Algunas notas en torno a los retos del PRI 3/5

Convencido estoy que la vigencia y renovación del PRI es un problema, para empezar, de identidad (de lo cual debe derivarse de manera consecuente el proyecto estratégico, las nuevas formas de organización y de persuasión política), porque, al amparo de la institucionalización de la Revolución Mexicana, se puso en práctica un modelo económico, cultural y político cuyos ejes eran el nacionalismo y una forma latinoamericana de Estado benefactor. El éxito y las contradicciones de este esquema se tradujeron, si bien en un México modernizado, en resultados contrastantes: evidentes desequilibrios sociales y regionales, alta concentración del ingreso y déficit en la calidad de la democracia, la clase empresarial decidida más que a influir, a determinar el papel y las decisiones del Estado, una emergente clase media que demandaba nuevas formas de participación política y de inserción en la vida social, así como clases populares mayoritarias con muchas demandas insatisfechas.

Entonces se requería, como lo es hoy en día con mayor urgencia, un Partido que, ostentándose como el portador ideológico y orgánico de ese proyecto de la Revolución Mexicana, fuese capaz de ser congruente con esa herencia histórica y, a la vez, impulsar con audacia nuevos esquemas de desarrollo económico, social y cultural, sustentados en formas más abiertas de democracia. El dilema, entonces, radica en que el PRI, al no cambiar, puede caer en el anacronismo; pero, acaso más grave, si el PRI cambia respondiendo a valores y designios que no son los nuestros, dejará de ser lo que ha sido (o lo que ha pretendido ser: Partido Revolucionario, bajo el lema de justicia social). En una y otra opción, el peligro es el de la desintegración porque, en cualquier caso, su identidad no corresponde ni a su proyecto ni a lo que el pueblo demanda.

Con la globalización liberal, el trabajo dejó de ser el eje articulador de la vida política. Su lugar lo ocupa una abstracción que se llama mercado y se reproduce en la ilusión del ciudadano independiente, que se percibe al margen de su naturaleza de trabajador, pese a que se inserta en la sociedad precisamente a que construye su vida con su trabajo, con el producto de su trabajo, no del trabajo de otros. Esta escisión entre su carácter laboral y productivo, y su condición ciudadana, forja no sólo un nuevo imaginario político sino además una nueva dialéctica en las relaciones sociales, crea un complejo atomizado de intereses individuales, privados, minimalistas y contrapuestos, porque no son asumidos como una situación colectiva y, por ello, sin visión histórica ni comprensión estratégica para su realización consecuente.

El PRI claramente se ostentaba como una alianza de trabajadores del campo y de la ciudad, de la industria y de los servicios, incluidos los de la educación, la cultura, la salud y la ciencia. Partido revolucionario por el origen, el movimiento social y político que arrancó en 1910, y además por la conformación y el proyecto. Éste último era totalizador en cuanto suponía que en seno y en su plataforma se incluía legítimamente a (casi) toda la sociedad nacional.

La disyuntiva para asumir una nueva identidad se volvió crítica por la irrupción de la globalización, en una fase del capitalismo avanzado y de reconversión del Estado de Bienestar hacia el regreso del Estado liberal. Proceso impulsado por las innovaciones tecnológicas que se caracterizaron principalmente por la modificación en la organización de la producción industrial y el comercio mundial, caracterizado por dos factores esenciales: 1) el cambio en la correlación capital-trabajo y 2) la hegemonía del intercambio y la especulación financiera no sólo por encima sino, más aún, al margen, de la estructura industrial y comercial.

Concluido el ciclo histórico de la Revolución Mexicana, acabado el reparto agrario pero sin política social en el campo, contenido el movimiento obrero y frenado todo movimiento social reivindicatorio, ¿qué representa ahora el PRI?, ¿a cuáles campesinos, obreros, trabajadores intelectuales, a cuáles segmentos de las clases medias populares? ¿A cuáles mujeres y jóvenes? ¿Cuál es ese partido del siglo 21 que hemos de construir juntos?

