Son cerca de las 10:00 de la mañana y me dirijo a la universidad. Prendo la radio y alcanzo a escuchar parte de la entrevista que la reportera Rocío Gutiérrez en el programa Más allá de la noticia hace al delegado de Semarnat, Gilberto Gutiérrez, respecto a la autorización que dicha dependencia otorgó a la empresa que intenta construir la Plaza Outlet Aguascalientes. El delegado de Semarnat justifica la negligencia de la dependencia a su cargo argumentando que se cumplieron todos los procesos a seguir. Llama mi atención que como parte de estos “procesos” o artimañas políticas, como habría que exponerlo, el delegado alude a que parte del proceso conlleva la publicación en una gaceta ecológica aquello que tenga que ver con un impacto ambiental y en cuya gaceta, según explica el delegado, se pone a consulta pública y “donde se pueden recibir comentarios de la comunidad y de la gente que tenga inconveniente en esto y ahí pueden hacer todos sus comentarios”. Al no haberlos, según expuso el delegado, fue autorizado el permiso el 16 de diciembre para la construcción de la plaza, es decir en tan sólo cerca de cinco semanas de la fecha en que se había solicitado el permiso. Atrae también mi atención la llamada de un ciudadano al programa, quien expresa su frustración y molestia por el hecho de que a los constructores de la plaza sólo se les haya cobrado 80 mil pesos por los 200 árboles, mientras que, a él por tan sólo derrumbar un árbol para la construcción de la casa, le quieran cobrar 60 mil pesos por cada árbol. Dentro del mismo programa radiofónico interviene la presidente del Colegio de Biólogos de Aguascalientes, quien invita a sumarse a la colecta de firmas a través de la plataforma change.org y convoca a los “indignados”, como ella llama a quienes han expresado su oposición a la construcción de la plaza, a tomarse una fotografía abrazando un árbol y subir su foto a la red social con el hashtag #contraelecocidio221.
Durante la semana se publican y se comparten notas al respecto. Los medios de comunicación buscan informar a la ciudadanía sobre lo que está pasando, las declaraciones de los funcionarios y ambientalistas, las omisiones de las dependencias, los actos de corrupción, el asalto en despoblado, en sí, del Ecocidio. No comparto las notas. Hay algo que supera mi malestar, y es que, me parece cínica y absurda no sólo las prácticas oscuras de los funcionarios públicos, sino también la respuesta del ciudadano que reclama el porqué a él se le quiso cobrar más, y la intervención de la presidenta del Colegio de Biólogos que llama a sumarse a firmar una inconformidad a través una plataforma en línea, y tomarse una fotografía abrazando a un árbol como símbolo de indignación.
Consulto entonces la gaceta ecológica a la que hace alusión el delegado de Semarnat donde, según él dice, además la gente puede exponer sus comentarios. La gaceta no es más que un mero listado de las solicitudes hechas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. De hecho, el título es Listado de Ingreso de Proyectos y Emisión de Resolutivos derivados del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, y en el número 58 del año 2016, el caso de Plaza Outlet Aguascalientes, como el resto de los casi un centenar casos que se exponen de todo el país, sólo los menciona que el proyecto consiste en el cambio de uso de suelo de Terrenos Forestales para la posterior construcción de una plaza comercial, además de algunas características de la construcción, pero nunca acerca del impacto ambiental. Para el delegado Gilberto Gutiérrez enlistar en una publicación digital la solicitud de cambio de uso de suelo es poner a consulta de la ciudadanía, cuando en realidad es sólo cubrir un proceso administrativo como parte de la solicitud. No hay espacio para comentarios, ni reclamos ni cuestionamientos.
Cambiar la relación del Estado y los ciudadanos, y reconocer la importancia de los medios de comunicación para incentivar la participación ciudadana razonada, plural e incluyente en los intereses de la sociedad es urgente. Sin duda, las prácticas de los gobiernos han fomentado la pasividad de la ciudadanía, y se confunde el activismo con el mero uso de las redes sociales como espacio para la indignación no para la acción, porque incluso la acción queda disfrazada por los gobiernos con la falta de publicidad, de la exposición de lo público y que debe ser interés de los ciudadanos. Los ciudadanos hemos sido inhabilitados y hemos permitido que nuestro recurso sea la indignación ante la falta de información y el fortalecimiento de los canales para ello.
