- Carrasco Daza planteó la promoción de métodos alternativos de solución de conflictos para hacer más efectiva la justicia electoral
- Mecanismos alternos de mediación y la función consultiva son algunas rutas para hacer efectiva la democracia, planteó
Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), presentó el Informe de Labores 2015-2016 con el que concluyen diez años de tutela judicial de la actual integración de la Sala Superior.
Ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los miembros del Tribunal Electoral y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Carrasco Daza sostuvo que el número de procesos electorales que se desarrollan en nuestro país, la complejidad que representa su calendarización, la gama de atribuciones que se han asignado a las autoridades electorales, el incremento de asuntos en el seno de los partidos políticos y el reconocimiento de nuevos cauces de participación han elevado ostensiblemente las demandas de justicia en la materia.
Destacó que el uso de métodos alternativos de solución de conflictos al interior de los partidos políticos ha adquirido un carácter complementario y relevante en la administración de justicia, en el ámbito internacional; mientras que la posibilidad de que los tribunales constitucionales desplieguen opiniones consultivas con las autoridades electorales administrativas, sin rebasar los límites del control concreto, permitiría atemperar la tensión política que usualmente se genera en las controversias electorales: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la experiencia comparada han enseñado que la implementación de modelos de opinión consultiva cumple una función de esclarecimiento de normas y reglas del juego, aunado a que pueden inhibir el desmesurado ejercicio de la acción judicial”.
En su discurso señaló que la nueva integración de la Sala Superior del TEPJF deberá continuar con los capítulos que le corresponde escribir en la historia de la interpretación judicial de los derechos político-electorales en México y a nombre de la magistrada y los magistrados agradeció a todos los servidores públicos que desde sus diferentes responsabilidades hicieron posible consolidar esta etapa en la evolución del Tribunal Electoral: “De esta forma, la nueva integración de esta Sala Superior, en la época y el contexto que asume el cargo, deberá continuar con los capítulos que le corresponde escribir en la historia de la interpretación judicial de los derechos político-electorales en México”.
Carrasco Daza informó que, del 16 de octubre de 2015 al 15 de octubre de 2016, la tutela jurisdiccional implicó trece procesos electorales locales ordinarios, ocho procesos extraordinarios y el emblemático proceso vinculado con la conformación de la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México, que representan mil 817 cargos de elección popular y la resolución de seis mil 882 asuntos, de los cuales 85 por ciento fueron resueltos en un máximo de 30 días.
Los asuntos relacionados a procesos ordinarios, tres mil 34 correspondieron a elecciones locales, de los cuales la Sala Superior atendió mil 143, en tanto que mil 891 se distribuyeron en las seis Salas Regionales. La Sala Guadalajara, 519; Sala Monterrey, 255; Sala Xalapa, 455; Sala Ciudad de México, 322; Sala Toluca, 219, y Sala Especializada, 121.
En relación con las candidaturas independientes, el TEPJF resolvió 266 medios de impugnación; en protección de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas 159 asuntos, 25 por ciento más de los reportados en el periodo anterior; y en recursos de apelación vinculados a las determinaciones del INE y procedimientos de fiscalización se resolvieron 859 asuntos.
El presidente del TEPJF planteó la promoción de métodos alternativos de solución de conflictos y la utilización de la figura de función consultiva, como algunas de las rutas para hacer más efectiva la justicia electoral, toda vez que la litigiosidad parece no detenerse.
Al referirse a la prospectiva de la justicia electoral, Carrasco Daza reconoció un débito de cara a la norma que regula los medios de impugnación en la materia, para ajustarla a las transformaciones que han tenido el sistema político-electoral y el estado del avance democrático: “Deben explorarse cauces de participación procesal como el interés legítimo, la concentración de los medios de impugnación en la materia, la simplificación de los parámetros para su procedencia, la consolidación del sistema de justicia en línea, la expansión del esquema de Defensoría Pública para Comunidades Indígenas en el mapa nacional y la modulación del amicus curiae”.
Al referirse al esquema de participación política, Carrasco Daza aseveró que éste se ha ampliado por exigencia ciudadana y debido a la línea de progresividad en la protección de los derechos políticos realizados en los últimos diez años de interpretación judicial.
A partir de la reforma constitucional de 2011, añadió, se puso un acento en la perspectiva de potenciar los derechos humanos; su asunción ha permitido abrevar del orden jurídico interamericano y europeo para salvaguardar valores básicos que se exigen para el óptimo funcionamiento de un modelo democrático, debido proceso, derecho a la información, Internet y propaganda política en redes sociales, presunción de inocencia, independencia judicial, recurso sencillo y efectivo, derecho de réplica, entre otros, forjando un nuevo mosaico de derechos en materia política.
