Ciudadano presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Palacio Nacional. La columna Tlacuilo publicada la semana pasada con el título México y EU ¿aliados? relativa a sus lamentables e insistentes declaraciones de una ridícula alianza con Estados Unidos que solo existe en su imaginación, estuvo destinada en realidad a los lectores, pues sería altamente remota la posibilidad de que llegara a las manos de usted.
Y me tomé la libertad de dirigirme a su persona en términos coloquiales, para estimularlos a reflexionar en el hecho de que a quienes comúnmente se asigna el título de “autoridades” no son propietarios del poder sino ciudadanos -con virtudes y defectos como cualquiera de nosotros- a los que les hemos asignado un cargo para, hipotéticamente, servir al pueblo.
El Diccionario de la Lengua Española nos dice que la tercera acepción del término autoridad, significa “Prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia”; espero en que esté usted de acuerdo en que es la que mejor acomoda al sentido cívico del término; concepto ético de legitimidad que no se obtiene con nombramientos ni se funda en reglamentos, sino con el ejercicio juicioso del poder que el pueblo les reconoce a los funcionarios públicos virtuosos, que son sumamente escasos, pues tanto la pobreza como la inseguridad que usted menciona con frecuencia son producto del problema principal que, más que la ineptitud, es la corrupción generalizada que existe gracias a la impunidad con la que el propio gobernante cobija al malhechor, como usted mismo reconoce,[1] al grado de que hay incluso presuntos delincuentes en altos cargos públicos, protegidos por la retorcida figura del fuero incrustada por una de las muchas reformas inmorales que el sistema neoliberal, desde su implantación en 1982, ha estado insertando lastimosamente en nuestra Constitución Política, ante la bochornosa pasividad ciudadana provocada, en buena medida, por la falta de orientación cívica que antes ejercía en todos los niveles el sistema educativo.
Ahora bien: en la columna de hoy le doy a usted el trato protocolario usual, para que nos diga cuál le gusta más, tomando en cuenta la consideración final.
El punto medular de hoy se refiere al concepto de “seguridad nacional”, al que obedece su también lamentable insistencia de pretender otorgar poderes especiales a las fuerzas armadas para suplir las responsabilidades de los órganos civiles de la seguridad interior empezando por la policía, a los que seguramente usted considera insuficientes, incompetentes o corruptos, como si los militares no estuvieran expuestos a las mismas tentaciones, confundiendo sus funciones de una manera asombrosamente infantil.
Tanto a usted, como a nuestros lectores y a mí, nos conviene definir los términos que estamos utilizando, para que nuestras afirmaciones tengan base de sustentación; así pues, empezaremos por mencionar que, según el diccionario de la lengua, española el término policía viene “del latín politīa ‘organización política’, ‘gobierno’, y este del griego πολιτεία politeía.” y significa “cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas.” Convendrá usted en que de aquí se infiere que el espacio de aplicación es todo aquél sobre el que tienen jurisdicción las autoridades políticas que, en este caso, son las mexicanas; es decir, la policía mexicana es la que debe encargarse del orden público y en todo el territorio mexicano.
Por su parte, las fuerzas armadas de una nación están integradas por militares, término que significa “servir en la guerra” o “profesar la milicia”; milicia, a su vez, es el “arte de hacer la guerra y de disciplinar a los soldados para ella”; finalmente, guerra quiere decir “lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación.”
México ha tenido tres guerras internas: la de Independencia iniciada en 1810, que si bien fue para liberarse de España, la mayoría de los contendientes eran nacidos en México, cuyo territorio fue el único teatro de operaciones; la de Reforma, culminada en 1857 pero que incluye la conocida como “guerra de tres años”; y la Revolución de 1910.
Los otros hechos de armas -o sea militares- no fueron guerras sino una serie de invasiones, entre las que tenemos, como principales: la española que masacró y despojó a los pobladores originarios, cuya cultura también destruyó para imponer la suya, a la que los sometió -aunque no del todo- durante tres siglos -de 1521 a 1821- y de la que emergió una cultura nueva por mestiza; la invasión de Estados Unidos de 1846 a 1848, con la que culminó una estrategia de intrigas iniciada desde 1822 para apoderarse de la mitad de nuestro territorio; y la desarrollada de 1861 a 1867 por parte del imperio francés, que tuvo que retirarse ante la férrea defensa del pueblo mexicano dirigido por Benito Juárez, así como por la misión confidencial que le asignó a Jesús Terán quien, prácticamente solo y cubriendo todos los gastos con su propio peculio, se encargó de desactivar el apoyo de pueblos y gobiernos que, con engaños, había obtenido Napoleón III, heredándonos una Patria soberana.
Así pues, los únicos hechos de armas externos a los que México se ha enfrentado, no los ha buscado nuestro país; todos le han llegado de fuera, en forma de campañas de conquista.
Pero además, nuestra Revolución de 1917 produjo toda una Doctrina Internacional exaltando la paz, la concordia y la cooperación con todos los pueblos del mundo, misma que está establecida como mandato para el titular del poder ejecutivo, es decir, la que usted debe acatar como presidente de la República. Está en la fracción X del artículo 89 que le recomendé estudiar en mi anterior.
