Los problemas formales de la democracia política se derivan en sentido estricto de los problemas reales de la sociedad y de la economía, es decir de la naturaleza objetiva de las contradicciones de la sociedad nacional y de la sociedad global: la injusticia social. Explicado a la manera de Reyes Heroles, “no puede haber libertad política en medio de las enormes desigualdades económicas y sociales; pero tampoco puede haber bienestar económico y social sin libertades ni democracia”. (Jesús Reyes Heroles, Discursos políticos, 1972-1975, CEN PRI)
La política pierde sentido para la vida cotidiana de los ciudadanos, cuando algo falla en la capacidad de gobernar para hacer frente a los poderes fácticos y a los desafíos del crecimiento, empleos de calidad y “sin consensos mínimos para producir políticas estructurales en pro de la igualdad y la inclusión”, resultado de la sujeción, sin autonomía, a la globalización. “… Es la fragmentación de la sociedad como hogar público. Varios factores apuntan en esa dirección: fuerzas económicas y comunicaciones trasnacionales, poderes fácticos externos e internos, la desigualdad que amenaza en convertirnos en dos o más “sociedades” extrañas las unas de las otras, la exclusión de amplios sectores sociales, el debilitamiento del Estado como referente de unidad y la pérdida de la dimensión pública de la política como forma de convivencia colectiva y la desvalorización de la vida en común”. (Federico Vázquez Calero, México en el espejo latinoamericano, en Democracia/Estado/Ciudadanía, PNUD, Serie Contribuciones al Debate, Volumen II, 2008)
Desde la inserción al modelo anglosajón y liberal de la globalización, el dilema ha radicado entre “controlar las consecuencias negativas o adaptarse pasivamente y hasta celebrar todas sus consecuencias”. Y no es la cuestión del rechazo per se a la globalización (abrirse al mundo es verdaderamente positivo. La crítica radica en la forma incondicional de insertarse en ella, así como la sujeción del liberalismo político a las reglas del liberalismo económico), sino de la adaptación institucional para regular y reorientar la globalización hacia el bien público de la población, para que “el desmantelamiento del Estado” no conlleve su debilitamiento y hasta depredación sino crear las capacidades necesarias para “ser un inteligente filtro de la globalización”. (Guillermo O’Donell, Hacia un Estado de y para la democracia, en Democracia/Estado/Ciudadanía, PNUD, Serie Contribuciones al Debate, Volumen II, 2008). Esto es, añadimos: Pensar en el pueblo; modernizarse sin negarse; adaptarse sin nulificarse; abrirse al mundo afirmando ser y destino.
La percepción general, es que la democracia, como tal, como alternancia y como competencia electoral, no ha servido para resolver o al menos abordar satisfactoriamente los problemas sociales, económicos y culturales, los cuales son los que interesan realmente a la ciudadanía. En relación a la política, la idea generalizada es que se trata de minorías, de conflictos, de mentiras y de corrupción, alejadas por completo de las necesidades de la gente. En ese contexto, ni política ni democracia ni partidos provocan el interés ciudadano, o escasamente. Es ya lugar común la referencia a encuestas que revelan que sólo alrededor del 20 por ciento de los ciudadanos admiten algún grado de atención por los asuntos políticos. Lo cual es confirmado por la constante del alto abstencionismo o la nulificación deliberada del voto.
De otra parte, esta situación no ha surgido ni espontánea ni casualmente. Hay causas y razones que lo explican. Se nos presentan, de manera evidente, dos fenómenos significativos, aunque no únicos: 1) la desarticulación de las organizaciones colectivas de las clases trabajadoras y medias, y 2) la sujeción de la democracia a los intereses económicos dominantes.
Así, el Estado liberal, sin capacidad de interlocución ni métodos de consenso, tiene pocos aliados y carece del soporte de la sociedad en general. Está a merced del sufragio volátil, la irritación popular y el huidizo oportunismo de los especuladores financieros.
El presidente del partido convoca a la militancia a “encabezar el debate, dialogar de frente, escuchar y ser escuchados, demostrar que nuestras ideas son claras, son buenas y son convincentes. Construir juntos un país honesto, transparente y justo. Para lograrlo, tenemos que retomar la confianza en nosotros mismos”. Con ello advierte que la cuestión no se refiere a una propuesta de partido, tema responsabilidad del priismo, sino a una propuesta de República, responsabilidad de toda la sociedad nacional.
También Ochoa Reza apela a los militantes: “impulsados por una genuina actitud autocrítica demos comienzo a esta nueva etapa en la vida del PRI. Analicemos con serenidad, pero sin demoras, con un sentido de análisis riguroso cuáles fueron los errores, las prácticas negativas y las omisiones que propiciaron para nosotros las derrotas electorales del pasado 5 de junio. No cerremos los ojos, estamos a tiempo de rectificar”. En efecto, “está a prueba nuestra capacidad de concebir y proponer soluciones democráticas. Soluciones democráticas para dignificar la política y para conectar de nuevo con los ciudadanos”.
