El lunes pasado, en un acto realizado en el Palacio Nacional para dejar constancia pública de su firma para la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción creado hace un año, el presidente de la República hizo gala de humildad al pedir perdón por el penoso incidente ampliamente difundido, relacionado con la adquisición de un inmueble familiar.
El primer ímpetu que tuve al enterarme de este acto excepcional fue el de echar las campanas a vuelo, pues lo consideré un triunfo de la ciudadanía en general y, en particular, del pequeño pero valeroso grupo de periodistas de vanguardia que tuvieron el arrojo necesario para ello, razón por la cual fueron reprimidos como suele suceder en cualquier dictadura.
Finalmente decidí no actuar con precipitación, cuando al leer con todo detenimiento el discurso presidencial me encontré con una declaración difusa mediante la que aseguró haberse conducido “conforme a la ley”, pero aceptó haber cometido un error de “percepción” por algo que hizo que no especificó; este galimatías que coloca el asunto en el terreno de la suspicacia, me llevó a concordar con el comentario que al respecto hizo ese mismo día Carlos Fernández-Vega en su columna de La Jornada, en el sentido de que si el presidente consideraba haberse conducido “conforme a la ley” no tenía por qué haber pedido perdón.
Aún así, deseo sinceramente que los responsables del Sistema Anticorrupción tengan la capacidad, la entereza moral y las atribuciones necesarias para enfrentar con éxito ese “cáncer social” que aflige a nuestra Nación por la corrupción de pseudo “servidores” públicos que prevarican o toleran y hasta apoyan conductas ofensivas, como son los atentados al Estado Laico. Y si en lo que falta del sexenio se lograra alcanzar la mitad de lo contemplado, el hecho sería histórico. Esperamos verlo.
Pasando al tema preparado para el día de hoy, lo anterior fue para mí una coincidencia, pues se refiere a la nota de prensa titulada “Reforman el Código Penal para incrementar penas por el delito de robo y su reincidencia”, publicada el pasado día 15 en La Jornada Aguascalientes.
Desde hace tiempo tenía el propósito de combatir la negativa tendencia represiva acelerada desde que el neoliberalismo corroe las entrañas de México, en el sentido de pretender disminuir la delincuencia incrementando las penas. El artículo citado me da la oportunidad de hacerlo con sentido de actualidad. Veamos:
Concretamente, la nota dice que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma presentada por el PAN, para que las penas corporales por robo se incrementen dependiendo del monto del daño, en tres categorías: de seis meses a dos años y medio de prisión; de dos a cinco años y de cinco a diez; el monto mínimo del daño es de menos de siete mil 304 pesos; el mayor es superior a 21 mil 912 pesos. Ver redacción actual en el artículo 140 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes.
Pero además, me provocó curiosidad por comparar las penas de robo con las de peculado que, según el artículo 223 del Código Penal Federal, es un delito que comete “Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado…”.
La fracción III del artículo 174 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, nos dice que entre las sanciones a que se expone el “servidor” público que comete peculado está la única de prisión, que es de uno a ocho años.
Es evidente que, en cuanto a pérdida de la libertad, es más agresiva la iniciativa de ley al pretender castigar el robo de más de 29 mil 912 pesos con una pena mayor que la de los “servidores” públicos que comete peculado, pues bien sabemos que no fácilmente se conforman con sustracciones que no se midan en millones de pesos.
Pero lo peor de todo es que algo no funciona bien, porque los ladronzuelos que llegan a ser detenidos no se salvan de la cárcel. En cambio, a los “servidores” públicos que saquean los recursos del Estado solemos verlos no sólo libres y despreocupados, sino hasta convertidos en respetables funcionarios públicos con el abierto apoyo del sector ultraconservador del clero.
Por una parte, si usted hace un somero análisis de la propuesta legislativa, fácilmente llegará a la conclusión de que le resultaría más barato al Estado resarcir el daño y obligar al delincuente a reintegrárselo enseñándole a la vez a realizar un servicio social a la comunidad en lugar de mantenerlo durante diez años para que salga doctorado en delincuencia.
Necesitamos diputados que no actúen por actos reflejos como el de castigar más al delincuente que tuvo la desgracia de caer en prisión, sino asumir la tarea de readaptarlo y reinsertarlo en la sociedad, rescatándolo en el menor tiempo posible como un ciudadano útil a sí mismo, a su familia y a la propia sociedad en que vive.
“Por la unidad en la diversidad”
Aguascalientes, México, América Latina
2016, año de Jesús Terán y Jesús Contreras
Será posible que vea en la cárcel a un funcionario público, ese día seré feliz y voy a creer que vamos por el camino correcto.