Cuando parecía que solo “teníamos cabeza” para pensar en las turbulencias provocadas por la agresividad del nuevo presidente norteamericano, nos encontramos con la saludable impertinencia de Transparencia Internacional, que recién nos recordó que México estaba mal en corrupción y actualmente está peor.
La coyuntura internacional nos obliga a plantar cara a las políticas proteccionistas y fascistoides de Trump, que tocarán fondo creando una nueva realidad; nuevas reglas comerciales, prolongando conflicto en calles de EU y tribunales por los derechos humanos y migratorios, y un muro primitivo que habrá de ser demolido, en meses o años, por la movilización dentro y fuera de aquél país y por el derecho internacional. México entero, con el gobierno actual y el que resulte electo en 2018, tendrá que enfrentar eso y también los lastres como el que nos recuerda Transparencia Internacional.
Sucede que ese organismo internacional elabora periódicamente el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), en el cual 100 puntos significa ausencia de corrupción, y 0 puntos es corrupción total. En 2015, México, con 35 puntos se colocó en el lugar 95 de entre 176 países analizados; en 2016, ahora con 30 puntos, se colocó en el lugar 123: bajó 28 lugares en ese vergonzoso ranking. La calificación más baja entre los países miembros de la OCDE.
Entre los primeros lugares en ese estudio están los países que provocan admiración y respeto en todo el mundo por su desarrollo económico y humano: Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Suiza, Noruega, Países Bajos, Canadá, Luxemburgo, Reino Unido y Alemania. Nuestros socios, Estados Unidos y Japón se encuentran en las posiciones 18 y 20, con 74 y 72 puntos; nuestros hermanos latinoamericanos, Uruguay, Chile y Brasil, en los sitios 21, 24 y 78. España en el lugar 41 con calificación de 58, y China, junto con India en el lugar 79.
México está en la deshonrosa lista de países con mayor descenso en percepción de la corrupción junto con: Qatar, Kuwait, Bahréin, Arabia Saudita, Lesoto, Jordania, Siria, Macedonia, Sudán del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania, Mozambique, Trinidad y Tobago, Ghana y Yemen.
El IPC no es un instrumento exacto, ya que la corrupción es una actividad ilícita ocultada deliberadamente y por ello, difícil de evaluar. El índice se elabora a partir de: sobornos denunciados, juicios iniciados, causas judiciales vinculadas a corrupción y, si bien no constituyen datos absolutos, es información que permite medir la eficiencia de las fiscalías, la actitud de jueces contra la corrupción y medios de comunicación exponiendo hechos relacionados. Para nosotros, ese reporte es valioso porque nos muestra un problema crónico degenerativo del país que avanza como metástasis en todos los aspectos de la vida nacional.
Diferentes organismos nacionales, como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Oxfam, y muchas otras, han venido analizando, denunciando y midiendo el fenómeno de la corrupción. Han publicado sus conclusiones y señalado que ese problema impacta todos los ámbitos del país y que tiene un costo de hasta 10% del PIB, como concluyó la investigación de María Amparo Casar, México: Anatomía de la Corrupción.
Incluso se ha avanzado en el debate estableciendo que no es un asunto de cultura, sino que es un fenómeno de carácter sistémico que se explica por la incapacidad del Estado mexicano para evitar la impunidad aplicando razonablemente la legalidad para castigar los delitos y garantizar la honestidad en el ejercicio de la autoridad y servicio público.
El reporte del IPC explica la caída de México en ese índice. Señala que se debió a: 1) Falta consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, 2) Faltan contrapesos reales entre poderes, 3) El número y la gravedad de casos de corrupción expuestos a la opinión pública y 4) Los altos niveles de impunidad.
Transparencia Internacional también señala recomendaciones para México: 1) Investigar, perseguir y desmantelar las redes de corrupción de empresas y funcionarios públicos, 2) Transitar de la Procuraduría General de la República hacia una Fiscalía General autónoma, capaz e independiente discutiendo abiertamente la designación de su titular, 3) Que los Congresos, Federal y Locales, cumplan su función de contrapeso a los poderes ejecutivos, 4) Asegurar la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, y crear los Sistemas Locales Anticorrupción, ya que 19 de las 32 entidades federativas no lo han hecho, 5) Priorizar las reformas en materia de adquisiciones y obra pública, 6) Garantizar que los órganos de fiscalización estatales sean contrapesos reales y no solo formales, 7) Garantizar la apertura gubernamental, la integridad y una adecuada fiscalización del gasto público, además de la austeridad anunciada.
La corrupción es un tema permanente en nuestra realidad. No por eso pierde importancia. Al contrario, en estos tiempos en que el inefable Donald Trump provoca irritación nacional y le permite al gobierno mexicano, tradicionalmente envuelto en escándalos de corrupción, envolverse ahora en la Bandera nacional, es útil que Transparencia Internacional nos recuerde otro de los graves problemas de México.
@gilbertocarloso