Estamos ante una nueva realidad política en cuyo seno bullen conflictos sociales no resueltos: aumento del número de pobres y de la intensidad de la pobreza (39% de la población en pobreza y 12% en indigencia, Cepal); concentración del ingreso más alta de Latinoamérica (“el rendimiento real de la riqueza de 4 mexicanos es alrededor de un tercio del ingreso acumulado por casi 20 millones de mexicanos”, OXFAM México); exclusión y marginación; suben los índices de empleo (2 millones de nuevos empleos formales de diciembre de 2012 a la fecha, IMSS), pero también del subempleo y crece la precariedad laboral, principalmente en la población joven (siete de cada 10 jóvenes con bachillerato concluido se encuentran en el subempleo, y se ocupan en tareas en las que la educación media superior no es indispensable).
La disminución en el nivel y en la calidad de vida se refleja en diversas variables. Si bien se incrementa la cobertura en educación y salud (actualmente 34 millones de niños y jóvenes estudian en algún nivel educativo, SEP; la afiliación al Seguro Popular ha aumentado de 5 millones en 2004 a cerca de 50 millones de personas en 2014, Coneval) la deficiente calidad de los servicios no otorga una cobertura efectiva y servicios públicos de alta calidad, lo que obliga a construir un sistema educativo y un sistema de salud más equitativos, eficientes y sostenibles.
Prevalecen requerimientos insatisfechos de productividad y competitividad (México es la 11° economía mundial y se ubica en la posición 57 del índice de competitividad global, IMCO; únicamente 1.5 por ciento de los jóvenes de 20 a 29 años logran convertirse en empleadores y tener un negocio propio, INEGI); un virtual estancamiento económico (el PIB nacional ha crecido por cuatro años de manera sostenida en 2%, sin embargo el rezago acumulado en la década pasada no ha sido superado); la existencia de un poder criminal que abiertamente reta el monopolio técnico-militar del Estado (en una década el secuestro se disparó más de 400%; los homicidios dolosos se han disparado desde 2007 hasta llegar a su máximo histórico en 2011, en los últimos años el delito inicia su disminución de 25 a 16 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, SSP); inoperancia del sufragio como instrumento de mediación y consenso político, ante la desconfianza en las autoridades electorales y en los partidos políticos (en 2002, 63% de los ciudadanos mexicanos creían que la democracia era el sistema preferible de gobierno, en 2015, únicamente 48% compartió esa percepción, Latinobarómetro), así como en la variable eficacia funcional del gobierno; y constantes manifestaciones de inconformidad que rayan en la sublevación civil, que son o ignoradas o reprimidas de diversas maneras.
Contrastan con este escenario importantes avances registrados en el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. En menos de cuatro años se han creado más de dos millones de empleos, cuatro veces más que en los dos sexenios anteriores juntos. La economía ha crecido en 2.1 por ciento anual en promedio, al mayor ritmo sostenido registrado en este siglo, con la inflación más baja, crecimiento del 50 por ciento de exportaciones manufactureras, la inversión extranjera directa está en un máximo histórico, pasamos de la posición 15 a la 9 en el ranking mundial de turismo, entre otros resultados que se traducen en empleo y crecimiento.
Sin embargo, los logros positivos que ha alcanzado la presente administración del Gobierno de la República, no son suficientes para revertir el deterioro del poder adquisitivo de las familias acumulado en décadas. El problema central es que el sistema económico global no ha sabido superar sus propios desafíos, como algunos suponían. El crecimiento económico de las naciones no se ha derramado a las capas sociales inferiores, tampoco se ha aumentado el bienestar ni reducido la desigualdad; ha ocurrido lo contrario. Antes de entrar en un ciclo de espirales inflacionarias derivadas de la emisión de dinero sin sustento y el aumento salarial por decreto -fenómeno que se agudizó en la década de los 80-, en el año 1970 el salario alcanzó su mayor poder adquisitivo en la historia del país. Actualmente el poder de compra del salario mínimo es equivalente tan sólo al 30% con relación al de hace 46 años. Es decir, si el salario mínimo diario de 1970 permitía adquirir 10 kilogramos de arroz, en 2016 sólo puede comprar 3 kg. El salario en México ha perdido el 70% de su poder adquisitivo real en menos de cincuenta años.
Consecuentemente, el desafío central es contrarrestar las desigualdades y la negación de los derechos de ciudadanía, como consecuencia de las políticas que han privilegiado el mercado por encima de la sociedad y del Estado, lo cual da lugar a un déficit de credibilidad a las instituciones y explica, al menos en parte, la crisis de la política y de la representación. La responsabilidad histórica es hacer posible el tránsito hacia un régimen democrático, para lo cual es necesario construir el Estado necesario para sostener y expandir los derechos humanos universales.
