La Universidad Autónoma de Aguascalientes durante los siguientes días, se pondrá al centro de la opinión pública dado que, según lo establece su legislación vigente, entrará en el proceso de renovación de la Rectoría y sus Decanatos y, derivado de ello, de directores y jefes de Departamento. Al ser un proceso electoral, pareciera que la política universitaria pudiera compararse con la política tradicional a la que estamos acostumbrados, sin embargo no es así.
Antes de comenzar quiero aclarar varias cosas: primero, que muchas de las ideas plasmadas en esta columna son derivadas de una lectura obligada para todo universitario llamada Autonomía y Gobierno, una relación en claroscuro de Cecilia Pérez Talamantes, libro publicado en 2015 que además de rico en contenido, es forjador de identidad; segundo, que esto constituye una opinión personal, pero no por ello carente de autoridad moral, pues para establecer una distinción entre la política universitaria y la política tradicional se tuvo que haber vivido ambas y, al haber tenido el honor de ser Consejero Universitario hace años y haber vivido la experiencia de ser candidato sin partido a un cargo de elección popular, es posible identificar los contrastes; y por último, establecer que esta columna busca ser objetiva e informativa por lo que el lector puede sentirse en confianza de formar criterio a partir de ella.
¿Se puede definir la autonomía? Sí, se puede. Fernando Serrano por ejemplo sostiene que la autonomía como concepto de actividad creadora, es la esencia del saber intelectual. Para mayor claridad podríamos resumir la definición (no concepto) de autonomía como el derecho de las instituciones de educación superior por virtud del cual reclaman frente al poder del Estado y frente a los poderes sociales, de mercado, económicos, religiosos y políticos, todo el ámbito de autogobierno necesario para el logro de sus fines, es decir, total libertad e independencia para la investigación, la difusión del conocimiento, la formación de profesionistas, académicos y la producción de ciencia, fundados en el humanismo.
Resulta así, que una de las características fundamentales para la existencia de la autonomía es el autogobierno, la posibilidad de las universidades de elegir a sus órganos de dirección con absoluta independencia de los poderes políticos externos, estableciendo para tal efecto los mecanismos que consideren viables. En algunas instituciones, las autoridades son elegidas por voto directo de la comunidad universitaria, en otras no hay proceso de votación y las autoridades son nombradas por un Consejo Universitario o una Junta de Gobierno. En el caso de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se cuenta con un sistema de elección mixto, lo que significa que tanto la comunidad universitaria como una Junta de Gobierno intervienen en la elección de las autoridades a efecto de que la rectoría no se convierta en un concurso de popularidad o en una Secretaría más del gobernador en turno.
La autonomía es una conquista necesaria para las universidades puesto que evita que se contamine de los intereses de la clase política. Esto hace que surjan dos preguntas, la primera ¿por qué la clase política y los partidos políticos insisten en incidir en la Universidad? y la segunda ¿por qué es necesario evitarlo?
Los actores políticos, por diversas razones, carecen por sí mismos de legitimidad en sus dichos puesto que la opinión pública tiene en la clase política los más bajos niveles de credibilidad. Por tal motivo esa misma clase política se encuentra constantemente en búsqueda de situaciones o foros que le den legitimidad a sus plataformas. Los políticos (y me refiero a la clase política) encuentran en las universidades espacios de legitimación. Ejemplo de ello son los constantes intentos de algunos aspirantes a puestos de elección popular de convertir a los recintos universitarios en el foro de expresión de sus plataformas (que han terminado en escandalosos fracasos); la insistencia de los partidos políticos de insertar a jóvenes simpatizantes de sus colores en las sociedades de alumnos, el Consejo Universitario y la federación de estudiantes de las universidades con la finalidad de mantener a raya la opinión crítica de la comunidad universitaria (logrando únicamente la pérdida de legitimidad de los órganos de representación estudiantil); o, peor aún, intentando influir en el nombramiento o elección de las autoridades universitarias a conveniencia personal o de partido.
Este último ejemplo es al que la Universidad se enfrentará las siguientes semanas. Al hecho de que la opinión pública, los medios de comunicación y la clase política tomen su proceso electoral como si se tratara de la elección de un presidente municipal.
La comunidad universitaria tiene la obligación de proteger la autonomía por sobre todas las cosas. En el proceso universitario debe premiar el perfil académico, el currículo de los aspirantes, la propuesta, la idea, los objetivos. La universidad se debe alejar de las prácticas de la clase política ordinaria, como cuando los candidatos utilizan portadas de revistas para hacer precampaña al margen de la ley, cuando fundan sus estrategias en la rumorología y en filtraciones disfrazadas, cuando intentan ejercer presión a la hora de tomar decisiones a través de sus conocidos y conocidas en la clase política y en los partidos políticos, entre otras prácticas.
Cada que un aspirante a la rectoría o a un decanato dice a los cuatro vientos “yo voy a ser el rector porque tal candidato o tal candidata a gobernador ya me lo prometió”, la autonomía universitaria decrece. Cada que en los pasillos de la universidad se escucha que el hijo de fulano, el compadre de sutano o la esposa de mengano va a incidir externamente en el autogobierno de la UAA, ésta se aleja más de sus principios.
La comunidad Universitaria va a elegir un rector y decanos, no a un funcionario más del gobierno local. Estos tienen que ser personas capaces de respetar la autonomía de la institución y al tiempo deben tener capacidad de negociación, además de un perfil eminentemente académico. No tienen que calificar la comida más rica o quien ofrece más alcohol en sus reuniones. En la Universidad las cosas son diferentes.
La Universidad, sus estudiantes, sus académicos y su junta de Gobierno deben ejercer su derecho de elegir en libertad, con visión crítica y sin presión externa alguna. Los partidos políticos, el gobernador en funciones, el gobernador electo y todos los actores políticos en general deben declarar públicamente que no incidirán en el proceso electoral de la universidad. Los medios de comunicación deben tener rigor al informar antes de alimentar el sospechosísimo del tipo “están comprando los votos del personal administrativo” cuando el personal administrativo no vota o “se utilizaron los fondos de las pensiones para financiar la torre de rectoría” cuando está publicado en Transparencia Presupuestaria que son fondos derivados del Ramo 33 (FAM-IES) que se auditan trimestralmente por la Federación.
Quiero concluir citando al fundador de la Máxima Casa de Estudios de nuestro estado, el contador Humberto Martínez de León, en su participación en la obra Notas sobre autonomía Universitaria. Visión de los Protagonistas que, aun siendo una obra del 2007, no ha perdido vigencia: “Aun cuando el ámbito de la autonomía no es exactamente igual en todas las universidades, éstas contraen grandes y trascendentales responsabilidades: ser ejemplo en sus comunidades de su capacidad de autogobernarse, manejarse con honestidad y transparencia, rendir cuentas, ser críticas de su sociedad, estar siempre en contacto con el pueblo, que es quien las sostiene, entender que autonomía no es autismo; no permitir nunca ser botín, ni trinchera política, ni asilo de políticos venidos a menos, líderes dogmáticos o candidatos urgidos”.
