- Deben conocerse los alcances de éste antes de pensar en reformarse: Fiscalía
- Urge emprender campañas informativas sobre la prisión preventiva
Ante las consideraciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) en torno a que el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio debe de ser reformado a fin de entre otras cosas, ampliar la gama de delitos que ante su comisión ameriten prisión preventiva, afirma el titular de la Fiscalía General del Estado, Óscar Fidel González Mendívil, el sistema debe operar al menos durante un año para determinar si funciona o requiere ajustes, por lo cual consideró innecesario atender las solicitudes del Poder Judicial del Estado y otros actores políticos y empresariales.
“Ésa es una decisión que le corresponde al legislador, yo soy de la opinión de que debemos emplear la reforma hasta ver hasta dónde nos permite llegar, es decir, nos preocupamos durante varios años por establecer este sistema, hay que aplicarlo primero para ver sus alcances y cuáles son sus limitaciones; apenas estamos empezando, no tenemos ni siquiera un año completo, siempre pensaré que es mejor usar antes de reformar temas que ni siquiera hemos alcanzado a tocar”, señaló González Mendívil.
El fiscal estatal explicó que a la fecha ha sido mínima la cantidad de asuntos abordados bajo el nuevo esquema, por lo que resulta imposible emitir una calificación a la eficiencia del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, “hasta que se vuelva una cuestión normal el llegar a juicio y tener sentencias; a menos que sea en procedimiento abreviado, donde tenemos más de 50, apenas tenemos una en un procedimiento ordinario y vamos a llegar con otros dos asuntos, entonces es muy temprano para decir si algo funciona o no funciona”.
Ante el tema de la prisión preventiva, uno de los más cuestionados por la sociedad, Óscar González Mendívil afirmó que resulta urgente emprender una campaña informativa a fin de que se conozca la dinámica del esquema y sus alcances, “habría que poner énfasis en campañas de difusión para explicar los alcances de una reforma que se tuvieron seis años para poder difundir estas cuestiones”, ante ello reconoció que las autoridades en el ámbito federal debieron prever la situación e inyectar recursos a campañas informativas, “desgraciadamente cuando hubo presupuesto para hacer campañas de difusión, la Federación decidió que mejor no y que el recurso se destinara a infraestructura, ésa es la razón por la cual ha sido difícil o complicado el tratar de explicar estos temas tan técnicos a la ciudadanía”.