La falsificación de documentos implica una acción de dolo por aquel que lo realiza al reproducir fraudulentamente un documento sin ningún sustento real y legal con pleno conocimiento. En México, el Código Penal Federal establece en su artículo 243 que “el delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días de multa. En el caso de documentos privados, con prisión de seis meses a cinco años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa”. Además, el artículo 244 describe al menos 10 medios por los cuales se comente la falsificación de documentos, entre los que se menciona el poner una rúbrica o firma falsa, alterar un documento verdadero, variando la fecha o cualquier otra circunstancia relativa a la fecha, y “atribuyéndose el que extiende el documento, o atribuyendo a la persona en cuyo nombre lo hace: un nombre o una investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea necesaria para la validez del acto”, entre otros. Además, en el siguiente artículo explica que para que el delito sea sancionable como tal se necesita que concurran, entre otros requisitos “que el falsario se proponga sacar algún provecho para sí o para otro, o causar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero”, es decir, que existe la intención expresa del falsario de sacar algún beneficio, lo cual implica la plena conciencia del acto de falsificación.
El viernes pasado la noticia de la sentencia de cuatro años de prisión y el pago de una multa por parte del alcalde de Calvillo, Adán Valdivia López, por el uso de un certificado de estudios de bachillerato falso nos recordó una práctica que sigue presente dentro de ciertos ámbitos de nuestra sociedad. Tan sólo la Secretaría de Educación Pública, de acuerdo a la nota del publicada en El Universal expuso que de 2002 a 2012 se detectaron mil 914 certificados de bachillerato falsos. Ello motivó que la Cámara de Diputados en 2014 promoviera un punto de acuerdo donde se exhortara al Ejecutivo Federal a reforzar los mecanismos de seguridad de los documentos oficiales que avalen grados académicos, y hace énfasis en sancionar este delito, “por lo que es menester no sólo evitar que se reproduzca la práctica, sino que se castigue a aquellos que han vulnerado la credibilidad de las instituciones académicas y del Estado”.
La nota de carácter nacional que sacara a la luz pública las irregularidades con que se condujo el actual alcalde del municipio de Calvillo van más allá del uso de un documento falso, mismo que, como el propio alcalde lo refiere, lo compró por cinco mil pesos y fue utilizado para ingresar a la Universidad La Concordia. Es, en este sentido una llamada de atención de que la falsificación sigue imperando en nuestra sociedad como un modelo de conducta, y que muestra los niveles de corrupción y falsedad en que ciudadanos, y peor aún, funcionarios y servidores públicos son capaces al imitar un documento para obtener un beneficio. Peor aún, la presencia del diputado federal por Acción Nacional y el propio presidente estatal de dicho partido en la rueda de prensa que el alcalde convoca para exculpar su situación, muestra el nivel de cinismo con que los actores del sistema de partidocracia en el estado son capaces al ignorar las conductas ilícitas de sus propios militantes ahora convertidos en funcionarios. Es evidente que, a sabiendas de haber incurrido en un delito, Adán Valdivia López trata de enmendar el hecho, no por su conducta sino por las consecuencias ante tal gravedad. Y es que, una vez notificado por parte de la SEP de las inconsistencias en su certificado de bachillerato, el ahora alcalde ha expresado que decidió tramitar el examen único de bachillerato, al igual que el de licenciatura. Esto es que el primer trámite para la certificación de sus estudios profesionales por medio de la institución educativa queda en pausa ante la sospecha por parte de autoridades de la SEP de un delito.
El alcalde de Calvillo busca exculparse y hasta victimizarse ante una situación que fue llevado por el dolo y falta de ética el mismo incurre. De acuerdo a los procesos de la Secretaría de Educación Pública, el trámite que se efectúa para la expedición de un título profesional conlleva un procesos administrativo que detecta documentos apócrifos, en donde una vez que se determina su falsedad, se remite para su atención legal en la Dirección General de Profesiones, mismo que lo lleva a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP, y ésta a su vez lo envía a la Procuraduría General de la República para realizar el procedimiento e integrar la averiguación. En todo este trayecto administrativo, característico de la burocracia mexicana podemos de estar hablando de meses, o hasta años en que el presunto infractor puede recibir una sentencia, y tiempo suficiente para que, como se entiende fue el caso del actual alcalde, decida “recomponer” su situación académica a través de los exámenes únicos de conocimiento, documentos que como él mismo señala, no cuentan con ninguna impugnación, pero que al mismo tiempo tratan de ocultar la compra de un certificado previo, y con ello la burla a la propia institución educativa donde se matriculó haciendo uso de dicho documento ilegal.
