dado los gobiernos del PRI a la demanda ciudadana de transparencia y rendición de cuentas, ha aumentado la presión sobre los casos de corrupción, a la que los partidos de oposición se han unido.
El efecto para las elecciones de 2017 y 2018, es un panorama difícil para el PRI, motivo por el que les ha surgido la emergencia electoral, que los lleva, de acuerdo al lema de campaña del candidato a gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, a ir “Fuerte y con todo”; es decir, a tomar cualquier medida y recurso que les permita conservar -a como dé lugar- los gobiernos de los estados de México, Coahuila y Nayarit, en el 2017, y la presidencia de la República en el 2018.
Con la ayuda del Diccionario de la RAE, precisemos: “Emergencia: Situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata; ‘De emergencia’: Que se lleva a cabo o sirve para salir de una situación de apuro o peligro; Urgencia: Necesidad o falta apremiante de lo que es menester para algún negocio”, todo ello en el contexto de la conservación del poder.
Entonces, para recuperar la credibilidad de los electores, que tienen como fuerte demanda el combate a la corrupción, el gobierno capitalizó la detención de Tomás Yarrington, en Italia, y solicitó la de Javier Duarte en Guatemala. Inmediatamente, el presidente Enrique Peña afirmó que las capturas son un mensaje contra la impunidad.
Observamos, entonces, dos líneas de discurso: el que maneja Peña y su gobierno -de una extraordinaria eficiencia en la inteligencia y la investigación criminal-, y el que muestran los hechos de cómo fueron, en realidad, las capturas. En el caso de Yarrington, mientras la PGR informó que la detención se debió a la petición mexicana, la Policía italiana informó que la captura se debió a una orden solicitada por la autoridad judicial estadunidense (Sinembargo, 17 abril, en la red).
Con la captura de Duarte comprobamos que lo que mueve al gobierno de Peña no es el combate a la corrupción, sino la emergencia electoral del PRI. La fiscal de Guatemala, Thelma Aldana, afirmó que no lo detuvieron antes porque la PGR no lo había solicitado (Sinembargo, 17 de abril, en la red). Además, ante la debacle electoral, en octubre de 2016 la SHCP hizo ‘una investigación’ sobre Duarte, solicitando a la PGR una orden de aprehensión. Es así que el fiscal guatemalteco, José Antonio Galdamez informó que las autoridades mexicanas determinaron que Duarte “Creó red criminal desde que inició su mandato en Veracruz” (LJ, 20 abril), lo que significa que, si fuera en serio, hubieran actuado desde hace mucho tiempo. Es evidente, entonces, la ‘partidización’ de la PGR, ahora para dar la idea de que los gobiernos del PRI combaten la corrupción.
Todavía más, uno de los importantes beneficiarios de la corrupción del gobernador Duarte, fue Enrique Peña, motivo por el que están ‘atados de manos’ en el caso y no pueden moverse con transparencia y justicia, y sólo lo utilizarán de propaganda electoral. De ahí que, seguramente, el acuerdo de Peña con Duarte implica afectarlo lo menos posible, por lo que éste declara que “Allanará su extradición si se le juzga por desfalco menor” (LJ, 21 de abril).
Un receso
La construcción de ciudadanía impulsada por este diario La Jornada Aguascalientes, exige de los colaboradores, como es “De política, una opinión”, el ofrecer reflexiones que ayuden al desarrollo de la conciencia ciudadana. De esta manera, para mantener el ritmo de aportaciones para conocer, entender, comprender y explicar la realidad política que vive nuestro país, es necesario realizar, en alguna ocasión, un ejercicio de autoevaluación.
Para ello es útil el revisar las herramientas teórico-conceptuales que se utilizan en el análisis político, el método y el sistema aplicado para llevar a cabo el ejercicio, observar si los objetivos propuestos se están logrando, si la subjetividad no elimina o anula la objetividad, qué tanto están presentes las ‘fijaciones’ políticas que impidan considerar el panorama de manera completo, etcétera.
Nuestro país vive una situación política en que es evidente la lucha ciudadana por la transformación de un sistema de gobierno añejo y pervertido, que impide la solución de problemas tan sentidos como la pobreza y la injusticia, para llegar a otro sistema en el que ciudadanos y gobernantes cumplan con el Estado de Derecho, que incluya una administración pública eficiente y eficaz, que sirva a los ciudadanos.
Para este servidor de ustedes, es momento de hacer un receso en la colaboración dominical a este periódico, por lo que agradezco a La Jornada Aguascalientes la oportunidad de haber podido ofrecer a los lectores una opinión -entre miles- sobre los tópicos diversos de política y gobierno que vivimos en nuestra cotidianeidad.
A los lectores, gracias, muchas gracias.