“La eficacia en la tutela de los derechos políticos está todavía inacabada, pero cuenta ya con un cierto grado de consolidación y respaldo, con un proceso de transición que se ha dirigido a demostrar la necesidad de desarrollar herramientas para optimizar el proceso de calificación jurisdiccional de las elecciones”, precisó el magistrado presidente del TEPJF.
Carrasco Daza destacó que los derechos políticos, al ser derechos humanos, no se obtienen por una concesión de autoridad, sino que se arrebatan y exigen ante los tribunales; “son logros de la sociedad”.
Indicó que el país es una democracia en construcción y a pesar de innumerables desafíos, ha ido transformando el rostro de su sistema electoral, escalando peldaños que parecían inalcanzables: la alternancia política se ha inscrito en nuestra visión y realidad democrática.
“Las candidaturas independientes se han sumado como opción de participación política, a pesar de las voces que ya detractan su eficacia. Somos una democracia en construcción. La tarea de la justicia electoral es asegurar a la sociedad el ejercicio pleno de sus derechos políticos”, Carrasco Daza subrayó que los derechos políticos son precondición para el ejercicio de otros derechos y de su efectividad depende en gran medida que se materialicen otras prerrogativas.
Carrasco Daza destacó las sentencias y jurisprudencia dictadas en torno a cuatro ejes temáticos: candidaturas independientes, fiscalización, pueblos y comunidades indígenas, paridad de género y lenguaje incluyente, entre otros criterios que el legislador concibió en abstracto; militantes de partidos políticos, organismos internacionales, candidatos independientes y la sociedad civil en su conjunto delinearon a través de sus reclamos de justicia electoral; y el Tribunal interpretó progresivamente.
Asimismo, resaltó la creación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, con la que se salda el déficit con los artículos 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como 12 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, para desarrollar la protección de los derechos políticos de esos pueblos y comunidades, a través del derecho a una defensa adecuada que contemple su situación particular y reconozca su origen pluricultural.
Carrasco Daza dijo que el próximo año se celebrarán elecciones en los estados de Coahuila, Estado de México y Nayarit, en las que se elegirán tres gobernadores, 55 diputados de Congresos locales y diversos ayuntamientos. Además, iniciará el proceso electoral federal 2017-2018, en el que elegirán al titular del Poder Ejecutivo, 128 senadores y 500 diputados federales, así como los procesos electorales en 24 entidades federativas; en los que se elegirán tres mil 38 cargos de elección popular, ocho gobernadores, 20 juntas municipales, 874 diputados locales, dos mil 120 ayuntamientos y 16 alcaldías.
El magistrado presidente recordó que con un anticipado diagnóstico, el legislador trazó desde 2014 la expansión al modelo orgánico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al ordenar la creación de dos Salas Regionales, que se programó para septiembre de 2017, por lo que el presupuesto del próximo año incluyó la proyección económica y estructural para cumplir este mandato.
Refirió que en la organización de las elecciones y la vigencia de los principios que las rigen se han fincado expectativas muy altas y variadas, por lo que es imperativo redimensionar su papel e impacto en la consolidación democrática y que el debate electoral sea una fuente originaria del contraste de ideas sobre temas que configuran una sociedad; programas de acción, políticas públicas concretas, reformas viables y en general, una interacción objetiva con la ciudadanía en temas de interés público: “La sociedad empieza a abandonar la ruta en la que votar ha significado una forma de renuncia temporal a una participación política propia y permanente. Debemos reconocer que la consolidación de los procesos electorales sólo es la etapa previa al ejercicio del gobierno de los poderes emanados del sufragio. El esfuerzo es integral. Se requiere garantizar los mínimos de bienestar individual y social”.
La difusión de la cultura democrática es trascendental para construir una sociedad de derechos
El magistrado se refirió a la creciente exigencia de nuevas herramientas para nutrir la democracia participativa, que favorece el número de personas interesadas en los asuntos públicos.
“La difusión de la cultura democrática juega un papel trascendental en la aspiración de construir una sociedad de derechos. En la medida en que una sociedad tiene a su alcance más fuentes de información, está en posibilidad de tomar las mejores decisiones que incidan en su futuro.”
En este contexto, señaló que el portal institucional superó los dos millones de visitas y ofrece un acervo integral a partir de contenidos jurisdiccionales y de materiales vinculados con el fomento al desarrollo de la cultura democrática; asimismo, que el canal de televisión por Internet, Plataforma Electoral, transmite programas originales y se ha ampliado la divulgación de los derechos políticos con un catálogo de doce colecciones y 306 títulos disponibles gratuitamente por Internet.
Constancio Carrasco Daza presentó el Informe de Labores correspondiente al periodo 2015-2016 del TEPJF, en cumplimiento del artículo 199, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Con información del TEPJF
