- René Urrutia no cumple con el requisito de residencia, establecido en la Constitución local
- Si el juez de distrito da la razón al organismo, los diputados deberán reponer el procedimiento de manera inmediata
El Consejo de Abogados prepara un amparo en contra de la elección del nuevo fiscal general del estado, René Urrutia de la Vega, al advertir inconsistencias en el proceso, llevado a cabo por el Congreso local.
El presidente de la organización, Sergio Delfino Vargas, dijo que dicho recurso, el cual se interpondrá ante un juez de distrito a más tardar el viernes, se fundamenta en dos violaciones a las leyes locales y generales.
El primer argumento, detalló, se centra en que Urrutia de la Vega no es oriundo de Aguascalientes ni cumple con la residencia mínima de tres años en la entidad como marca el artículo 53 de la Constitución Política estatal. El designado titular de la Fiscalía General del Estado nació en Chihuahua y hasta el martes, se desempeñaba como subprocurador regional de Justicia en Celaya, Guanajuato: “No puede estar trabajando en Guanajuato y vivir en Aguascalientes, es ilógico (…); el Código Civil establece en su artículo 25 que el domicilio de una persona es dónde ésta radica con el propósito de establecerse y donde tiene sus negocios”.
Urrutia presentó una carta con el objeto de acreditar su vecindad en el estado, pero la misma no exhibe su credencial de elector, documento clave para comprobar el lugar de su domicilio.
El segundo argumento es la inexistencia de una convocatoria abierta y democrática para la selección del cargo, tal como lo estipula la reforma constitucional para convertir las procuradurías estatales en fiscalías. Según el jurista, esta situación pone en peligro la autonomía e independencia de la Fiscalía General por los próximos once meses, que es el periodo que durará el encargo de René Urrutia de la Vega: “Siendo un fiscal autónomo, no puede estar sujeto al contentillo de los 27 diputados que fueron quienes sacaron la terna”.
Delfino Vargas consideró que si bien el nuevo fiscal tiene la capacidad para ejercer el cargo, muchos abogados aguascalentenses también reúnen el perfil que se requiere y pudieron haber competido: “Vemos falta de transparencia en la elección y no queremos que vuelva a pasar lo mismo, este fiscal durará hasta febrero de 2018 y si nosotros no decimos nada ahorita, no se modificarán las leyes para que se abra una convocatoria en la que todos los aspirantes puedan competir para garantizar una Fiscalía verdaderamente independiente y autónoma”.
Si la justicia federal falla a favor del Consejo de Abogados y otras organizaciones que suscribirán la demanda de amparo, los poderes Ejecutivo y Legislativo estarán obligados a reponer el proceso de elección de manera inmediata.
