Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario
José María Morelos y Pavón
En un estado democrático, social y de Derecho como el que muchos mexicanos aspiramos a construir también en 2017, el monopolio de la violencia y la facultad de procurar y administrar justicia, “pronta y expedita” como ordena taxativamente nuestra Constitución, son exclusivas del Estado, siendo además una de las razones fundantes de su existir como entidad política y jurídica, según Max Weber.
Así, se entiende que los individuos ceden parte de su libertad y su autonomía personal y la confían al Estado, que legisla y hace cumplir las leyes en beneficio de la convivencia social pacífica.
Los problemas vienen y crecen cuando a cambio de esa cesión de libertad que los ciudadanos hacemos, no recibimos las garantías mínimas de seguridad y protección de nuestras vidas y bienes. Así, el estado pierde su razón de ser y se vuelve una pesada carga y un obstáculo para la evolución de las sociedades a las que se supone que debe servir. De allí que a los empleados públicos se les llama “servidores públicos”. Nótese que la violencia de diferentes actores sociales contra los ciudadanos no es solo física, que es la más extrema y grave, sino sobre todo política, social y económica.
En este sentido, el Estado mexicano nos quedó a deber casi desde su propia fundación, pues nunca en la historia tuvimos un país de leyes ni un estado de derecho consolidado. Mucho menos un Estado Social y de Derecho; y ésta es sin duda, una de las razones que explican la enorme crisis actual.
Difícil entonces disentir de lo expresado por el colega López Ovalle en su texto, pues es más que evidente que la impartición de justicia requiere una reforma integral en México. Y dice bien cuando comenta que no sólo la penal, sino que es el conjunto completo de ramas y materias, es decir el sistema entero el que requiere reformas urgentes. Entonces, la pregunta es simple y a la vez compleja: ¿por qué no se hace? Hay muchas respuestas posibles a esta cuestión, pero dejémoslo para otro momento.
Aunque no es tan porfiriano (por antiguo, aunque sí por autoritario) lo que López Ovalle nos comenta, pues como se sabe, muchas prácticas brutales de un estado corrupto y represor que pensábamos superadas, como el “mátalos en caliente” o la “ley fuga”, son por desgracia muy cotidianas en México. Así lo documentó la CIDH en su reciente visita a México, y así aparece consignado en su informe anual. También otras expresiones de brutalidad extrema desde el poder, como la tortura y la agresión sexual, o la simple detención arbitraria, se siguen produciendo todos los días, más de cien años después de muerto el dictador Díaz.
Y así tenemos un régimen claramente autoritario o semi autoritario, como se prefiera, que frecuentemente recurre a la fuerza en vez de a las normas y que suele ser el primero en violar la ley en vez de cumplirla, como también en recurrir al derecho penal del enemigo, al recorte de derechos y garantías bajo el pretexto de la “competitividad”, o a la criminalización de la protesta social para reprimir a la disidencia política, lo que significa una grave desviación del poder público.
Allí están los graves casos de violencia extrema contra ciudadanos inermes que todos los días ocurren en el país, frecuentemente protagonizados por diferentes autoridades que se supone que están para servir y proteger a las personas. Iguala, Tlatlaya, Tanhuato, San Fernando, Allende y tantos otros de nombre y recuerdo infame, están muy lejos de ser casos aislados, sino que forman parte de un patrón caracterizado por algunos estudiosos como “mafioso”.
Es cierto que algunos pasos se han dado con la reforma constitucional en materia de Derechos Fundamentales, con el cambio de paradigma en materia penal y también con la reciente reforma en materia laboral. Pero es muy poco ante la urgencia de introducir cambios mayores en un sistema de procuración e impartición de justicia “desvertebrado”, para usar la atinada expresión del ministro de la Corte, José Ramón Cosío.
No es ningún secreto que un sistema legal desfasado, corrupto y obsoleto retrae la seguridad personal y colectiva, la gobernabilidad, la inversión, el comercio y por lo tanto, el conjunto de la economía de un país.
Se requiere entonces, para empezar por algún lado, de un estado de derecho que simple y llanamente se cumpla. Es crucial para ello un ministerio público diferente al que tenemos, así como también de más y mejores jueces y empleados de la justicia que se conduzcan con sensibilidad social, con transparencia y que rindan cuentas de sus actuares y de sus haberes, lo mismo que de policías bien pagados y capacitados y no de soldados en las calles. Y desde luego que también necesitamos gobernantes y empleados públicos honrados, que lleguen y permanezcan en el empleo por méritos propios y no por el capricho de su compadre. Pero lo más importante: necesitamos mejores ciudadanos, de esos que exigen a las autoridades y a los gobiernos que rindan cuentas.
Parece entonces una iniciativa por el camino correcto la del gobernador, quien acaba de proponer una “3de3” (patrimonial, fiscal y de intereses) obligatoria para los empleados públicos de Aguascalientes. Veamos ahora si hay la voluntad política de concretarla sin las resistencias y simulaciones de una clase política impresentable. La buena noticia es que cambiar es posible. Queriendo, claro.
P.S. Va un abrazo en su octavo aniversario a todos quienes hacen posible diariamente La Jornada Aguascalientes. ¡Que vengan muchos más!
@efpasillas
