El 16 de septiembre de 2016 celebramos algo más que la independencia, se cumplieron 150 años de un hermoso decreto expedido por Maximiliano de Habsburgo: Decreto sobre el fundo legal. No solo es importante por la justicia social que encierra al reconocer una serie de prerrogativas territoriales a favor de los pueblos indígenas, sino que además fue emitido tanto en idioma español como en náhuatl, el segundo emperador de México demostraba una genuina preocupación por los pueblos originarios de México, no sólo tratando de legislar a su favor, sino además hablándoles en el lenguaje más socorrido por ellos, el náhuatl.
La historia de bronce aún no perdona al europeo y su aventura monárquica en nuestro país, no obstante, cierto es que los investigadores serios reconocen en él su liberalismo, su gran cultura y sus buenas intenciones para nuestro país. Sin embargo, no deja de ser uno de los enemigos históricos por excelencia, bien podría ser mencionado dentro del póquer de villanos a los que se suman Porfirio Díaz, Antonio López de Santa Anna y Victoriano Huerta. Esta misma visión que, aunque reconoce los oficios, recrimina al austriaco, la vemos en el documental Maximiliano de México, sueños de poder coproducción de TV UNAM, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y la Televisora Pública de Austria, dirigido por Franz Leopold Schmelzer. Y es que su tendencia es hablar de Juárez como el demócrata, el luchador por la libertad, sin siquiera mencionar que, en la época de su resistencia a la invasión francesa, no había sido electo democráticamente, al menos no mediante el sufragio.
El austriaco, como un hombre ilustrado, tuvo que abarcar en definitiva el aspecto jurídico; el documental reconoce las leyes laborales que expidió para proteger a los indígenas explotados. A la par del Maximiliano indigenista está el legislador, de hecho, aun antes del decreto del fundo legal, en 1865 había emitido dos decretos de igual forma bilingües, el más importante, destinado a invitar a los seguidores de Juárez a deponer las armas. Su visión es aún hoy relevante, tanto que no ha habido un diputado o senador que se preocupe por emitir leyes en algún idioma indígena.
La cinta que puede consultarse en su integridad en YouTube, hace una acotación importante: mientras que a los poderosos de México no les interesa el destino de los indígenas, Maximiliano quiere cambiarlo “pero los indígenas no saben leer” y aunque supieran; hoy en día, aunque muchos ya saben leer, tienen otro complejo problema: las leyes no son dictadas en su idioma. Esto cobra especial importancia cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el mes de junio de 2016 un combo de tesis de jurisprudencia derivadas del amparo en revisión 622/2015, en las cuales se da un especial lugar a la lengua indígena en el desarrollo de los pueblos, una de las más interesantes señala: PUEBLOS INDÍGENAS. EL DERECHO A EMPLEAR Y PRESERVAR SU LENGUA INCIDE EN EL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA PLURICULTURALIDAD. El respeto por la pluriculturalidad incluye el reconocimiento y aceptación de los demás como sujetos culturalmente diversos y titulares de derechos. En ese contexto, la lengua cobra particular relevancia, pues funge como vehículo de construcción cultural. En efecto, la lengua es mucho más que un medio de comunicación. Las lenguas son un medio para expresar la cultura y, a la vez, un reflejo de la identidad de cualquier grupo. Así, la protección de las lenguas indígenas incide en el reconocimiento y protección de la pluriculturalidad.
Sobre las buenas normas expedidas en el segundo imperio, señala el documental: “Leyes quedan en el papel, no hay tiempo para que las lleven a cabo”, esta afirmación cobra relevancia en el presente, a pesar de la buena intención de las nuevas tesis del poder judicial, de esfuerzos aislados como el del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que tradujo la Constitución al náhuatl, lo cierto es que no existe ningún esfuerzo por emitir normas en los lenguajes de nuestros pueblos originarios; tal vez este 2017 (a cien años del Congreso Constituyente de Querétaro) sería un buen pretexto para que, al menos, la Constitución sea emitida -en sentido formal de un decreto del legislativo- por lo menos en los idiomas más hablados por nuestras etnias.
