Exige Colegio de Abogados auditoría al proceso electoral.

• El dictamen debe hacerse público, para restaurar la confianza en las autoridades electorales
• No estamos pidiendo la cabeza de nadie, sino la certidumbre de los mecanismos judiciales: expresidente

El Colegio de Abogados solicitó una auditoría al proceso electoral del 5 de junio, de la que se extraiga un dictamen público que desentrañe las irregularidades denunciadas a lo largo de los últimos meses.

En conferencia de prensa, el presidente de la agrupación, Francisco Frausto Ruiz Esparza, refirió que el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Aguascalientes ha perdido credibilidad frente a los votantes al ocultar los errores y omisiones acontecidos en las etapas posteriores a la contienda: “Los consejeros del IEE de ninguna manera han dado pie a la confianza en los resultados, a pesar de que digan que las irregularidades no inciden en los resultados de la elección (…) pues nadie se está haciendo responsable de las fallas en el pasado proceso comicial”.

El legista trajo a colación los errores en el conteo, escrutinio y cómputo de sufragios, situación confirmada hace apenas unos días por la propia autoridad electoral, luego de que estos fueron denunciados a través de medios de comunicación, y recordó que en lugar de informar lo ocurrido, el consejo general -presidido por Luis Fernando Landeros Ortiz- dijo que los partidos políticos, los observadores ciudadanos y los funcionarios de casilla comparten responsabilidad con los consejeros distritales por las anomalías en cerca de mil 500 casillas en los municipios de Aguascalientes y Rincón de Romos: “en un Estado de derecho no se vale decir que al cabo no afecta el conteo final ni a los candidatos o partidos”.

“Si en su momento los partidos políticos no cuestionaron los resultados, el IEE debió ejercer su jerarquía y revisar de oficio los resultados y rendir un informe del escenario que figuró el 5 de junio para que la ciudadanía supiera que el trabajo realizado fue limpio, transparente y equitativo, de lo contrario no quedaremos satisfechos”, adicionó Juan Fernando Amador Macías, integrante de la Comisión de Honor y Justicia del Colegio de Abogados.

En el encuentro con los medios de comunicación, aclaró que no se pide el cese de ninguno de los consejeros, sino sanción para los responsables como ocurriría a cualquier ciudadano que comete un delito, dado que con esos actos lo único que dejaron saber a la opinión pública fue que no se hicieron las cosas como debieron haberse hecho: “Eso de que no afecta el resultado me parece una falacia, pues si un voto falta, ya afectó el resultado (…) con más razón de que faltan miles de votos, que no se vieron o no se contaron, todo eso el órgano electoral de oficio lo tenía que haber hecho (…), si ahorita los partidos se están peleando y están presentando pruebas supervinientes de que el acto judicial se tiene que levar bajo las características legales”.

Lo solicitado por el gremio de los litigantes tiene por objetivo restaurar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades electorales: “si quieren dar certidumbre para que el ciudadano tenga confianza y vaya a votar sin necesidad de dádivas, con la convicción de que tiene que elegir a sus representantes y con el interés de que todo marche bien porque a fin de cuentas los gobernantes no se deben a nadie más que al pueblo”.