- Gobernación, Relaciones Exteriores y la PGR emiten comunicado conjunto sobre el informe La situación de los derechos humanos en el mundo
- AI indicó que es “casi absoluta” la impunidad que gozan los autores de ejecuciones extrajudiciales, violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional
Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como la Procuraduría General de la República (PGR), en un comunicado conjunto, respondieron a las denuncias que reportara el Informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo de Amnistía Internacional. En su informe, divulgado el 22 de febrero en París, en algunos de los puntos tocados en el capítulo sobre México, Amnistía denunció que las desapariciones forzadas con implicación del Estado y las cometidas por agentes no estatales siguen siendo una práctica generalizada y sus responsables gozaban de “una impunidad casi absoluta”. La organización también indicó que es “casi absoluta” la impunidad que gozan los autores de ejecuciones extrajudiciales, violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, además calificó de endémica la violencia contra mujeres y niñas, entre otras deficiencias.
El gobierno de México reconoció los desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos, y refrendó su compromiso ineludible para dar respuesta a cada uno de ellos. En el comunicado, se destacan los siguientes desarrollos en algunos de los rubros abordados en el capítulo sobre México del informe anual de la organización no gubernamental Amnistía Internacional 2016/17: “La situación de los derechos humanos en el mundo”, a continuación, se presentan los postulados de la autoridad:
Ejecuciones extrajudiciales
- A partir del 6 de julio de 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por los hechos ocurridos en Nochixtlán. La Secretaría de Gobernación (Segob) ha mantenido comunicación con las víctimas y familiares a fin de garantizar la asistencia y la atención correspondiente para la reparación del daño.
- El Estado reitera su sólido compromiso de esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables en los caso de Tanhuato, Tlatlaya y Apatzingán. En este sentido, se destaca que en todos los casos hay investigaciones, detenidos y procesados. El Gobierno de México está comprometido con la reparación a las víctimas y con evitar la repetición de sucesos similares.
Apoyo al Sistema Interamericano de derechos humanos
- México reitera su constante apoyo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Durante la profunda crisis financiera tanto de la Comisión (CIDH) como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sufrida en 2016, México tomó el liderazgo para proponer una solución de largo aliento, que permita asegurar recursos previsibles y financiamiento sostenible al trabajo que realizan dichos órganos.
- La propuesta se encuentra en discusión en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y se espera que sea aprobada en la próxima sesión de la Asamblea General de la OEA, en junio de 2017. Para ello, el apoyo y acompañamiento de los usuarios del sistema interamericano y en especial de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental.
Caso Ayotzinapa
- La colaboración con la CIDH en el caso de los estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, no ha cesado. El Gobierno de México reconoció la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyo mandato concluyó en abril de 2016.
- Unos meses después, en julio de 2016, se acordó con los padres y representantes de las víctimas, así como con la propia CIDH, la creación de un mecanismo de seguimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión. El mecanismo, que cuenta con el apoyo irrestricto del Gobierno, es coordinado por el relator de país, comisionado Enrique Gil Botero, y a la fecha ha llevado a cabo dos visitas, de acuerdo con el plan de trabajo correspondiente.
- A lo largo del año se llevarán a cabo seis visitas más, en adición al seguimiento que dará la Comisión en sus períodos de sesiones. Ello fortalecerá la colaboración entre las autoridades encargadas del caso y el mecanismo, y permitirá compartir información con la Comisión sobre la investigación, los esfuerzos de búsqueda y atención integral a las víctimas, en un ambiente de apertura y cooperación total.
Tortura
- Se reitera el rechazo más absoluto a los actos de tortura y el compromiso para prevenir su comisión y sancionar a los responsables. Para esos fines, se han puesto en marcha políticas y acciones encaminadas a su combate, lo que incluye no sólo protocolos de actuación y fortalecimiento institucional, sino también la consideración en el Congreso de la Unión del proyecto de Ley General en la materia.
- El Gobierno de la República confía en que el legislativo apruebe la Ley General muy próximamente, para que, una vez en vigor, ayude a prevenir, combatir y sancionar el delito de tortura de manera homologada en todo el país, y de acuerdo con los más altos estándares internacionales.
Desapariciones
- Se reconoce que la desaparición de personas en México plantea retos muy importantes y se reitera el compromiso de hacerle frente de forma decidida. De esa forma, el Gobierno lleva a cabo mejoras continuas al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, además que ha puesto en marcha mecanismos de investigación y búsqueda, como el Protocolo Homologado aplicable a todas las procuradurías y fiscalías del país. Asimismo, a fines de 2015 se creó la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR.
