La demagogia de la izquierda y su irresponsabilidad educativa / Mar profundo

Frente a mí hay un panel conformado por seis personas. No sé cuántos con el mismo interés que yo han pasado antes frente a él, pero tengo plena seguridad que casi todos provienen de instituciones privadas y en su mayoría ubicadas en la Ciudad de México. Después de cinco minutos de preguntas una de las panelista me cuestiona qué puedo destacar de las instituciones educativas de las cuales provengo. Yo, de provincia, con una licenciatura en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, sin vacilar afirmo que tuve la fortuna de formarme en las mejores escuelas públicas de mi estado, y que mi universidad es reconocida por su constante crecimiento académico. En aquel entonces no formaba parte de la plantilla laboral de esta institución, y sin embargo era evidente que la UAA cada vez tenía más presencia y reconocimiento.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes es una de las mejores universidades del país. Y no, no se trata lo que diga Readers Digest, ni las lista del periódico Universal y tampoco lo que afirma el periódico Reforma, la UAA ha logrado un crecimiento sostenido que otras universidades del país no tienen, y no, la UAA no es la UNAM. Hace unas semanas comentaba con una colega la insistencia de los estudiantes por constantemente comparar a la UAA con la UNAM, “Es como comparar la gravedad de la Tierra con Plutón”, dijo ella. La Universidad Nacional Autónoma de México es una de las más importantes de Latinoamérica, y desde luego la más importante del país. Su Presupuesto de Ingresos está conformado en un 90 por ciento del Subsidio del Gobierno Federal, esto con base en la información provista en su portal de transparencia. El resto está contemplado como Ingresos Propios, que incluye los Productos Financieros, Ingresos Extraordinarios, Ingresos por Servicios de Educación y Otros Ingresos.  

Del total del Presupuesto de Egresos de la UNAM, al menos lo contemplado para su ejercicio en el 2016, la UNAM destina cerca del 76 por ciento del mismo para las remuneraciones, es decir, los salarios del personal académico y administrativo, además de que sus prestaciones y estímulos, que podríamos decir, son cubiertos completamente por el Gobierno Federal, y aun así a la UNAM le queda todavía un poquito. De hecho, en días recientes la UNAM anunció un incremento del 0.6 por ciento en su presupuesto para el 2017, el cual no varía significativamente respecto al año anterior, y para cual recibirá un incremento en su subsidio federal. Incluso una institución como lo es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) su Presupuesto de Ingreso se conforma por más del 65 por ciento del subsidio de la Federación. Pero no todas las universidades se encuentran en las mismas condiciones.

La Universidad de Guadalajara (UdG) no corre con la misma suerte ante la Federación, sin embargo es evidente el compromiso de los distintos actores estatales para el fortalecimiento de la institución. Para esta universidad, al menos para el 2016, su Presupuesto de Ingresos contemplaba poco más del 43 por ciento de Subsidio Ordinario Federal y el 40 por ciento del Subsidio Ordinario Estatal. Así es, el presupuesto que otorga el Estado de Jalisco a su universidad pública es sólo 6 puntos por debajo del que otorga el Gobierno Federal. Es evidente la importancia que tiene para el gobierno, y para los legisladores del estado de Jalisco el aportar tal porcentaje a su universidad. Algo que es evidente, no sucede en Aguascalientes.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes conforma su presupuesto de ingresos a  través del Subsidio Federal, que para el 2016 se contempló en 55 por ciento, mientras que de recursos propios se contempló el 20 por ciento y 25 por ciento del subsidio estatal, el cual no se ha incrementado desde el 2011.  Del 20 por ciento de lo contemplado por ingresos propios corresponde al pago de la matrícula y la colegiatura, derechos de exámenes, revalidaciones entre otros, de manera que fuente importante del presupuesto de ingresos de la UAA se deriva de este rubro. Para su presupuesto 2017 la UAA ha tenido que incrementar su aportación en Ingresos Propios a un 23 por ciento, pues la aportación del Estado ha sido establecida en tan solo el 25 por ciento y el Gobierno Federal ha reducido el subsidio para este 2017.

El días pasados, el diputado local del PRD Iván Sánchez Nájera presentó una iniciativa al Congreso del Estado de Aguascalientes “que busca impedir que la UAA incremente de forma excesiva las cuotas que pagan los alumnos por concepto de inscripción, colegiatura, exámenes, revalidación de estudios y expedición de certificados, fijando un límite al aumento no mayor al 2% de la inflación anual”, pues según comenta el diputado plurinominal “de 2005 a la fecha, el promedio de inflación anual ha sido de 3.32%; en este mismo periodo, la UAA ha incrementado su colegiatura un 56.67%, 4.73% por año” además, abona que “por esta razón, es lo económico y no lo académico lo que determina qué jóvenes tienen la oportunidad de acceder a la educación superior”.

La iniciativa del diputado plurinominal no sólo muestra una total ignorancia del contexto de la educación superior en el país, sino que además desconoce los retos que todas las instituciones de educación pública tienen que enfrentar para lograr un crecimiento y cierta estabilidad que les permita seguir avanzando en la mejora de sus procesos educativos. Además, no toma en cuenta que la población estudiantil en la UAA se ha incrementado en los últimos 12 años al igual del número de programas educativos.

