- En 2016, informa el Inegi, el 58.1% de la población de 15 y más años se encuentra unida: 31.4% es soltera y 10.5% es separada, divorciada o viuda
- De los 558,018 matrimonios registrados en 2015, apenas 1,749 correspondieron a uniones legales entre población del mismo sexo
- En el país residen 12.4 millones de personas de 60 y más años; 1 381 509 viven solas, y de estas, 94.4% son ex unidas o son solteras, mientras que 5% declararon estar casadas o en unión libre
- Casi el 10 por ciento de las mujeres de 15 y más años con hijos nacidos vivos son solteras. En las adolescentes de 15 a 19 años este porcentaje es del 22.8 por ciento
La mayor parte de la población de 15 y más años se encuentra unida. Así lo indica la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en el tercer trimestre del 2016: casi tres quintas partes (58.1%) se encuentra en esta situación conyugal, mientras que 31.4% está soltera y 10.5% se encuentra separada, divorciada o viuda. Esta estructura cambia radicalmente conforme la edad de la población; por ejemplo, gran parte de los hombres jóvenes (15 a 29 años) son solteros (73.3%), en tanto que en edades más avanzadas el predominio de la población unida es mayor: en los hombres de 30 a 59 años y en los de 60 y más añosdicha proporción llega a ser del 79.8% y 76.4%, respectivamente.
En las mujeres se observa una configuración diferente ya que su unión se da a más temprana edad. Es por ello que 36.2% de las mujeres jóvenes se encuentra casada o en unión libre (10.5 puntos porcentuales más que los hombres de la misma edad). En el grupo de 30 a 59 años, existe un claro dominio de las mujeres unidas, sin embargo, su porcentaje es menor respecto a los varones en más de ocho puntos porcentuales lo que significa que hay un gran contingente de mujeres que se encuentran separadas, divorciadas o viudas (13%) y aumenta en aquellas que tienen 60 y más años (43.2%).
Distribución porcentual de la población de 15 y más años por sexo y grupos de edad según situación conyugal, 2016
Fuente: Inegi-STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2016. Tercer trimestre. Consulta interactiva de datos.
Mediante el análisis de la situación conyugal, es posible identificar múltiples contextos de vulnerabilidad, lo cual resulta importante en el diseño de políticas públicas encaminadas a mejorar el nivel de vida de la población. Un ejemplo de ello son las mujeres que ejercen su maternidad estando solteras. De acuerdo a la ENOE, 9.6% de las mujeres de 15 años y más con hijos nacidos vivos son solteras; en las adolescentes de 15 a 19 años este porcentaje es 22.8 por ciento. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, “Cuando las gestantes son adolescentes solteras, es mucho más probable que se trate de un embarazo no deseado”. Además argumenta que el riesgo de muerte materna es mucho mayor cuando la madre es joven y es más probable que abandonen la escuela al quedar embarazada, “Lo cual tiene consecuencias a largo plazo tanto para ellas mismas como individuos, como para sus familias y comunidades”.
Otro aspecto que se encuentra en la agenda pública es el trabajo no remunerado. Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), “La desigual división sexual del trabajo es el factor explicativo de muchas discriminaciones que afectan a las mujeres”. Lo anterior se puede observar cuando se compara el tiempo empleado en el trabajo no remunerado en el propio hogar. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014, los varones de doce y más años le dedican en promedio 9.7 horas semanales, mientras que en las mujeres de la misma edad el tiempo que dedican es de 29.8 horas. Ello hace una diferencia de 20.1 horas a la semana y aumenta a 28.5 horas cuando hombres y mujeres se encuentran unidos.
Buscar los mecanismos institucionales para potencializar el desarrollo de la mujer es una prioridad gubernamental en nuestro país. Así lo hace ver el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, cuando señala que “la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el trabajo remunerado y no remunerado se concibe como la estrategia para que las mujeres alcancen la igualdad sustantiva”.
La viudez es un evento que provoca la ausencia de alguno de los padres, lo que coloca a hijos y cónyuge en una situación de vulnerabilidad. Otros eventos que provocan la conformación de hogares monoparentales son la separación o el divorcio. En la actualidad hay una preocupación del Estado por proteger a los hogares monoparentales con jefatura femenina, ya que un posible deceso “coloca a sus hijos en una situación de pobreza, debido a que frecuentemente la madre es la única persona que contribuye al sustento familiar…”. Para cubrir este riesgo, se puso en marcha el programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, “En caso de pérdida de la madre, sus hijos e hijas podrían sufrir un deterioro en la capacidad de satisfacer sus necesidades básicas en materia de educación, salud y alimentación. En nuestro país, datos que proporciona la Encuesta Intercensal 2015 indican que hay 9.3 millones de hogares con jefatura femenina, lo que equivalen al 29% del total de los hogares”.
Bajo otra perspectiva, la separación, el divorcio, la viudez o la soltería conllevan a que las personas lleguen a una edad avanzada viviendo solas. Datos de la Encuesta Intercensal señalan que en el país residen 12.4 millones de personas de 60 y más años, 1 381 509 viven solas, y de estas, 94.4% están exunidas o son solteras, mientras que 5% declararon estar casadas o en unión libre. Del total de adultos mayores que viven solos, poco más de una cuarta parte (27.7%) se inserta en el mercado laboral como población económicamente activa (PEA). De la población no económicamente activa (PNEA), 11.1% recibe ayuda de alguien que vive en otro país; 22.8%, de alguien que vive en otra vivienda pero dentro del país; 49%, de algún programa de gobierno, y 36.1% por alguna jubilación o pensión. Brindar sustento económico a los adultos mayores es sólo uno de tantos apoyos que se pueden otorgar a personas que por su ciclo de vida van perdiendo gradualmente capacidades motrices y cognoscitivas. De acuerdo al artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, es obligación de familiares, instituciones y sociedad proveer a esta población de una vida con calidad.
