- Se extendió la última sesión ordinaria del Congreso del Estado
- Votan a favor de crear el Código de Ética Legislativa del Congreso del Estado de Aguascalientes
Durante la última sesión ordinaria de la LXII Legislatura, se aprobó la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, con la aprobación del dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que resuelve las iniciativas acumuladas de modificación a la Constitución estatal propuestas por el gobernador Carlos Lozano de la Torre, así como Martha Cecilia Márquez Alvarado.
Ambas propuestas tienen por objetivo armonizar la Constitución local con la Carta Magna de la República en lo referente a las recientes reformas anticorrupción.
Luis Fernando Muñoz López, en representación del grupo parlamentario PRI-PVEM, indicó que esta iniciativa es una respuesta a una añeja demanda ciudadana, que demanda un cuerpo legislativo capaz de hacer valer los derechos ciudadanos que son vulnerados por ese cáncer social que anhelamos extirpar de Aguascalientes y de México, como lo es la corrupción. Enfatizó que el proyecto de creación del Sistema Nacional Anticorrupción presentada por el presidente Enrique Peña Nieto y el Partido Revolucionario Institucional, hizo eco de un legítimo reclamo ciudadano, pues el andamiaje institucional y legal para combatir la corrupción con el que contamos hoy en día los mexicanos, es resultado de la participación activa y coordinada, durante más de tres años, de la sociedad civil, la academia, las distintas fuerzas políticas y el Gobierno Federal.
María de los Ángeles Aguilera Ramírez declaró que actualmente los servidores públicos tienen un tratamiento diferenciado con respecto a los ciudadanos en general, por lo que las reformas propuestas a la Constitución busca justicia y equidad para funcionarios y para población en general, por lo que ni el Sistema Estatal Anticorrupción ni la iniciativa para eliminar el fuero tienen dedicatoria, sino que se busca que Aguascalientes esté a la vanguardia, al frenar la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos y el enriquecimiento ilícito.
Márquez Alvarado aseveró que esta armonización establece mecanismos más rígidos para inhibir todo acto de corrupción y que la Fiscalía tendrá más facultades para castigar con severidad los delitos cometidos por los funcionarios, al ampliarse el catálogo de ilícitos que cometan; con esta iniciativa se obliga a los servidores públicos a presentar su declaración 3de3, abonando a la transparencia en el desempeño de funciones. Sostuvo que en el ámbito federal el Partido Acción Nacional respaldó el impulso al Sistema Nacional Anticorrupción.
Al levantar la votación respectiva, la totalidad de los integrantes de la LXII Legislatura presentes en el salón de sesiones, dieron su visto bueno para el dictamen, por lo que será remitido al Poder Ejecutivo para la publicación respectiva en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
En la sesión, se desahogo del dictamen de la Comisión de Gobierno, que contiene la iniciativa de decreto que crea el Código de Ética Legislativa del Congreso del Estado de Aguascalientes, presentada por Jorge Varona Rodríguez; el objeto de la propuesta que obtuvo aprobación de todos los presentes, consiste en expedir un Código de Ética Legislativa del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes con el fin de regular la conducta de los legisladores en el ejercicio de su función.
Eduardo Rocha Álvarez afirmó que este documento está llamado a convertirse en una herramienta eficaz que combata las malas prácticas, pues es un mecanismo que permitirá en parte devolverle la confianza de la ciudadanía a las instituciones. Indicó que el documento está sustentado en lo establecido por la Constitución Política Federal, en el Sistema Nacional Anticorrupción y leyes secundarias en la materia, por lo que garantiza la correcta administración y actuar en cuanto al manejo de los recursos públicos y trabajos legislativos.
El siguiente dictamen a votar fue el emitido por la Comisión de Justicia, y que resuelve la iniciativa que adiciona un artículo 38 bis y de reforma al primer párrafo del artículo 39 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, presentada por Luis Fernando Muñoz López, a nombre de los integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura.
