La visita del indeseable Donald Trump fue la gota que derramó el vaso. La proverbial tolerancia mexicana se agotó rápidamente y el sentir popular se unió, como en las pocas veces que gana la selección nacional, de manera intensamente emocional. La manipulación mediática ejercida en México durante ya varias generaciones ha logrado que nuestra población no se haya vertebrado para dar vida a una estructura viable de participación ciudadana sólida, congruente y capaz de coordinarse. Así que ahora ya diversos grupúsculos a lo largo y ancho del país, imbuidos de santa ira, llaman a realizar manifestaciones con miras a exigir la renuncia de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República. Si, en un extremadamente improbable escenario, esto llegara a suceder, lo logran, se va, pero ¿y luego?
Ante las condiciones socioeconómicas y militares que actualmente vive el mundo -a raíz del vuelco geopolítico que se ha dado desde el Brexit y el desastre para la OTAN que significa el fracaso en Siria- y la malhadada lucha contra el supuesto terrorismo, los problemas que pronto tendrá que enfrentar el pueblo de México son de otro calibre. La ya muy preocupante caída de los ingresos gubernamentales provenientes del petróleo amenaza con darnos grandes dolores de cabeza en 2017, pero seguimos desunidos, desmadejados y sin considerarnos capaces de construir una sociedad viable y empoderada sin un/una líder.
Nuestra organización sociopolítica sólo se concibe con una autoridad, un gobierno que desde arriba, dicte políticas, planes y programas que nos digan qué hacer pero resulta que aún no sabemos cómo actuar cívicamente para cambiar aquello que no nos gusta.
Ante la presión de algunas personas y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) orientadas a Derechos Humanos, los sucesivos gobiernos desde el año 2000 han promovido la creación de un marco jurídico para dar cabida a la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas y la contraloría social. Es decir, se han establecido algunos lineamientos para la construcción de una ciudadanía plena.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) incorpora diversas líneas de acción con el propósito del gobierno de fomentar la participación de la sociedad civil organizada. Las referencias a la importancia de una sociedad civil involucrada en los asuntos y decisiones públicas son cada vez más frecuentes en los discursos políticos y planes de gobierno; sin embargo, la democracia participativa no tiene el mismo significado para unos actores sociales que para otros.
Desde el punto de vista de la sociedad civil se pugna por la participación ciudadana orientada al logro de la gobernabilidad democrática. Quienes, por otra parte, operan los nuevos mecanismos gubernamentales creados a partir del compromiso político de “promover la participación ciudadana en la gestión pública” insisten en privilegiar una participación despolitizada y enfocada a mejorar aspectos técnicos-gerenciales del aparato estatal.
En una visión republicana de la política y la democracia, afirma Marta Ochman, los ciudadanos debaten sobre el bien común, que no es la suma de sus preferencias particulares ni el bien mayor para el mayor número de individuos, sino “una categoría nueva, que surge del debate político sobre los asuntos públicos”. Y destaca que, quienes participan en el debate republicano sobre el bien público son ciudadanos, no una élite de expertos o de grupos de interés. Lo que anima el debate es la ampliación de la civilidad mediante el ejercicio de las virtudes cívicas y no sólo experiencia técnica en materia de administración pública. (Ochman, Marta, “Alternativas teóricas de la participación ciudadana en las decisiones públicas”, en Ciudadanos, decisiones públicas y calidad de la democracia, Freddy Mariñez Navarro -coord.-, México, Limus, 2007)
El debate y la confrontación de visiones respecto a cómo construir la democracia participativa no es un asunto menor. A pesar de los discursos respecto a promover “la participación ciudadana en todos los ámbitos de acción del Estado”, los consejos de participación ciudadana que hoy existen no tienen carácter vinculante, esto es, no obligan a los servidores públicos a acatar lo decidido por los ciudadanos, lo que se dice “no tienen dientes”. Se discuten acciones gubernamentales y no políticas públicas, sobre asuntos puntuales y se hace lo que acuerdan los funcionarios. Así, la actual política de Estado, la misma que presume contar con mecanismos para la participación ciudadana, induce sin cortapisas un capitalismo salvaje que se sustenta en producir mayor desigualdad social y pobreza, convertir personas en mercancías y, en aras del comercio y consumo global, permite perder identidad nacional.
Desde el ámbito oficial se aplaude y se promueve que existan organizaciones filantrópicas y voluntarias de la sociedad civil que apoyen y generen modelos de atención para la población vulnerable, a los desprotegidos. Pero que no cuestionen las políticas públicas que generan cada vez más desamparados: una cantidad creciente de damnificados económicos y sociales.
Las políticas de Estado se dictan desde la ideología y régimen político en turno y se concretan en los planes de desarrollo nacionales, estatales y municipales. Las políticas públicas que tienen que ver con el poder social, se subsumen automáticamente a la política de Estado, siendo que la construcción, diseño e implementación de éstas últimas es lo que debería permearse con la participación de los ciudadanos.
Ante la pérdida de confianza en el régimen político y su estructura de partidos, ante la emergencia nacional por el deterioro económico nacional e internacional, es la población la que debería poder participar activa y contundentemente para transformar la política de Estado. Ya se cuenta con un marco jurídico adecuado pero perfectible para que la sociedad incida en política ordenadamente. Habrá que usar efectivamente los mecanismos de participación ciudadana para vertebrar la organización social, forjar civilidad y fomentar una participación que verdaderamente abra cauces al empoderamiento de la sociedad.
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