Ciudadano presidente: si México no es, como Estados Unidos, una potencia que pretenda someter a otras naciones como sus colonias; y tampoco tiene enemigos que intenten someterlo, no requiere alianza con su beligerante vecino y supuesto “amigo” -que es el único del que podría temer invasiones puesto que ya ni España ni Francia representan riesgo militar para nosotros- y si lo analizamos a conciencia, ni siquiera fuerzas armadas necesitamos. Lo único que requerimos es una buena policía que se puede reorganizar y capacitar como una de las mejores del mundo si nos lo proponemos y, en un momento dado, una guardia nacional que también está contemplada en la fracción VII del mismo artículo.
Por otra parte, es muy claro el primer párrafo del artículo 129 constitucional, que a la letra dice: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.” ¿Más claro?
Pero si en un momento dado una contingencia de fatales dimensiones requiere de todas las fuerzas al alcance, también hay un artículo constitucional al que se puede recurrir para contar con el concurso de las fuerzas armadas: es el número 29, que en la parte relativa dice: “…el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión… podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona.”
El general de división Luis Garfias Magaña, militar de la vieja escuela, experto en el tema que llegara a presidir la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, declaró: “no hace falta aprobar ninguna nueva ley para dotar de un marco legal al Ejército y la Armada de México, simplemente que se aplique la Constitución…” que “…prevé la suspensión de garantías ante hechos como el incremento de la violencia y para combatir al crimen organizado…” “…señaló que el artículo 29 constitucional es muy claro y resulta inexplicable que ni el Ejecutivo federal, ni los legisladores, ni los secretarios de la Defensa Nacional y Marina hagan algo por aplicarlo, siendo que está presente desde la Constitución de 1857 y se ha mantenido hasta la fecha.”[2]
Si usted revisa las constituciones que hemos tenido desde hace dos siglos, en ninguna encontrará la expresión “seguridad nacional”. ¿De dónde ahora tanta urgencia de aplicar a contrapelo esta política de procedencia extranjera cuya utilidad no solamente no se justifica sino que va en contra de nuestra tradición pacífica y no militarista?
La “doctrina” de seguridad nacional es un instrumento de penetración del gobierno de Estados Unidos en los países del mundo, empezando por los latinoamericanos. Harry S. Truman firmó el documento original denominado National Security Act (Acta de Seguridad Nacional) en 1947. Aquí lo introdujo el presidente Fox con una reforma a la Constitución el año 2004 y la Ley de Seguridad Nacional de 2005. El paso siguiente consiste en militarizar el país para colocar a sus ejércitos en posición de fuerza política para imponer gobiernos autoritarios, especialmente con personal militar que ha sido entrenado en la Escuela de las Américas.
Voy a dejar esto aquí para concluir con una reflexión: usted acaba de estar en La Habana, en el primer acto de homenaje fúnebre al comandante Fidel Castro y llevó nuestro mensaje solidario al hermano pueblo cubano; fue, seguramente, una experiencia única en su vida.
Sobre este particular quiero repetir el segundo mensaje difundido por el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump: Fidel Castro fue “un dictador brutal que oprimió a su pueblo”; a ese han seguido otros no menos agresivos, a los que el pueblo y el gobierno de Cuba han puesto oídos sordos por ser palabras necias.
Esto me hizo recordar otra frase, en este caso del presidente Franklin D. Roosevelt, quien cuando un colaborador cercano le quiso precisar con duros términos qué clase de persona era el dictador Anastasio Somoza, le contestó: “Sí, tal vez Somoza sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta.” ¡Y claro, como que aquél traidor asesino del héroe Augusto César Sandino era el cancerbero de los intereses de la United Fruit Co. en Nicaragua!
Así pues, los denuestos que mr. Trump le lanza a Fidel son música a nuestros oídos. ¡Qué triste sería que lo elogiara!
En fin: usted que estuvo allí, en la Plaza de la Revolución, tendrá su propio juicio acerca de lo que Fidel Castro significa para su pueblo y para muchos pueblos del mundo, que le hablan de tú porque su entendimiento con él es estrecho, fraternal.
El único pensamiento que se me ocurre, a manera de despedida, es que me gustaría que mi presidente dejara de preocuparse tanto por lo que hagan o dejen de hacer los gobernantes del norte -a cuyo pueblo respetamos y apreciamos- y que tome sus decisiones pensando solo en su pueblo y en nuestros pueblos hermanos de América Latina sin temor alguno, pues entonces nos tendría usted a todos, de su parte. Dignidad, ante todo.
“Por la unidad en la diversidad”
Aguascalientes, México, América Latina
[1] Enfrenta Peña incertidumbre y desafíos en su bienio final. La Jornada, México, 01-12-2016
[2] Luis Garfias se opone a dar facultades de investigación a las fuerzas armadas. La Jornada, México, 24-11-2016.