Los gobiernos estatales han confundido la publicidad con la propaganda política, la propaganda de la imagen, cuando la publicidad es hacer público no sólo las decisiones o los “logros” sino los interese de la ciudadanía, quien además ha confundido sus intereses privados o de grupo por los intereses que son públicos y nos confieren a todos. Si bien en ya los cerca de cien días de la administración de Martín Orozco no hemos visto su imagen personal como propaganda tal como hacía Carlos Lozano de la Torre, quizá como una estrategia de diferenciación en la forma de hacer “política”, el gobernador actual tiene en sus manos la oportunidad de hacer un cambio en la forma de comunicarse con los ciudadanos, y no sólo a través de la información que se desprenden de los boletines o de su área de comunicación social, sino de establecer una abierta y solidaria relación con los medios que faciliten la participación ciudadana, no sólo en el acceso a la información sino en la efectiva publicidad de la información a través de los medios para los cuales la sociedad ha conferido además la responsabilidad de ser informados. Modificar los procesos de información a la ciudadanía confiere un alto sentido de transparencia, fomenta la participación ciudadana y fortalece sociedades democráticas a la luz de un diálogo. El empoderamiento del ciudadano a través de la información de los asuntos públicos es una gran deuda de nuestro Estado. El ciudadano y ninguna sociedad organizada puede estar siendo habilitada sólo para subir la fotografía de la indignación, o pedir un trato justo en el cobro.
La luz a través del dominio público de la información que es obligación del Estado y sus gobiernos fortalecen a la ciudadanía. Los gobiernos no pueden quedarse en garantizar el acceso a la información sino fortalecer la publicidad, la publicación, la distribución y el acercamiento de la información a los ciudadanos a través de los medios. El Estado que no cuida y apoyo a sus medios desatiende una responsabilidad de publicitar los asuntos públicos. Y aquel que se escuda en la publicación de gacetas, con alevosía limita la participación del ciudadano atribuyéndose un cumplimiento de ley, pero con la nula intención de fomentar y atender un derecho a la información que le permita participar al ciudadano, y no dejar todo en su carácter burocrático y a discreción de los funcionarios en turno. Si bien hemos avanzado en la rendición de cuentas, ahora corresponde avanzar a la difusión de la información en tiempo y forma que permita y fomente la discusión ciudadana, y no, como sucede, como ha sucedido en Aguascalientes, y en el país, ya una vez que los actos de corrupción y negligencia se han llevado a la acción.
Cuando era estudiante universitaria solía esperar mi autobús sobre un amplio camellón arbolado en avenida Aguascalientes. Como desde hace más de 15 años, el autobús podía tardar hasta media hora en llegar. Mientras tanto yo esperaba en la sombra de los árboles frondosos que llegara mi ruta 40. Un día, sin anunciarse fueron derribados todos los árboles justo en el tramo de mi lugar de espera. Atónita ante lo que veía, tuve que cambiarme a la banqueta y buscar ganarle al resto de los pasajeros la línea delgada de sombra que dejaba un poste de luz. Aquel camellón amplio quedó en un pequeño espacio de concreto que no sirve ni siquiera para cruzar la avenida. En aquel momento nadie me informó, no sabía lo que iba a pasar, no lo leí en los medios, nunca se expuso una lona a manera de consulta y ni siquiera la inversión que es lo que siguen pensando los políticos que es suficiente. Estoy segura que no fui la única expuesta ante la extrañeza, tampoco creo que fui la única afectada. El calor del concreto hizo más exasperante mi espera de autobús, y mi espacio urbano más hostil. En aquel entonces no había redes sociales, pero hoy como hace 15 años el ciudadano sigue sin ser informado y consultado, sigue inhabilitado y sólo capaz participar desde la indignación y no a la luz de la información y la inclusión que fortalezca la democracia del Estado.