- Como en el caso del combate a la tortura, el Gobierno de la República confía en que el Congreso de la Unión apruebe muy próximamente la Ley General en la materia, que permitirá fortalecer la prevención de las desapariciones, al tiempo que mejorará la capacidad de búsqueda y homologará los tipos penales. Asimismo, permitirá al Poder Judicial -como único órgano responsable para fincar responsabilidades- fortalecer sus actuaciones en la materia.
Tareas de seguridad pública
- El Gobierno de México reafirma su compromiso para atender la compleja situación en materia de seguridad pública que plantea la presencia de la delincuencia organizada. En tal contexto, las Fuerzas Armadas coadyuvan a esta tarea de forma complementaria y temporal, a petición expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles, y con el fin de salvaguardar el Estado de Derecho y las instituciones democráticas.
- Además, las fuerzas armadas trabajan continuamente para mejorar su capacitación en materia de derechos humanos y en el uso de la fuerza, de acuerdo con estándares internacionales. Se destaca que el número de quejas presentadas ante la CNDH por supuestas violaciones de derechos humanos atribuidas a personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha disminuido sustancialmente: tan solo en 2016 se presentó una reducción del 68%, en relación con el año 2012. Además, presuntas violaciones de derechos humanos imputadas a personal militar en contra de civiles son investigadas, y de encontrarse responsabilidad, son sancionadas en la jurisdicción civil.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
- El Gobierno de México está comprometido con el respeto irrestricto de los derechos humanos de todas las personas migrantes, sin importar su condición migratoria. En este sentido, ha realizado esfuerzos importantes a fin de aumentar sus capacidades para brindar protección a los migrantes que transitan por nuestro país y a los solicitantes de la condición de refugiado y protección internacional.
- Se continuará fortaleciendo a las instituciones y los mecanismos existentes, lo mismo que las asociaciones con organismos internacionales y sociedad civil, con el fin de brindar la mejor protección las personas migrantes que lo requieren, así como a las personas en búsqueda de refugio.
- En este sentido, el Gobierno de la República rechaza cualquier acto unilateral, de cualquier país, que atente contra la dignidad de las personas migrantes y que fomente el racismo, la xenofobia o la discriminación. En ese sentido, México seguirá asegurando la mejor protección a sus nacionales en el exterior, además que fortalecerá la protección de las personas migrantes o refugiados en nuestro país.
Periodistas y personas defensoras de los derechos humanos
- El Gobierno reitera su más amplio reconocimiento a la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas y rechaza categóricamente cualquier acto que busque afectar sus derechos o su integridad. De esa forma, se han puesto en marcha y mejorado los mecanismos de protección, además que se han tomado acciones encaminadas a fortalecer las instituciones y armonizar leyes para asegurar el pleno ejercicio de su labor en nuestro país.
- Asimismo, se destaca que, por invitación del Gobierno de México, el relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, realizó una visita oficial al país del 16 al 24 de enero. Ello, y el compromiso de todas las autoridades de dar seguimiento a las recomendaciones del relator a fin de mejorar la protección de las personas defensoras y periodistas en México, es muestra de la importancia que nuestro país otorga a la cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos.
Violencia contra mujeres y niñas
- México cuenta con un marco normativo y programático para atender y enfrentar la violencia contra las mujeres y niñas, incluyendo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia.
- Se coincide con lo señalado por AI en su informe, en el sentido de que la falta de datos precisos, actualizados y desglosados sobre violencia de género constituye un importante obstáculo para abordar el problema. Al respecto, se destaca que México es un líder regional en la producción de datos indicadores desagregados, ya que cuenta con un Sistema de Indicadores de Género integral que aborda los componentes demográficos básicos e información desagregada de temas generales.
Derechos de los pueblos indígenas
- Para el Gobierno de México el respeto a los derechos de la población indígena, así como la superación de sus rezagos sociales, son una tarea y compromiso irrenunciable de las instituciones. Por ello, diseña y promueve la política pública para la atención de la población indígena y la vigencia de sus derechos y da prioridad al derecho a la consulta previa, libre e informada a comunidades y pueblos indígenas.
Al final del comunicado conjunto, las tres dependencias indican que el “Gobierno de la República toma debida nota de las recomendaciones emitidas por AI en su informe, al tiempo que reconoce el valioso papel de las organizaciones de la sociedad civil en la materia” y reafirma “su compromiso ineludible con los derechos humanos” para reiterar que continuará trabajando en atender las asignaturas pendientes.
