En las últimas semanas hemos observado que el argumento del Estado laico se ha utilizado cada vez más, en la defensa de los derechos humanos para la familia diversa. La información desplegada sobre la justificación de que la figura de la familia tradicional es una de las figuras que conforman el conjunto de la familia diversa, ha sido abundante para ayudarnos a mejor comprender y aceptar a la sociedad actual.
El porqué del uso del argumento del Estado laico se debe a que, para las decisiones legislativas, sólo deben participar la sociedad y sus representantes en el Congreso, y no los varios sectores eclesiales. Es oportuno considerar algunos puntos que nos ayudarán a comprender el momento que hoy vive el país con el asunto del matrimonio igualitario, las implicaciones que se están dando alrededor, que, en ocasiones, no son las que aparecen en el primer plano, y los efectos que se están propiciando tanto en la sociedad como en el gobierno y su partido político.
Fue la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, la primera legislatura que aprobó el matrimonio igualitario el 21 de diciembre de 2009, con el acceso a la adopción (el PAN votó en contra y el PRI se abstuvo); posteriormente otras entidades de la república siguieron el mismo camino, y aprobaron en sus legislaciones el matrimonio igualitario. A partir de estas fechas, se han celebrado los matrimonios, podemos decir, sin mayor problema. No obstante, la firme oposición política del PAN y también de la Iglesia católica, es importante señalar que la paz pública no se vio alterada más allá de los posicionamientos constantes realizados por los grupos que se oponen a la reforma legal.
El 14 de junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia abrió la puerta al matrimonio igualitario en todo el país: “Cualquier ley que prohíba el matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional, determinó; ordenó publicar en el Semanario Judicial una jurisprudencia” (Excélsior en la red). Desde ese momento, congresos estatales que todavía no habían aprobado las reformas de ley, iniciaron modificaciones a los marcos legales, así como consultas ciudadanas para tener el pulso de la sociedad, y poder dar una respuesta legislativa, sin mayores resultados de avance.
El país continuó, en el ámbito de este asunto, con relativa tranquilidad; quienes solicitaron el matrimonio en las entidades que lo aprobaron además de la Ciudad de México (Coahuila, Quintana Roo, Campeche, Jalisco y Colima muestran avances), lo llevaron a cabo sin obstrucción. Los opositores siguieron manifestando sus posiciones, sin que se dieran enfrentamientos; las marchas de orgullo gay se realizaron regularmente en muchas ciudades del país, también, sin que se impidiera su ejecución.
Es hasta el 17 de mayo de 2016, en pleno proceso electoral para la renovación de 11 gubernaturas y otros puestos de elección popular y a unos días de la elección, que el presidente de la República, Enrique Peña, presenta la iniciativa de reforma para incluir el matrimonio igualitario en la Constitución Política del país. En este momento es necesario hacer algunas preguntas: ¿por qué se tardó casi un año después de que la SCJN se pronunciara sobre la validación de las reformas? ¿Presidencia de la República conocía o no el ambiente adverso -aunque pacífico- en torno al matrimonio igualitario? ¿cuál fue el motivo que llevó a que el presidente Peña hiciera la presentación de la iniciativa en el contexto del proceso electoral?
En la búsqueda de respuestas a las preguntas, podemos ensayar -de manera cuestionable y debatible- las siguientes: en 2011 y 2012 la aceptación del PAN y su gobierno estaban abajo, mientras que la del PRI y su candidato presidencial estaban por arriba; el alto capital político que logró Enrique Peña en la elección presidencial y en el inicio de su gobierno, ha disminuido notablemente (observándose, prácticamente, su desperdicio en poco tiempo); la aplicación deficiente o malograda de las Reformas Constitucionales, que han generado un “mal humor” en la sociedad (dijo Peña); los problemas no resueltos y los causados por las decisiones equivocadas, al menos desde hace ya dos años (si tomamos como referencia, por ejemplo, Michoacán, Guerrero, Tlatlaya, Ayotzinapa y la Casa Blanca), inciden en la baja credibilidad y confianza en su partido político, el PRI, etcétera.
El efecto Peña, consecuentemente, fue percibido por el PRI durante el proceso electoral 2016, con los resultados conocidos (su presidente nacional decía que ganarían 9 gubernaturas). El panorama muestra difíciles condiciones para la conservación del poder político, no sólo en las entidades de la república, sino sobre todo para 2018 en la presidencia de la república. El gobierno y su partido toman conciencia de lo que les espera, reconociendo el alto riesgo ante el PAN, que ha ido capitalizando la debacle gubernamental, y la fuerte influencia de la Iglesia en la sociedad.
El diagnóstico político del presidente de la república y su partido fue hacer algo para detener el avance del PAN y la influencia de la Iglesia: dirigieron sus baterías a un punto sensible para ellos, como es el de la familia tradicional.
El efecto en la sociedad, seguramente, no lo previeron. Generaron una fuerte movilización social y política que favoreció al PAN, que logró un avance importante en las elecciones, ayudado por los posicionamientos de la Iglesia en los valores sociales. El PRI se dio cuenta del error cometido, y su candidata a gobernador en Aguascalientes declaró que no estaba de acuerdo con la iniciativa del presidente Peña (Proceso en la red, 27 de mayo), aunque el mal estaba ya hecho.
Ante el escenario adverso, al gobierno débil (o incompetente) le viene bien que se demande la vigencia del Estado laico, como forma de detener el avance del PAN y la influencia de la Iglesia. De esta manera, ahora, los movimientos para la diversidad sexual están siendo “usados” por los intereses del gobierno y su partido.
