¿Por qué es preocupante la propuesta de Ley General de Archivos?

Los Archivos constituyen la memoria de las colectividades, en ellos se resguardan los documentos que atañen a la vida de una nación, un pueblo, un estado, particularmente me refiero a los archivos de carácter público. La importancia de la definición, funcionamiento y puesta a disposición pública de los documentos que constituyen nuestra memoria histórica y patrimonio documental es elemental en cualquier sociedad que se precie de democrática.

La propuesta por el Ejecutivo Federal de una nueva Ley General de Archivos, por demás esperada y necesaria, ha dejado entrever peligrosos y cuestionables propósitos que atañen a la profesión archivística, a la autonomía del Archivo General de la Nación, al funcionamiento del proceso de transmisión documental, al acceso a la información pública, a la investigación histórica y, finalmente, al buen funcionamiento de la Ley de Transparencia.

Todo documento generado en la administración pública, sea municipal, estatal o federal, se resguarda en sus propios archivos administrativos ya que es documentación que está en uso, posteriormente pasan a un archivo de concentración que es la antesala al Archivo Histórico. El archivo de concentración resguarda la documentación bajo criterios de temporalidad ya que pueden ser requeridos nuevamente por las oficinas generadoras pero también son resguardados para posteriormente definir qué documentos son de carácter histórico. Este trabajo es y debe ser hecho por profesionistas con un amplio conocimiento de la archivística, la historia y la gestión documental, sin embargo, la propuesta de ley no lo contempla.

Por otra parte y amparándose en la ley de protección de datos personales, sería decisión de cualquier persona que sea la encargada si envía o no documentos o series documentales completas a los Archivos Histórico. Bajo esta consigna, se define que una vez que se apruebe la ley se darían tres años para revisar archivos históricos y podrían expurgar documentación sensible, limitando de esta manera la investigación histórica y propiciando la manipulación o desaparición de documentación, lo que ya por ende parcializa aún más la memoria del país.

Otro serio problema radica en quitarle autonomía al Archivo General de la Nación, concentrando las decisiones, administración y recursos en la Secretaría de Gobernación. Lo delicado de esta situación radica en que el secretario de Gobernación tendría todas la facultades de decisión sobre el Archivo cuando es necesario que suceda lo contrario, debería dotarse al Archivo General de autonomía, regulado por un Sistema Nacional de Archivos constituido por representantes de los organismos, instituciones y escuelas especializados en la gestión documental, la archivística y la historia. Sin embargo, con la propuesta de ley este Sistema Nacional estaría presidido por el secretario de Gobernación y las decisiones que tome afectarían no sólo al Archivo General, sino a todo el sistema de archivos públicos del país.

La concentración o centralización de las decisiones que atañen al Archivo General de la Nación y con ello a todo el Sistema Nacional de Archivos en manos de la Secretaría de Gobernación parece estar encaminada a decisiones políticas, al igual que la limitación de acceso a documentación que podría nunca salir de los archivos de concentración.

Una Ley General de Archivos debería tener como prioridad la salvaguarda del patrimonio documental, el acceso libre a la información y el establecimiento de lineamientos claros de transmisión documental, dejando a los especialistas las decisiones que le atañen, sin embargo parece que está sucediendo lo contrario.

Desgraciadamente el poco valor que se le ha dado a los Archivos en el país, arrumbándolos en el olvido colectivo y que pareciera de interés sólo para investigadores y “ratones” de archivo, no nos permite visualizar las implicaciones políticas de la implementación de una Ley como la propuesta.

Además, la problemática cotidiana que se enfrenta en los archivos se debe al poco interés de las administraciones por la salvaguarda documental, lo que se ve reflejado en los limitados recursos asignados. También, la no valoración del trabajo archivístico se refleja en la poca o nula capacitación de los trabajadores de archivos y en la limitadísima contratación de profesionistas en las áreas requeridas.

Con la propuesta de Ley todas estas problemáticas se ahondarían ya que no las contempla de fondo, estamos nuevamente frente a decisiones tomadas por políticos sin considerar a los especialistas, lo que crea un distanciamiento entre las problemáticas reales, el fortalecimiento y desarrollo de una tradición archivística y la ley, siendo que México es un país de una gran tradición documental.

Parece a todas luces que la Ley General de Archivos propuesta por el Ejecutivo tiene intereses más de carácter político enfocados a la concentración, parcialización y censura de la documentación, limitando así el desarrollo de la democracia y todo ello, además, en detrimento del Patrimonio Documental de la Nación.

Es por ello que debemos estar pendientes de la promulgación o no de esta propuesta de Ley, ya que afecta de manera directa el libre ejercicio de la investigación y a la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública. Sin una buena Ley General de Archivos el deterioro del ejercicio democrático estaría falto de uno de sus pilares fundamentales.