Las declaraciones del alcalde más que buscar “recomponer” su honorabilidad ante la difusión del delito antes cometido y explicar los cauces legales que siguió para su atención, pone en evidencia la falta de sensibilidad de los servidores públicos, y de los legisladores ante la necesidad de erradicar estas prácticas de corrupción tan arraigadas en el sistema político mexicano. Falsificar un documento, de carácter público o privado es un delito: un certificado de inglés, una credencial de elector, una credencial del Insen, una credencial de estudiante cuando no se es para obtener un beneficio es un delito. No es sólo la falta la que está expuesta, sino el demeritar la gravedad por los propios servidores públicos encargados de ordenar dentro un marco legal las relaciones entre los ciudadanos y a su vez con las instituciones. Olvida el alcalde que él es un funcionario público responsable de una institución de Estado y no un mero ciudadano desde cuyo carácter dice defenderá sus derechos. En tal caso, bien valdría renunciar o solicitar licencia mientras lleva a cabo su proceso penal.
En tiempos donde la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos es cada vez más delicada, y con un municipio como Calvillo con altos índices de emigrantes de Aguascalientes y del país, el ejemplo de Valdivia López y su justificación de que al regresar a Aguascalientes decidió comprar su certificado, representa no sólo un reto para las políticas migratorias del estado de Aguascalientes y sino la capacidad del Estado en la formación de los ciudadanos con ética y responsabilidad evitando que estas prácticas se repitan. Por ello, la omisión de las instancias gubernamentales ante este caso, y la comparsa del diputado federal y la del presidente de partido político donde milita en alcalde, refleja la poca importancia que para los funcionarios públicos tienen estas conductas y la falta de capacidad, pero sobre todo el interés del Estado para extinguirlas, y donde, además, coadyuvan a la invisibilidad de estas conductas, protegiendo y promoviendo el uso de estas prácticas. La falsificación de documentos es un delito grave y que debe sancionarse porque es un problema de corrupción, en donde “la corrupción significa de manera gradual, pero in crescendo, la destrucción de la vida institucional, el desprecio por la legalidad y el triunfo de la ilegitimidad y de la inmoralidad”. Es el ciudadano burlando las instituciones, las universidades y las empresas donde el ciudadano se atribuye una investidura que no tiene y busca sacar provecho para sí mismo. Si cada vez que una persona presenta una credencial falsa para obtener un descuento, si cada vez que un estudiante o profesor falsifica un certificado de idioma, si cada vez que un trabajador presentar un falso certificado médico se sanciona conforme a las leyes, este tipo de conductas ilícitas y el seguimiento pertinente de la acción favorecerá a su erradicación dentro de un sistema de valores sociales altamente demeritados por el propio sistema político. Y es que si bien es una práctica tan arraigada en nuestra sociedad, es sólo ante la visibilización inminente cuando el infractor acepta su falta y en algunos casos trata de enmendarla, aunque el daño a las instituciones ya se ha realizado.
Más allá de la comparsa política de nuestros representantes populares, o los golpes de pecho de quienes han sido expuestos en sus faltas, se debe exigir la visibilidad de una problemática que permea en todos los ámbitos de la vida social y pública de nuestro país, debe hacerse valer la ley y no dejarla en letra muerta o bajo la interpretación de los intereses políticos de partidos políticos y funcionarios de gobierno pues es innegable la urgencia de generar un cambio de conducta dentro de la sociedad. No se trata sólo de una acción coercitiva a través de la aplicación de la ley sino también de políticas públicas que atiendan una transformación en la conciencia de los ciudadanos, algo para lo cual los representantes políticos no están ayudando. Si reconocemos que “todo acercamiento plausible al tema de la corrupción obliga a identificar verdades de diversa clase… una de las más importantes es la siguiente: las sociedades se distinguen por sus respectivos grados de corrupción. Esto es un hecho: hay sociedades más corruptas unas que otras y no hay ninguna en la que la corrupción esté totalmente ausente. En este sentido hablar de un estado ideal o de un estado perfecto no es más que aludir a posibilidades lógicas, pero no a realidades. Lo que sí podemos decir es que hay sociedades menos imperfectas unas que otras, menos echadas a perder unas que otras”. No dejemos entonces que la nuestra sea de estas últimas, y reconozcamos, visibilicemos y sancionemos estas prácticas y exijamos que nuestros representantes también lo hagan. El caso del alcalde no es el primero y desafortunadamente seguro no será el último, como tampoco de quien falsifica la credencial, el certificado de idiomas o el médico, pero si lo seguimos permitiendo entonces cuándo viviremos en un estado legal y de respeto a las instituciones en especial aquellas que nos representan como ciudadanos.
