La semana pasada eché las campanas a vuelo al informar a usted que la reubicación del busto de Jesús Terán, única obra material que sin mayor costo fue programada para honrar su memoria en el sesquicentenario de su muerte, sería restituida a más tardar el 15 de noviembre en el lugar que ocupó a partir de 1907 en el Jardín del Estudiante, frente a la fachada del Instituto Literario de Ciencias y Artes -fundado por él en 1849- cimiento de la actual Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Ahora resulta que oí mal, porque la Dirección de Desarrollo Cívico informó que sería no para el 15 de noviembre sino de diciembre, cuando ya no se podría reclamar a nadie el posible incumplimiento. Tal parece que los intereses que lo retiraron de allí hace 60 años, son los mismos que ahora se han pasado todo el año inventando pretextos para impedir que el ciudadano gobernador -a quien los Amigos de Terán le hicieron entrega de un comunicado al respecto el lunes pasado- cumpla su compromiso de restituir esa reliquia histórica; es seguro que él no está al tanto de esta mezquina acción, por lo que nos imaginamos que al enterarse pondrá las cosas en su lugar.
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Continuemos ahora con el tema de la autonomía, que dejamos en el año de 1929 cuando el gobierno le otorgó a la UNAM una autonomía ficticia.
En el año de 1932 había sido designado rector Roberto Medellín Ostos, quien tenía la encomienda del presidente Abelardo Rodríguez de eliminar la influencia que la Iglesia católica había adquirido en la UNAM a raíz de la campaña de Vasconcelos como candidato a la Presidencia de la República; sin embargo, equivocó la estrategia al pretender ampliar a la Universidad la reforma hecha al artículo 3 de la Constitución para imponer la ideología socialista como esencia filosófica de la enseñanza pública básica, lo cual significaría eliminar la libertad de pensamiento -fundamento de la autonomía universitaria- argumento que fue hábilmente utilizado por el sector confesional para fortalecerse, al grado de amenazar al gobierno con una huelga nacional cuando de la terna de candidatos a rector que envió el presidente de la República al Consejo Universitario, los estudiantes y profesores eligieron por aplastante mayoría al vasconcelista Manuel Gómez Morín, antiguo integrante del grupo de “los siete sabios” y fundador del Banco de México.
El Gobierno rompió lanzas contra la corriente triunfante, promulgando la reforma a la Ley Orgánica del 23 de octubre de 1933, mismo en que tomó posesión Gómez Morin. Curiosamente, el artículo 4 de dicha ley otorgaba a la Universidad la máxima autonomía que hubiera podido imaginarse, al permitirle gobernarse por sí misma, por primera vez sin intervención alguna del Estado; para ello declaró -como debe ser- que el Consejo Universitario era la máxima autoridad de la institución, quedando facultado, de acuerdo con los artículos 5 y 6 para designar al rector y demás funcionarios.
Esto, sin embargo, encerró un doble juego evidente en el artículo 9, donde se resolvió declarar la privatización de la Universidad para retirarle la calidad de organismo público del estado con el propósito de suprimir el presupuesto que se le entregaba en forma de subsidio.
Eso aclara la razón por la cual la ley llevaba el título de Universidad Autónoma de México, sin el adjetivo “Nacional”. De esta manera el gobierno equiparó, absurdamente, autonomía con privatización. Pero también revela su actitud inmadura al castigar desentendiéndose de sus propias obligaciones: como no te puedo controlar te dejo en libertad de que hagas lo que te venga en gana, pero no con el tesoro nacional; o trabajas para sostenerte o estudias, pero te mueres de hambre.
Una buena parte de la comunidad estudiantil forjada en las lides políticas por Vasconcelos tanto para su campaña política por la presidencia de la República como para manifestarse por la autonomía universitaria, había fundado en 1929 la Confederación de Estudiantes Mexicanos (CEM), que en 1944 consideró la posibilidad de confrontar al gobierno mediante una huelga nacional en favor de la autonomía y en contra de la educación socialista, combatida por la Iglesia y por la ideología nazi-fascista en boga; Gómez Morin prefirió manejarse con prudencia y avanzó en la organización interna al obtener la aprobación del primer Estatuto universitario en 1934. Logró sortear algunas de las graves urgencias financieras para atender las necesidades más elementales, pero finalmente se vio obligado a renunciar.
Como la causa de la estrechez financiera continuaba vigente, los problemas internos se fueron acumulando y polarizando por el abandono oficial provocado por la desventajosa Ley Orgánica de 1933, a tal grado que se sucedieron nueve rectores en diez años; la confusión reinante llevó, por lo menos a un grupo, a solicitar los “buenos oficios” del presidente Manuel Ávila Camacho que designó una junta de cinco ex-rectores con la tarea de tomar las medidas necesarias para restablecer la normalidad.