De ahí nuestro énfasis en que la cuestión crucial del Partido, para su eficaz reforma, es de identidad y de proyecto estratégico: ¿a quiénes aglutinamos, cómo los integramos y para cuál proyecto social, político, económico y cultural? Ante todo, esa es la tarea que no hemos emprendido y todavía está pendiente, luego de lustros.

El rezago del PRI para dar respuesta a demandas sociales que se venían gestando desde la década de los sesenta e incluso antes, fue consecuencia de que el Estado mismo se vio inmerso en una crisis de desempeño político, ideológico y cultural, por las ostensibles diferencias y los contrastes entre la realidad nacional, por un lado, la percepción que los mexicanos se formaron de esta realidad y la manifiesta incapacidad de un Estado que había agotado sus recursos para articular consensos y soluciones. La crisis financiera del Estado nacional-revolucionario y del modelo económico intervencionista, repercutió en crisis del Partido en lo ideológico, lo orgánico y lo electoral; situación no resuelta en el nuevo modelo neoliberal.

Estos temas esenciales, evidencian modos de consenso político-electoral al margen de partidos, sindicatos e instancias intermedias debido a que ya no existen, al menos por ahora, identidades sociales duraderas y, en cambio, el electorado es una masa ciudadana en permanente reagrupación.

La desarticulación política impide la resolución de los conflictos. El Estado mismo no siempre es capaz (en nuestro país como en muchos otros, según podemos observar en movimientos como los “occupy”, “indignados”, las frecuentes protestas populares en Latinoamérica, Europa e incluso en varios estados de la Unión Americana), de zanjar las divisiones y los desequilibrios sociales y económicos. Por ello, el ciudadano no cree en la política ni en los partidos. Éstos, a los ojos de los ciudadanos desclasados, no representan soluciones.

Es la evidencia de la paradoja de repudiar lo político como manera de enfatizar el rechazo a una condición de vida que surge de la entraña misma de la economía. Es decir, no se condena al modelo económico, generador de los conflictos y las desigualdades, sino al régimen político, incapaz de contener o modificar la lógica del mercado, cuya ética mercantil es hoy por hoy el eje de la ética social.

Es la desvinculación de dos realidades: la de la producción y el consumo, y la de la exclusión y la subsistencia. Es la aparente desconexión entre economía y política; entre estado y mercado; entre justicia y concentración del ingreso. Acaso por estas razones, pese a los logros del actual gobierno de la República, como destaca el Presidente del CEN, muy superiores a los de las dos administraciones previas, no llegan a todas las familias ni al bolsillo de todos los ciudadanos las positivas consecuencias de las reformas estructurales. No sólo es comunicación eficaz sino de efectos tangibles en el nivel y condiciones de vida de la población.

Por otra parte, los partidos ya no forjan candidaturas ni ganan elecciones. Las candidaturas se hacen fuera de los partidos, particularmente en los medios, con modalidades similares al del efímero estrellato de los espectáculos. Y las elecciones, en consecuencia, se ganan o se pierden en función de la imagen o la esperanza que el volátil electorado se hace de los candidatos, más que la propuesta de los partidos.

Es pertinente aclarar que el reclamo al capitalismo salvaje no significa en modo alguno optar por el populismo irresponsable, así como es impensable regresar al viejo modelo de sustitución de importaciones y economía cerrada, o al régimen corporativo. Por el contrario, el sistema de políticas públicas deberá tener un sentido reivindicatorio de la convergencia ciudadana, es decir, la sociedad políticamente organizada habrá de constituirse en la visión de Estado del siglo 21; no estancarnos en un mercado para consumidores sino forjar un Estado para el ejercicio de los derechos ciudadanos. Políticas públicas de alcance social y popular con criterios de racionalidad y sustentabilidad, nunca propuestas frívolas y efímeras. Ecónoma de mercado pero sociedad y Estado democrático para la justicia social.