El debate alrededor de la gestión del servicio de agua potable siempre ha sido importante. La discusión ha sido intensa e, incluso, ha resultado incómoda para algunos de los involucrados. Considero que la mordacidad del diálogo es necesaria toda vez que se garantice la transparencia y se fundamenten los argumentos con indicadores que verdaderamente reflejen las condiciones del servicio de agua potable.
Con respecto a esto, Ricardo Rodríguez Vargas hizo una serie de comentarios críticos acerca de la concesión del servicio del agua en su columna del 2 de enero del presente año publicada en este mismo periódico. A continuación, me permitiré retomar algunos de sus comentarios.
Uno de los primeros señalamientos que formuló Rodríguez Vargas hace referencia a que la opinión pública manifiesta un rechazo hacia el servicio que brinda Caasa. En este sentido, vale la pena citar la encuesta realizada por Ipsos Public Affairs (una de las encuestadoras más importantes del mundo), cuyo objetivo consistió en evaluar el servicio que brinda la concesionaria y la percepción de los servicios públicos en general. En dicho estudio, el Servicio de Agua Potable fue el mejor evaluado, por encima del Alumbrado, Seguridad Pública, Pavimentación y Recolección de Basura.
De igual modo, hay que recordar que las tarifas del servicio de agua están definidas en el mismo título de la concesión y, de hecho, son revisadas y aprobadas por un organismo regulador: Ccapama. Lamentablemente, Caasa está sujeta, al igual que los ciudadanos, a las disposiciones tarifarias de este organismo regulador.
Cabe señalar que de entre los operadores de agua en el país, las tarifas reales promedio de Caasa Aguascalientes están muy lejos de ser las más elevadas. Por ejemplo, la tarifa de 16.2 pesos por m3 facturado en Aguascalientes contrasta con la tarifa de Cancún que llega casi a los 24 pesos o la de León que alcanza casi los 27 pesos. Asimismo, vale la pena traer a la discusión que cada año, Caasa Aguascalientes se ha visto en la necesidad de hacer numerosos reajustes a favor de sus clientes en las facturas que emite. Lo anterior a causa del marco tarifario obsoleto al que la empresa debe ajustarse, además, este marco tarifario ha sido retocado año tras año y administración tras administración.
Aunque Caasa Aguascalientes está en todo el derecho de cobrar lo estipulado por la ley, hemos otorgado históricamente un cinco por ciento de descuento indirecto en la facturación, mismo que en 2016 llegó a un diez por ciento, esto con el objetivo de ayudar a la población a cumplir con su obligación de pago. Todo lo anterior se ha dado en un contexto sociopolítico muy adverso, a causa de una serie de modificaciones que se realizaron durante el 2015 a la Ley de Agua del Estado de Aguascalientes, mismas que han afectado claramente la política de cobranza de los servicios de agua potable, en medio de una dura lucha para desacreditar a Caasa en favor de algún tercero.
Es importante destacar que Caasa opera plantas de filtración para remover arsénico y mercurio, asegurando la calidad del líquido que llega a los hogares. Es obvio que estas impurezas existen en todos los municipios de Aguascalientes, pero Caasa, gracias a sus estándares internos y al estar sujeta a estrictas auditorías, debe contar con la información y los recursos necesarios para resolver estas problemáticas, de ahí que la calidad del agua sea mejor en la capital que en el resto de los municipios. Habría que preguntarnos si una empresa pública, mixta o paraestatal que no se sujetaría ni a observación ni a fiscalización estaría en condiciones de mejorar aún más el servicio que actualmente brinda Caasa Aguascalientes.
