Esta semana ha sido paradigmática para discutir la austeridad y el despilfarro en México, en primer lugar El Universal y Tercera Vía ponen a la vista de todos los ciudadanos los excesos y gastos innecesarios con los que cuenta el INE. Un megaproyecto de más de mil 100 millones de pesos. Sueldos mayores a los que recibe el presidente de la República, primas vacacionales de hasta por 20 días hábiles al año, aguinaldo de 40 días, entre 15 y 39 asesores por consejeros con sueldos de hasta 140 mil pesos, 198 millones de pesos para contratar un seguro de gastos médicos, 38 millones para alimentos y 16 millones de pesos para prendas deportivas.
En otro caso, también Tercera Vía evidenció que a pesar del recorte de 132 millones de pesos del Gobierno Federal, el gasto de la oficina del presidente de la República aumentó en 45.7%, una medida desproporcionada, insensible, irracional y antidemocrática.
Estos dos amplios y excesivos presupuestos son ejemplo de una cosa: en México conviven dos clases políticas; una, la clase política con las mismas prácticas de los ochentas y otra modernizada y sensible a las exigencias ciudadanas. La primera es la que impera en nuestro país, esa clase política que no entiende la diferencia entre personal administrativo y élite gobernante, los gobernantes que deciden hacer despidos de personal cuando hay un cambio de gobierno sin tomar en cuenta el costo que significa la indemnización y el retroceso en eficacia y eficiencia.
Esa clase política tiene una visión burocrática de los ochentas, ese tipo de burócrata y político que considera a los ciudadanos como sus servidores, sus esclavos y entes que no pueden reclamar ni exigir. Esa clase política tiene en su cabeza que tiene que recibir un sueldo alto porque así le tocaba, porque era su turno, porque seguía en la fila o porque es hijo del ex gobernante. Cuando alguien le exige que haga bien su trabajo, ese alguien es un opositor, un medio de comunicación o alguien que desea golpear políticamente.
Esa clase política cree que cuando se está en una posición de gobierno es como si todo fuera de su propiedad, como si el dinero público fuera suyo, los automóviles, oficinas, papelería, equipos de cómputo y hasta personal. El personal administrativo en gobierno se convierte en los nuevos esclavos del Siglo XXI. Bajo esa mirada, la clase política se siente atacada cuando algún periodista señala los despilfarros, porque ellos creen que están haciendo bien las cosas y que no importa que les paguen los alimentos de todo un año, lo importante es que el o la funcionario gocen de esa impunidad, de esa alfombra roja y ese virreinato vigente.
Es más que evidente: esas actitudes de la clase política ya están caducas, el contexto nacional e internacional, la exigencia ciudadana, los medios digitales, la organización y participación de los ciudadanos han puesto cada vez más contra las cuerdas a los gobernantes, algunos siguen ignorando pero otros tienen la oportunidad de reivindicarse y formar parte de la nueva clase política que necesita nuestro país.
En México no podemos seguir permitiendo gobernantes a los que se le paguen asesores, comidas, viajes internacionales y despilfarros al por mayor, hoy para los nuevos gobernadores el reto es mayúsculo: adoptar una política de austeridad congruente con el régimen democrático y con la máxima de un gobierno emanado de los ciudadanos. Los funcionarios públicos no son los servidos, son los que sirven, ser funcionario público implica someterse al escrutinio y críticas de los ciudadanos, significa servir a los ciudadanos, significa responder a los cuestionamientos y significa hacer buen uso de los recursos públicos.
Porque los recursos públicos no tienen dueño, son como su nombre lo dice, públicos, emanados de la recaudación de los ciudadanos para uso en la sociedad. Explicando de otra manera, los ciudadanos estamos dispuestos a pagar impuestos para pagar los sueldos de nuestros gobernantes porque necesitamos dirigentes, pero estamos dispuestos a pagarlos siempre y cuando el gobernante cumpla con sus funciones de la mejor manera, siempre y cuando el dinero sea usado exclusivamente para resolver asuntos públicos, el dinero público para eso es.
Históricamente en Aguascalientes, en México y en gran parte de Latinoamérica no se ha entendido así, y un porcentaje del dinero público se ha utilizado para la buena vida de los gobernantes. He aquí lo grave que es que los gobernantes se enriquezcan con los recursos públicos, es un robo, es un delito, es moralmente inadmisible, es como si a causa del trabajo de nuestros padres compráramos mansiones, carros, viajes mientras nuestros padres se quedan sin casa y viven en pobreza. Así de insensible e inadmisible es.
Los nuevos gobernadores y en particular el nuevo gobernador en Aguascalientes tiene la enorme oportunidad de implementar una política de austeridad de gran calado que transforme la visión de la clase política y burocrática en nuestro estado, ser un ejemplo a nivel nacional de respeto al dinero público y por ende de respeto y responsabilidad con los ciudadanos, los que lo votaron y los que no. Porque aunque existe cierto porcentaje que no votó a los gobernadores electos, la totalidad de los ciudadanos paga impuestos, al menos el impuesto de valor agregado.
Esta nueva política de austeridad debe estar acompañada, en primer lugar de un recorte de directivos y de tabular de manera consciente los sueldos de los funcionarios de acuerdo a sus funciones. En segundo lugar, esta política de austeridad debe acompañarse de acciones y mecanismos que exploten la creatividad del gobierno en curso para eficiente el manejo de los recursos.
En 1994, Canadá migró a un modelo de austeridad ejemplar en el ámbito internacional, donde el ministro de finanzas ordenó a cada una de las dependencias a presentar un presupuesto que significara un ahorro del 20% para su área, de manera creativa cada funcionario implementó mecanismos de austeridad que significaron un ahorro del 20% y que produjeron estabilidad económica en aquel país, dicha estabilidad acompañada del TLC sigue vigente.
Una muestra de política austeridad responsable sería reducir la impresión de documentos e implementar sistemas digitales de oficialía de partes, de notificación de documentos y emisión de los mismos, implementar una política de software libre en todas las dependencias y eliminar viáticos y viajes pagados por la estructura gubernamental e iniciar con un modelo en el que los sueldos de los funcionarios cubran esos gastos. Por ahí podemos empezar funcionarios entrantes, para ser más austeros pueden usar la imaginación.
