En los últimos años por fin se ha llegado al consenso de que la corrupción es el principal problema de nuestro país. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, obligadamente tuvo que entrar al debate y ha insistido en definir ese lastre como un fenómeno de carácter general y cultural. Sin embargo, quedarnos con esa explicación presidencial nos puede llevar a un cinismo resignado, con la idea de que fatalmente, es la sociedad mexicana quien permite y estimula la corrupción, lo cual no es cierto: la corrupción es un fracaso de la política y no un resultado de la evolución cultural.
En un foro periodístico de agosto de 2014, Peña Nieto afirmó: “la corrupción es un problema cultural”. Recientemente, a finales de septiembre, afirmó a un diario de circulación nacional: “Si hablamos de corrupción, no hay nadie que pueda aventar la primera piedra”, y hace unos días insistió en entrevista televisiva: “todos los partidos tienen o han tenido casos de corrupción”.
Esto coincide con frases de la cultura popular que caricaturizan ese añejo problema: “la corrupción somos todos”, “el que no tranza, no avanza”, “que roben pero salpiquen”, etc. Incluso en charlas de café o cantina se califica como tontas a las personas que al ocupar un cargo público no aprovechan para prosperar en negocios y fortuna, o bien, que son listos porque utilizaron un cargo público o sus relaciones con el poder para mejorar su hacienda personal. Pareciera que la vox populi da la razón a Peña Nieto.
Pero no tiene razón. Una cosa es la conducta de las personas en su vida diaria y su cumplimiento con la ley, y otra muy diferente la conducta de las autoridades en relación con sus obligaciones y encargos que recibieron por mandato legal. Fuera de las discusiones sobre la naturaleza humana, la sociedad se ha organizado para garantizar la estabilidad en la convivencia y en las relaciones entre personas: se constituyó lo que llamamos el Estado como la organización de toda la sociedad para cumplir las normas socialmente aceptadas, en el territorio que ocupa esa población, con instituciones y autoridades para hacer cumplir sus leyes.
Constituidos como Estado, los ciudadanos delegamos nuestra soberanía y hasta otorgamos el monopolio de la violencia legítima a los órganos de gobierno para que éstos las hagan cumplir. En el marco legal de nuestro Estado nacional, desde su origen está formalmente proscrito que los funcionarios de gobierno se apropien o trafiquen con los bienes públicos, y desde la primera legislación del México independiente y sucesivas, se dispuso que sean perseguidas y castigadas las conductas que lesionen el patrimonio social: robo al erario, uso de la norma para beneficio personal, tráfico de influencias, cohecho y soborno. Tan es así, que la promesa favorita para ganar votos en las campañas políticas, es la honestidad y el castigo a quienes se enriquecen con los recursos públicos.
Y si hemos llegado al punto en que organismos nacionales e internacionales coinciden en que la corrupción es el problema principal de México por afectar la economía del país hasta en 9-10% del PIB (según estudios del Banco de México, Banco Mundial, Forbes y el CEESP, como reporta el estudio “Anatomía de la Corrupción” de María Amparo Casar), y eso repercute en la baja calidad de nuestra democracia porque solo 27% de la población confía en ella (Latinobarómetro 2013), y ha agravado la crisis de representación porque el 91% de los ciudadanos no confía en los partidos políticos, el 83% no confía en los legisladores y el 80% no confía en las instituciones judiciales (según datos del Barómetro Global de Corrupción y Transparencia Mexicana AC), no podemos quedarnos con la explicación superficial de que todo se debe a un fenómeno cultural y general de la sociedad mexicana y que “el que esté libre de corrupción que tire la primera piedra”.
Si la corrupción pone ya en peligro la viabilidad del país por ser un lastre para la economía, la política y la convivencia civilizada, se debe a que las instituciones de gobierno, creadas para aplicar y hacer cumplir las leyes, no han cumplido su función. Por eso, la impunidad alcanza el 95-99%, según el Índice Global de Impunidad de la UDLAP, lo que significa que en México quien comete delitos tiene 95-99% de probabilidades de nunca ser sancionado; y eso incluye a quienes delinquen contra los bienes públicos o usan los cargos públicos para incrementar sus fortunas personales o familiares. Es decir que nuestras autoridades, por negligencia, incapacidad o interés, en gran medida no han aplicado las leyes. Por eso, la corrupción es el mayor fracaso de nuestro sistema político y ha agravado todos los problemas sociales; desigualdad, inseguridad, insuficiencia de servicios y nuestra precaria democracia.
Si hay corrupción en las corporaciones policiacas, partidos, sindicatos, el gobierno o las iglesias, no se debe a que la sociedad mexicana sea corrupta, sino a que las instituciones que gobiernan el país lo han permitido. Pero como las instituciones no delinquen, hay que concluir que han sido, salvo honrosas excepciones, los funcionarios encargados de dirigirlas, quienes han provocado la terrible impunidad que ahoga al país, aprovechando las imperfecciones interesadas de las leyes.
La cultura social no produce ni promueve la corrupción, pero las estructuras políticas acostumbradas a la impunidad, le imponen al país, pautas y normas que permean de tal forma que resulta atractivo el despropósito de considerar la corrupción como parte de la idiosincrasia nacional.
Por eso es trascendental que la movilización ciudadana haya presionado para que la creación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que apenas ha comenzado a integrarse en medio de una nueva expectativa y del recelo social. Y si va en serio, quienes queden a cargo deberán demostrarlo, pues hasta ahora las acciones y nombramientos oficiales en dicho tema han bordeado la farsa y la comedia.
Los ciudadanos tenemos mucho que hacer: promover una cultura de legalidad y ética en la vida social y política y, por supuesto, castigar con el voto y denunciar las deleznables prácticas de aprovecharse de los bienes e instituciones públicas.
@gilbertocarloso
La corrupción se encuentra en gobierno, empresarios y funcionarios públicos, y arrastran al pueblo.