- Los juzgadores deben interpretar progresivamente el Derecho, siempre a favor de las personas
- La jurisprudencia que se tiene sobre derechos indígenas no está acabada, hay mucho más por hacer
Manuel González Oropeza, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que la progresividad de los derechos políticos sólo se hará efectiva si los jueces actúan con la imparcialidad debida e interpretando progresivamente el Derecho, siempre a favor de la persona.
Señaló que la progresividad establecida en la reforma constitucional le dio al Poder Judicial y a los Tribunales Electorales un instrumento y fundamento constitucional insuperable en la interpretación de lo que debe ser el derecho político de votar, ser votado, asociarse y afiliarse, por lo que a partir de ese momento hubo una gran transformación en nuestro sistema jurídico, porque por fin los jueces tienen la palabra.
“Por eso los jueces debemos de desempeñar nuestro cargo con imparcialidad, no se trata de que los jueces tengamos la simpatía de algunos partidos, de alguna ideología, de lo que se trata es que no tengamos antipatías y que nos cerremos a los argumentos. Solamente la progresividad de nuestros derechos se hará efectiva en los juicios de protección de derechos, si los jueces actuamos con la imparcialidad debida, interpretando progresivamente el Derecho, siempre a favor del ciudadano.”
Al participar en la presentación de la revista Justicia y Sufragio, editada por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, González Oropeza dijo que no es fácil la labor jurisdiccional en materia electoral, se necesita en el ámbito estatal y federal hacer efectiva la garantía de la justicia pronta y expedita, que “no es un término retórico, porque los plazos y las tomas de protestas se vienen encima y, por supuesto, muchas veces los litigantes saben eso, así que retrasan y alargan innecesariamente los juicios”.
En este sentido, destacó la importancia de la jurisprudencia, porque esta figura se hizo y se diseñó no solamente para obligar a las autoridades distintas del Poder Judicial, sino para que los jueces apliquen los precedentes y las tesis que han tomado en los tribunales de alzada, “entonces la jurisprudencia tiene como objetivo principal el vincular a los jueces y como objetivo secundario vincular a las demás autoridades y evidentemente nuestras jurisprudencias están ahí para ello”.
El magistrado González Oropeza aseveró que los problemas electorales muchas veces no se pueden resolver con la frialdad del expediente ni con la frialdad del texto legal, porque estos conflictos pueden ser problemas sociales del más alto nivel que le importan a la comunidad y se refirió a lo sucedido en el municipio de Oxchuc, Chiapas, en donde la presidente municipal vivió una situación de violencia que la obligó a renunciar al cargo, pero por sentencia del TEPJF, se ordenó su restitución.
El magistrado de la Sala Superior agregó que en ese asunto no veía la violencia específica a la mujer que fue electa como presidente municipal, sino un contexto de violencia generalizada en el municipio, en donde la situación política, la corrupción y lo que en conjunto se había hecho era una irrupción con violencia social.
Subrayó la relevancia que tiene la creación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral, porque cada vez más los derechos políticos de estas comunidades están sometidos a tensiones y sus habitantes quieren hacer respetar sus derechos y participar en la política.
González Oropeza indicó que la jurisprudencia sobre derechos indígenas es amplia, pero no está acabada, por lo que hay mucho más por hacer y explorar, ya que la protección de dichos preceptos debe empezar en los estados.
“Hemos visto casos de conflictos, en donde no hay protección a los derechos políticos de las agencias municipales o de las comunidades más alejadas, no se les toma la votación, no se les toma la consulta y nada más deciden en la cabecera municipal de las comunidades indígenas a quienes gobiernan y cuáles son las políticas.”
Impulsar la Defensoría indígena es “promover los derechos de las comunidades y, sin lugar a dudas, perfeccionar la democracia, porque la democracia no es más la defensa de los derechos de las mayorías sino la protección de las minorías frente a esas mayorías”, puntualizó González Oropeza.
Con información del TEPJF