Esta junta designó como rector provisional a Alfonso Caso, mismo que convocó a un equipo más numeroso que conformó un Consejo Constituyente Universitario, comprometido a formular un nuevo proyecto de Estatuto. Trabajaron con empeño a pesar de la diversidad ideológica, de tal forma que antes del plazo establecido habían puesto orden en la institución y elaborado no solo el proyecto de Estatuto, sino otro de una nueva Ley Orgánica que el presidente hizo suya íntegramente y el Poder Legislativo también aprobó, promulgándola el día 6 de enero de 1945 y es la que está en vigor hasta la fecha.
En su artículo 1 incluye la fórmula mágica aportada por juristas expertos que compagina el concepto autonómico con la condición de institución pública de la siguiente manera: la Universidad Nacional Autónoma de México “es un organismo descentralizado del Estado” es decir, recupera su condición de universidad pública pero se gobierna en forma autónoma y por tanto, se le restituye el subsidio estatal que garantiza su capacidad de otorgar al pueblo la enseñanza gratuita que, aparte de laica, establece la Constitución; con ello deja de padecer penurias y recupera su capacidad de acción; por otra parte, está “dotada de plena capacidad jurídica” y que “tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura”.
En el artículo 2 señala que tiene derecho para “Organizarse como lo estime mejor…” y para desarrollar sus actividades académicas “…de acuerdo con el principio de libertad de cátedra y de investigación.”
En todas estas características están diáfanos los principios básicos de la autonomía. Sin embargo, el artículo 3 que se transcribe a continuación, destruye todo lo enunciado y pulveriza la autonomía absoluta que le había conferido la Ley Orgánica de 1933.
En efecto, este tercer artículo estipula que: “Las autoridades universitarias serán: “1. La Junta de Gobierno. 2. El Consejo Universitario. 3. El Rector…” etc.
Los artículos 4, 5 y 6 definen lo que es la Junta de Gobierno, su integración y fines, que son los totalitarios de toda cúpula de poder (de arriba hacia abajo, claro) al suplantar al Consejo Universitario que solo validaba los resultados electorales; ahora, en cambio, la Junta de Gobierno designa a todos los funcionarios de alto nivel de la Universidad gracias a la iluminación celestial que los embriaga y que deja en calidad de lamentable caricatura el voto que depositan los estudiantes y profesores en un ridículo sainete que no sirve para nada.
En síntesis, esta deplorable propuesta -probablemente maquinada en connivencia con el poder político- que Alfonso Caso afirmó haber copiado de los Boards of Trustees (Comités administrativos) de universidades empresariales estadounidenses que nada tienen qué ver con el propósito estrictamente académico de la verdadera Universidad, provocó un lamentable retroceso en lugar de avance en el perfeccionamiento universitario mexicano.
Nadie fue capaz de cuestionar ese despropósito y mucho menos de nivelar doctrinariamente a nuestra UNAM con la Reforma Universitaria Latinoamericana de 1918, de la que más bien nos alejamos. ¡Y los convenció!
Esta regresión ¡propuesta por los propios universitarios! significó la pérdida de libertad para cedérsela no solo al gobierno, sino también a cualquier otra fuerza que logre dominar a solo ocho de las 15 personas que integran la Junta de Gobierno, llámese poder político, económico o religioso, nacional o extranjero.
¿Qué libertad de pensamiento; qué libertad de cátedra; qué libertad de investigación y, en fin, qué conciencia crítica enseña entonces mi alma máter la Universidad Nacional Autónoma de México a sus estudiantes si los considera menores de edad o débiles mentales para gobernarse a sí mismos? ¿Qué nación madura podemos esperar con esas marrulleras enseñanzas?
Solo regresión al absolutismo medieval o al maquinismo igualmente esclavizante de la revolución industrial sin propósitos éticos ni estéticos trascendentes.
Para terminar la segunda parte de esta trilogía, mencionaremos que mediante la reforma promulgada el 26 de febrero del año 2013, quedó plasmada en nuestra Constitución Política la autonomía universitaria como un derecho humano garantizado en la fracción VII de su artículo 3 que en resumen dice:
“VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura… respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas…y administrarán su patrimonio…”
Pero si buscamos la concordancia entre la letra de la ley y los hechos, veremos que no concuerda en razón de que los llamados poderes fácticos tienen sus garras hincadas hasta el último rincón de las instituciones universitarias gracias, entre otras cosas, a las infaustas juntas de gobierno que durante 70 años han hecho cada vez más difícil el ejercicio democrático en las universidades no solo de México, sino de América Latina.
¡Autonomía de fachada, pues!
“Por la unidad en la diversidad”
Aguascalientes, México, América Latina
