- Fue aprobado el Punto de Acuerdo que solicita la instauración de un portal de internet autónomo de la Fiscalía General del Estado
- También el Código Civil es modificado para permitir que las personas que ejerzan un crédito hipotecario puedan refinanciar sus préstamos en las mejores condiciones y con los menores costos posibles
Los diputados de la LXII Legislatura aprobaron por unanimidad la iniciativa de reformas al Código Penal Local y al Código de Procedimientos Penales, para establecer penas más severas a delincuentes que cometan el delito de robo, así como aumentar las multas correspondientes.
De acuerdo al documento que presentó Israel Sandoval Macías, a nombre del PAN, y emitió la Comisión de Justicia, se establece que para proteger el patrimonio material de los ciudadanos y sancionar a quienes atenten contra los bienes ajenos, se aplicará una pena corporal proporcional de seis meses a dos años y medio de cárcel, cuando la afectación patrimonial no exceda de siete mil 304 pesos.
Si el robo de bienes rebasa los siete mil 304 y es menor a los 21 mil 912 pesos, el castigo será de dos a cinco años de prisión; además de que si la afectación patrimonial excede la última cantidad en mención, la sanción irá de los cinco a los diez años de privación de la libertad.
En otro punto del orden del día, el Pleno avaló en lo general el dictamen que resuelve la iniciativa de reforma al artículo 1930 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, presentada por el gobernador Carlos Lozano de la Torre, para permitir a los acreditados hipotecarios refinanciar sus créditos con las mejores condiciones y que representen los menores costos posibles. También se precisa establecer en las leyes aplicables, medidas para eliminar o reducir el pago de derechos registrales que se puedan generar por la modificación de garantías derivadas de subrogaciones.
Sobre este tema, María de los Ángeles Aguilera Ramírez, expuso argumentos en contra del dictamen previamente leído. En primer término, señaló que la iniciativa beneficia al acreedor hipotecario por concepto de impuestos registrales, que no se acredita el interés social que busca proteger el estado y que no es clara la intención tras un análisis detallado. Expresó que el proyecto de reforma podría privilegiar operaciones para entes con suficiente poder adquisitivo, por lo que no se debería exentar el pago de derechos. En cambio, explicó que si lo que se busca es beneficiar a la población que más lo necesita, se debería liberar de los gravámenes registrales a las operaciones que se refieran a créditos hipotecarios de vivienda popular o social. Por tal motivo, la legisladora propuso una propuesta en lo particular en el sentido por ella mencionado, a fin, señaló, de cumplir con el interés social del promovente, de apoyar a la población vulnerable sin afectar sensiblemente los ingresos estatales. Dicha propuesta en lo particular fue rechazada por la mayoría de los diputados presentes.
Acto seguido, fue avalado por unanimidad el dictamen que emitió la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y que resolvió la solicitud de la diputada Juana Alicia Espinosa de los Monteros Ortiz, para separarse de su cargo por tiempo indefinido, su suplente, la ciudadana Rosaura Alicia Moreno Serna, rindió la protesta de ley correspondiente ante los integrantes de la mesa directiva, para desempeñarse en el cargo.
Para el desahogo del orden del día, se dio paso a la votación del Punto de Acuerdo que presentó Sylvia Violeta Garfias Cedillo, integrante del grupo parlamentario del PAN, a través del cual exhortó a la Fiscalía General del Estado para que consolide su portal de internet propio e independiente de la plataforma digital que opera el Gobierno del Estado, y con ello cumpla con los principios de autonomía, transparencia y acceso a la información pública oportuno, tal como se establece en la Constitución Política Federal. De forma unánime, este documento fue avalado por los diputados que integran la LXI Legislatura. Garfias Cedillo manifestó que la autonomía es un principio rector en el actuar de la Fiscalía General del Estado, por lo que es imprescindible que esta institución cuenta con su propia página de internet, a través de la cual ofrezca toda la información a la que está obligada por las normas de transparencia. A nombre de su partido, Acción Nacional, solicitó el voto a favor de su punto de acuerdo, a fin de lograr un mejor acercamiento de los ciudadanos con las autoridades mediante la operación de un portal independiente del gubernamental, tras reiterar que no son suficientes los argumentos en el sentido de que ya hay un avance del 80% en la instrumentación de esta herramienta informática.
Además, fue aprobado por unanimidad el dictamen que emitió la Comisión de Justicia que resuelve en sentido negativo la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Aguascalientes, presentada por el grupo parlamentario del PAN, la cual proponía crear la figura típica de reventa, entendiéndose ésta como la actividad de ofertar boletos a precios por encima de lo establecido de espectáculos públicos de paga. No obstante, los dictaminadores concluyeron que la propuesta resulta improcedente puesto que el castigo de ese hecho ya se contempla en el orden jurídico vigente pues si se realiza a través del engaño o aprovechándose del error o la ignorancia de una persona, es castigado como fraude; y en caso de que no existan los preceptos mencionados, la reventa puede ser como una falta administrativa, tal como acontece en el municipio de Aguascalientes, donde es considerada como una infracción de carácter grave.
De igual manera, fue avalado por unanimidad el dictamen que remitió la Comisión de Justicia, mediante el cual desechó la iniciativa de reformas a la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, que presentó el Ayuntamiento de Aguascalientes, y buscaba modificar las facultades del Ayuntamiento para que estuvieran en condiciones de aceptar o repudiar donaciones onerosas, e integrarlas o no al patrimonio municipal. En el documento argumentaron que dicha iniciativa no es precisa en el objeto a regular, por lo que se prestaría a incurrir en duplicidades o ambigüedades.
Acto seguido, fue avalado por unanimidad el dictamen que resolvió en sentido negativo la iniciativa que reforma al artículo 4 del Constitución Política Local, presentada por el diputado Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, a nombre del grupo parlamentario PRI-PVEM, con el objeto de reconocer de manera expresa el derecho humano a la identidad en beneficio de la niñez. Para argumentar su improcedencia, los dictaminadores concluyeron que en la Constitución Federal está prevista una protección integral de niñas, niños y adolescentes.
El Pleno de la LXII Legislatura aprobó por unanimidad el dictamen que emitió la Comisión de Vigilancia, mediante el cual se desechó la iniciativa de reformas a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, propuesta por el gobernador del estado, Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, la cual proponía, además de especificar que entes son sujetos de dicho ordenamiento, suprimir el Procedimiento Administrativo como mecanismo para que los particulares afectados soliciten una indemnización, con el propósito de establecer un proceso más ágil y sencillo para conseguirla. Al respecto, en el documento los integrantes de la Comisión coincidieron en conservar la regulación que está vigente, pues permite al ciudadano optar por acudir a dos instancias; en primer momento ante la autoridad administrativa correspondiente y en un segundo, combatir la determinación de dicha autoridad ante la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, lo cual se traduce en un derecho a favor del gobernado de agotar una mayor amplitud de mecanismos de defensa, ante la posible afectación de sus derechos.
Enseguida, los diputados aprobaron por unanimidad el dictamen que formuló la Comisión de Vigilancia para rechazar la iniciativa de reformas a la Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes en materia del Impuesto sobre Tenencia de Vehículos Automotores, presentada en abril del año 2010 por el grupo parlamentario del PAN. Al respecto, se concluyó que este precepto ya fue atendido por la actual al expedir el decreto número 119, el 18 de diciembre de 2014, mediante el cual se reformó el citado ordenamiento para derogar ese gravamen.
Con información del Congreso del Estado