El objeto de la iniciativa es agregar al Código Penal del Estado la figura de la reincidencia, la cual se configura siempre que el condenado por sentencia ejecutoria, dictada por cualquier tribunal de la República Mexicana o del extranjero, cometa otro delito en la entidad, si no ha transcurrido, desde el cumplimiento de la condena, un término igual al de la prescripción de la pena; y que con base en ello se pueda incrementar hasta en dos terceras partes la pena mínima establecida para el último delito que se cometa, según la peligrosidad del delincuente; de igual forma, agregar como un aspecto que debe tomar en cuenta el juzgador al individualizar las sanciones penales, la peligrosidad del infractor.
El promotor de la iniciativa relató que la propuesta contó con el aval de más del 80% de los integrantes de esta Legislatura por tratarse de una respuesta ante el fenómeno de la inseguridad. “No se debería permitir que una persona que ha sido sentenciada puede andar libre cuando no lo merece. Es cierto que el que delinque tiene derecho a la reinserción social, pero no se puede permitir que hagan del delito un modo de vida”.
Guillermo Ulises Ruiz Esparza de Alba intervino desde su curul para sumarse al dictamen. Hizo mención de que desde campaña “la ciudadanía nos pidió que atendiéramos esta problemática; es algo muy importante darle a la ciudadanía a este tipo de personas que ya sabe el caminito y no paga sus delitos”.
El dictamen de la Comisión de Justicia obtuvo la unanimidad en sentido positivo en lo general y pese a algunas observaciones de redacción por el promotor, no requirió de ajustes en lo particular.
Acto seguido, fue analizado el dictamen que resuelve la iniciativa de reformas a diversos artículos de las Leyes de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, y la referente a la de Protección a los Animales -propuesta por diputados integrantes del PVEM-, con la que se creará la Subprocuraduría de Protección, Defensa y Bienestar de los Animales.
De acuerdo con el documento, esta área será especializada en el cuidado, rescate y preservación de la especie animal y para ello se le dotan de facultades a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa) para que cuente con el personal que acredite el perfil de médico veterinario, y de esta manera esté en posibilidades de brindar una atención integral en esta asignatura. Anayeli Muñoz Moreno hizo un reconocimiento a las labores realizadas por la Proespa, sin embargo, es necesario que se hagan más actividades en beneficio de la sustentabilidad y prevenir el maltrato animal en diez de los once municipios que carecen de un área para estos fines, por lo que instó a sus compañeros legisladores a la aprobación de este dictamen con el cual se crea la Subprocuraduría de Protección, Defensa y Bienestar de los Animales que ella misma presentó, que dependería de la mencionada área del gobierno estatal. Con el voto en contra de cuatro diputados y el visto bueno de los restantes, fue aprobada la propuesta.
El siguiente punto en el orden del día, fue el dictamen de la Comisión de Vigilancia que resuelve la solicitud de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Sefirecu) para ejercer actos de dominio en su modalidad de donación respecto a un predio propiedad del Instituto de Educación de Aguascalientes, a favor de la Empresa Industria de Asiento Superior S. A. de C. V. (TACHI-S MÉXICO), área que será utilizada por ésta para ampliar sus instalaciones y con ello generar más fuentes de empleo en beneficio de los habitantes del municipio de Calvillo.
Sobre la solicitud expuesta, Marco Arturo Delgado Martín del Campo recordó que él fue regidor cuando se realizó un convenio con la empresa mencionada para derribar un kinder existente y construir un nuevo plantel con mejores características, lo cual a su decir, no se cumplió. De hecho, pidió regresar el dictamen a comisiones y que los diputados que lo deseen lo acompañen a preguntarle directamente a la gente en la comunidad donde se encontraba el edificio preescolar.
La solicitud del perredista se sometió a votación de manera económica, pero fue desechada por mayoría. Así pues, se procedió a levantar los sufragios sobre el dictamen, que obtuvo aprobación mayoritaria con 21 votos, la negativa de tres diputados y la abstención de un representante popular.
