En el grupo de Amigos de Jesús Terán, del que formo parte, estamos hondamente preocupados por el reducido nivel cívico de la población debido, básicamente, al ínfimo nivel académico y ético que ha privado por la designación de funcionarios descalificados en la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante varios sexenios, quienes entre sus irresponsables decisiones tomaron la de eliminar materias fundamentales en los planes de estudio.
El resultado ha sido el de toda una generación severamente deficiente, incluidos profesores egresados durante toda esta época.
Aparentemente, esos graves errores están empezando a corregirse. Pero aun después de que llegara a superarse la actual crisis política de la Secretaría de Educación Pública -lo cual no se ve cercano- tendría que pasar otra generación para que el país recupere el nivel mínimo aceptable para iniciar, apenas, un equilibrado y uniforme desarrollo educativo en el que padres e hijos hablen el mismo lenguaje.
Sin embargo, en tanto no tengamos una administración pública justa (es decir honrada) y capaz, pensar en privilegiar la educación y la cultura por encima de criterios mercantilistas, solo será un sueño.
Esa es la intención con la que el autor de esta columna escribe sus colaboraciones. Y un ejemplo de ello es el tema que hemos estado tratando y que concluimos, con estos últimos tres artículos, primero: Definiendo con toda precisión cuáles son los principios, tanto religiosos como políticos, en que se funda el Estado laico. Segundo: Describiendo los problemas que se presentan cuando los representantes de una de las religiones violan ambos fundamentos. El tercero y último es el que tratamos a continuación:
La verdad es que el alto clero católico no es el único responsable de las violaciones al artículo 130 constitucional en el país y particularmente en el Estado de Aguascalientes pues no hubieran sucedido, o bien se hubieran atajado si los funcionarios públicos responsables hubiesen cumplido sus obligaciones, pues esas faltas o delitos no necesitan juzgarse por querella; y la denuncia -que es recomendable- tampoco es indispensable, porque cuando las violaciones no son individuales sino públicas se deben perseguir de oficio.
¿Pero es que todos los funcionarios públicos son ignorantes e incompetentes? No, los hay que conocen la ley y sus responsabilidades, pero no actúan. ¿Por qué? A mi juicio, haciendo a un lado a los ignorantes e incompetentes, nos quedan dos razones: una es ética y la otra es política.
Ética, porque el servidor público, cuando toma posesión de su cargo, jura respetar y hacer respetar nuestra Constitución Política; si traiciona su juramento para obtener cualquier tipo de ventaja, es porque es inmoral.
Política, porque si es de izquierda teme aplicar la ley al calcular que su carrera política podría sufrir descalabros por ahuyentar votos de ciudadanos muy apegados a su religión; y si es de derecha tal vez considera justificado traicionar su juramento si consigue aportar recursos o poder a sus jerarcas. (Me desagradan los términos izquierda y derecha para calificar posiciones políticas, pero los uso porque se han generalizado).
En todo caso, ya sea por ignorancia e incompetencia, por inmoralidad o por razones políticas que finalmente también atentan contra la ética, los funcionarios que desacatan la ley deben ser sancionados. Para eso existe una ley de responsabilidades.
Pero volviendo al tema educativo, la solución del problema se ve lejana por presentarse en forma de círculo vicioso que debemos romper; pues ¿cómo esperamos llegar a tener buenos gobernantes si los candidatos provienen de una ciudadanía deficiente? ¿Y cómo podemos llegar a contar con una ciudadanía responsable si muchos funcionarios encargados de prepararla son incompetentes y/o corruptos?
Es por eso que, mientras la sociedad encuentra la solución al problema, que no le va a caer del cielo ni del gobierno porque es suya y nada más que suya, nuestra agrupación está contribuyendo con su granito de arena para tratar de difundir valores y principios que sean de utilidad para la formación cívica de la población.
Finalmente, quiero concluir haciendo una aclaración: la mitad de este artículo lo escribí la semana anterior pero no tuve oportunidad de terminarlo, razón por la cual no apareció la columna Tlacuilo el viernes pasado. Pero quienes hayan leído el artículo “Participación ciudadana, tarea de todos”, en la columna Debate Electoral del compañero Luis Fernando Landeros Ortiz, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral en este nuestro diario La Jornada Aguascalientes, habrán notado que tienen una gran similitud en la estructura de su argumentación.
No modifiqué el mío a propósito, porque me parece importante destacar el hecho de que tengamos coincidencia de criterio en ese aspecto. Esperamos que nos ilustre un poco en relación con la labor del IEE en el terreno de la educación cívica.
“Con unidad en la diversidad, forjemos ciudadanía”
Aguascalientes, México, América Latina
2016, año de Jesús Terán y Jesús Contreras