En 2015 se registraron 558 mil 18 matrimonios, de estos, 556 mil 269 son uniones legales de distinto sexo (99.7%), y 1 749 (0.3%) corresponden a matrimonios legales de personas del mismo sexo. En los primeros, sobresale el hecho de que el hombre tiene mayor edad que su cónyuge; ello sucede en 66.4% de los casos, mientras que en 11% ambos tienen la misma edad y en 22.3% el hombre es menor que su pareja. Cabe señalar que en dicho año se llevaron a cabo 20 782 matrimonios donde la mujer era menor de edad (menor de 18 años), y de estos, en 89% el cónyuge tenía 18 o más años. De acuerdo con la ONU, “El matrimonio de niñas y las uniones tempranas constituyen una violación a los derechos humanos de las niñas y son consideradas como prácticas nocivas que afectan gravemente la vida, la salud, la educación y la integridad de las niñas, impacta su desarrollo futuro y el de sus familias, e incrementa la discriminación y la violencia en su contra”.
Respecto a la escolaridad de los contrayentes, se observa un mayor equilibrio en las parejas de diferente sexo, ya que en la mitad de los matrimonios tanto hombres como mujeres tienen la misma escolaridad (51.9%), en 18% el hombre cuenta con mayor escolaridad que su cónyuge y en 19.9% su escolaridad es menor.
En cuanto a los matrimonios del mismo sexo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que en el ámbito internacional, el marco normativo que protege el acceso al matrimonio para las parejas del mismo sexo se establece en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hace la recomendación a legisladores a que “adecuen los correspondientes ordenamientos en materia civil y/o familiar con el fin de permitir el acceso al matrimonio a todas las personas y en condiciones tales que se impida cualquier tipo de discriminación”.
En 2010 se registraron 689 matrimonios del mismo sexo, de los cuales, 55.2% se dieron entre hombres y 44.8% entre mujeres; la Ciudad de México fue la única entidad donde se registraron estos eventos. El monto registrado en 2015 conlleva a un incremento del 153.8%, y su registro se da en diversas entidades del país: la Ciudad de México concentra 82% de los eventos, Coahuila 9.7%, Colima 4.1% y Guerrero 1.1 por ciento. En Nayarit, Jalisco, Sonora, Guanajuato, Querétaro, Baja California Sur, Baja California, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Puebla, la participación relativa es menor al 1% en cada una y, en suma, participan con el 3.1 por ciento.
En 2015 se registraron 123 mil 883 divorcios. De estos, 123 mil 786 son eventos de diferente sexo y en 97 casos los cónyuges que se divorciaron son del mismo sexo. Sobre estos últimos, en 2014 es que se registran los primeros casos (41 eventos). Si se consideran solo los divorcios de diferente sexo, en 2015 la edad promedio de los hombres al momento de divorciarse es de 39.7 años y de 37.6 en las mujeres. En cuanto su condición de actividad, en 50.5% de los divorcios ambos forman parte de población económicamente activa; en 22.5% sólo él; en 2.2% solo ella, y en 1.7% ninguno. De las mujeres que se divorciaron, 18.6% tenía mayor escolaridad respecto a su cónyuge; 40.2% tenían el mismo grado de escolaridad y 17.3% era menor.
En los últimos años el número de divorcios ha aumentado en relación con los matrimonios y ello se debe a que un mayor número de personas decide vivir en unión libre, dando paso a menor número de uniones legales. Entre los años 2000 y 2015 el monto de divorcios aumentó 136.4%, mientras que el monto de matrimonios se redujo en 21.4 por ciento.
Relación divorcios-matrimonios 1990-2015 (Divorcios por 100 matrimonios)
Nota: Para homologar la serie, a partir de 2010 no se consideran los matrimonios del mismo sexo y en 2014 y 2015 los divorcios del mismo sexo.
Fuente: Inegi. Estadísticas de nupcialidad. Consulta interactiva de datos.
Cabe señalar que los divorcios se clasifican en administrativos y en judiciales. Los primeros se dan cuando “son tramitados en el Registro Civil, exista mutuo consentimiento de los cónyuges, sean mayores de edad, no tengan hijos o que la mujer no se encuentre embarazada y de común acuerdo hayan liquidado la sociedad conyugal”. Mientras que los judiciales son aquellos en los que “interviene algún juez de lo familiar, civil o mixto, independientemente de que se trate de un divorcio necesario o voluntario”.
En 2015, 88.5% de los divorcios fueron judiciales, y de éstos, en 34.8% de los casos no tienen hijos menores de 18 años; en 30.5% tienen uno y en 22.3% tiene dos. Sólo en 8.5% de los casos tienen tres o más hijos.
Las principales causas de divorcio se dan: por mutuo consentimiento (50.8%), voluntario unilateral (34.4%) y la separación por 2 años o más, independientemente del motivo (8.7%). En suma, estas tres causas representan 93.9% del total de divorcios de distinto sexo, registrados en 2015.
Con información del Inegi