Asimismo, fue aprobado por unanimidad el dictamen de la Comisión de Vigilancia que contiene la solicitud que turnó la Sefirecucon el propósito de ejercer actos de dominio en su modalidad de donación respecto de un predio propiedad del Instituto de Educación de Aguascalientes, a favor del Municipio de Aguascalientes, ubicado en el Fraccionamiento Lomas del Ajedrez.
Asimismo, el pleno se pronunció mayoritariamente (con una abstención) por la afirmativa respecto al dictamen que emitió la Comisión de Vigilancia y que resuelve la solicitud, que presentó la Sefirecu en representación del titular del Ejecutivo Estatal, con el objeto de ejercer actos de dominio en su modalidad de donación respecto de un predio propiedad de Gobierno del Estado a favor de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, el cual será destinado para la creación de un Centro de Capacitación Corporativo Alamo College y el Centro de Manufactura Avanzada.
Enseguida fue aprobado por mayoría (abstenciones de Gilberto Gutiérrez y Anayeli Muñoz) el punto de acuerdo que propuso Adolfo Suárez Ramírez, mediante el cual exhorta al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que declare como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado, la Feria de los Chicahuales del municipio de Jesús María, al ser una verbena veraniega que conlleva historia que mezcla tradiciones indígenas y españolas. Suárez Ramírez afirmó que es una tradición que trasciende más de 200 años, al ser una de las festividades más importantes de la demarcación municipal, por lo que pidió a sus homólogos apoyar su propuesta la cual va en beneficio de aquella población.
En otro punto del orden del día, la unanimidad de los diputados en el pleno avaló el dictamen que resuelve la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, presentada por el gobernador Lozano de la Torre.
Con la modificación, se establecen mecanismos para que los servidores públicos afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (Isssspea) obtengan más y mejores prestaciones de seguridad social. Además de ajustes a la estructura orgánica del Isssspea para una mayor eficiencia administrativa, el trabajador de la administración pública podrá acceder a un mayor monto de crédito hipotecarios, con la cantidad de hasta un millón de pesos, aumentando el porcentaje a financiar del 75 al 85 por ciento del valor comercial de la finca o lote; también se extiende el plazo para pagar el capital e intereses de tales préstamos, pasando de 15 años a 20 años máximo; modificándose la limitación para obtener un solo préstamo, pudiendo obtener un segundo financiamiento, una vez que hayan cubierto el primero. Verónica Sánchez Alejandre, después de leer el dictamen, hizo mención de que el Isssspea es una de las pocas entidades de seguridad social que se encuentra sana financieramente a nivel nacional, por lo que celebró la propuesta vertida. Oswaldo Rodríguez expresó desde su lugar que “son miles y miles de trabajadores los que tendrán grandes beneficios, lo cual se extiende, ya que gracias a este tipo de iniciativas, serán muchas las familias que tendrán una mejor calidad de vida”. El dictamen tuvo la aprobación de los legisladores presentes en el salón Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, con la negativa de las diputadas Martha Márquez y Sylvia Garfias.
Ulises Ruiz Esparza de Alba propuso modificar el artículo 24 Bis de la Ley del Isssspea, con el objeto de que acotar los requisitos para la adquisición de un crédito hipotecario y evitar con ello “poner una camisa de fuerza o darle manga ancha al gobierno”. La propuesta en mención fue rechazada por la mayoría de los diputados con 17 votos en contra y ocho a favor.
Acto seguido, fueron resueltos en sentido negativo varios dictámenes que por acuerdo de la Comisión de Gobierno se sometieron a la consideración del Pleno legislativo; entre ellos, iniciativas que pretendían reformar la Constitución Política del Estado, la Ley de Seguridad Pública, entre otros ordenamiento, empero todos los planteamientos ya se encuentran sustentados en el marco jurídico vigente.
Con información del Congreso del Estado