Aunado a ello, con esta iniciativa el diputado violenta la autonomía universitaria al querer imponer las condiciones en las que la UAA debe administrarse, pues la autonomía universitaria incluye la facultad de determinar sus planes y programas y el administrar su patrimonio. Además de ser una intromisión del legislador ante la marcada independencia de la institución respecto a los poderes públicos.

La UAA con fundamento en su Ley Orgánica establece que es facultad del Honorable Consejo Universitario “analizar, aprobar o modificar, en su caso, los planes de desarrollo y demás trabajos de planeación y evaluación académica o administrativa; los proyectos anuales de ingresos y egresos; el informe anual del ejercicio presupuestal; y el informe anual que el rector deberá presentar con una evaluación general del estado de la institución”. A través de su iniciativa el diputado Sánchez Nájera olvida que como universidad pública para la UAA su mayor fuente de ingresos son los subsidios que establece la federación y el estado, y que es el Congreso del Estado el único capaz de modificar la propuesta de paquete económico que envía el Poder Ejecutivo donde incluye el presupuesto que se otorga a la UAA, y que él como diputado podría solicitar una partida más amplia que le permita a la UAA poder solventar sus necesidades financieras. Aunado a ello, Sánchez Nájera desconoce que la aportación del 25 por ciento del subsidio por parte del Gobierno del Estado proviene de la modificación que sí se realizó a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y que en su  Artículo Segundo Transitorios presenta una reforma al incremento del subsidio ordinario anual del Gobierno del Estado: “Para los efectos de la presente reforma, el incremento en el porcentaje del subsidio ordinario anual que se otorgará a la Universidad Autónoma de Aguascalientes se realizará de manera progresiva escalonada, conforme a la siguiente tabla a efecto de que el  porcentaje del 25% tenga aplicación definitiva a partir del año 2011”, de tal manera que en el año 2008 era del 19 por ciento, mismo que creció dos puntos por año, de forma que para el 2011 se logró llegar al 25 por ciento, el cual aún seis años después sigue sin incrementarse.

El aumento a la colegiatura de la UAA está calculado con base en el incremento del salario mínimo, y no de la inflación. Esto le permite a la UAA cumplir con las demandas de los trabajadores quienes por ley deben ser favorecidos con el incremento mínimo y mantener las finanzas sanas.  La UAA como muchas de las universidades públicas del país eroga gran parte de su presupuesto al pago de los salarios de sus trabajadores, y aquí sí tanto la UAA y la UNAM están en condiciones más similares, sólo que la UAA no tienen la misma aportación a su presupuesto que el que tienen la UNAM por parte del Gobierno Federal, y mucho menos la contribución del Gobierno del Estado de Jalisco hacia la Universidad de Guadalajara; un área de lucha para el legislador local si en verdad le interesara la UAA y de la cual es egresado.  Una reforma sustantiva como lo es el incremento al Subsidio Estatal a la UAA en un 40 por ciento como el de la UdG y por Decreto, garantizaría el crecimiento y la estabilidad financiera de la UAA y entonces sí, podría reducir sus cuotas, pero la propuesta del diputado plurinominal llevaría a la institución a un estancamiento e impediría el crecimiento de la matrícula estudiantil imposibilitando con ello el ingreso de más jóvenes de nuestro estado.

La educación superior en México atraviesa grandes dificultades. La falta de espacios educativos y la limitada apertura de plazas docentes son sólo algunos de los problemas que atraviesa. La UAA necesita mantener su crecimiento y fortalecer sus procesos educativos, pero la propuesta del diputado desvía el origen del problema: la falta del apoyo de los gobiernos para hacer de la educación un derecho de todos.

2017 pinta como un año difícil. El aumento en el precio de las gasolinas es sólo el más reciente golpe que desencadenará más condiciones de precariedad para la sociedad y desde luego para la universidad. Los alumnos quieren bajar el costo de la colegiatura y los trabajadores quieren aumentos salariales que les permitan al menos mantener su precario poder adquisitivo. Así las condiciones.

El artículo tercero de nuestra Constitución Política establece que “toda la educación que el Estado imparta será gratuita” y desafortunadamente no lo es, o al menos el Estado no lo muestra así. Cuando hace diez años me preguntaron sobre las instituciones en las que me había formado, todas instituciones públicas, quizá debí agregar que nunca fueron gratuitas. La aportación de mis padres a la Mesa Directiva de los Padres de Familia en primaria y secundaria permitió que los planteles educativos en los que me formé estuvieran en las mejores condiciones porque el mantenimiento de la infraestructura nunca fue una atención que diera el gobierno. Como egresada del bachillerato y licenciatura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes nunca cuestioné a mi institución el pago de mi colegiatura, a pesar de que nunca tuve dinero para pagarla en tiempo, pero sí entendía que era una irresponsabilidad de mis gobiernos, los legisladores y en general la clase política, de gobiernos centralistas, demagogos y poco comprometidos con las necesidades reales del país y sus instituciones educativas.

La propuesta que presenta el diputado es un paliativo para muchos, pero con consecuencias para todos. El incremento real al gasto ordinario por los gobiernos, y en particular del Gobierno del Estado de Aguascalientes es un compromiso por el cual deberá trabajar el diputado, de manera que la universidad siga creciendo, abriendo más espacio, mejorando sus procesos porque la educación será siempre la mejor inversión de todos los gobiernos, y además atiende un derecho ciudadano.